Vicepresidencia Técnica

• La baja dinámica de la construcción con destino residencial en el segmento de vivienda
No VIS, que deterioró el crecimiento del valor agregado de la construcción en el PIB del
primer trimestre de 2019, podría estar relacionada con el comportamiento del consumidor
de vivienda en el país. Las características de las viviendas y las necesidades y
condiciones económicas, sociales y demográficas del hogar son factores que, en buena
medida, están determinando quiénes están adquiriendo vivienda en Colombia y qué
producto están decidiendo adquirir.

• La conformación de los hogares es una de las claves o, por lo menos, uno de los
factores para comprender la dinámica, resultados y capacidad de absorción de las
unidades habitaciones en inventario para el segmento No Vis. Las cifras del Censo 2018,
presentadas por el DANE el pasado 4 de julio, ratifican la disminución progresiva en el
número de integrantes de los hogares colombianos.

• En materia de financiación de vivienda, el Estudio de demanda de compradores de
vivienda nueva en el 2018 permite concluir que los consumidores no perciben la
existencia de obstáculos para acceder a los recursos complementarios que requieren
para financiar la adquisición de su vivienda a través del sector bancario formal. Aunque
consideraron la compra de vivienda usada, los compradores optaron por vivienda nueva
gracias a la posibilidad de ahorrar progresivamente la cuota inicial y, finalmente,
completar los recursos con financiación por plazos no mayores a 25 años.

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• Entre 1994 y 2018, el país ha adoptado reformas tributarias tendientes a aumentar los ingresos
totales del GNC como proporción del PIB, siendo la más reciente la Ley de Financiamiento de 2018.
Adicionalmente, se han impuesto controles al crecimiento del gasto público por medio de leyes que
restringieron el endeudamiento territorial, cambiaron el cálculo de las asignaciones del Sistema
General de Participaciones (SGP), modificaron el sistema pensional y fijaron topes al déficit que el
GNC podría tener cada año. Gracias a estas políticas, el país ha logrado conservar su credibilidad
en los mercados internacionales y preservar el grado de inversión.

• No obstante, ante el panorama de mayores rigideces del gasto público y de estancamiento en la
generación de ingresos del GNC, se ha hecho necesario revisar la estrategia de cumplimiento de las
metas fiscales para la vigencia 2019-2030. En este sentido, el gobierno presentó el Marco Fiscal de
Mediano Plazo (MFMP) de 2019, cuyo propósito es promover la sostenibilidad fiscal, aspecto
fundamental para conservar el apetito por la inversión extranjera, reducir el costo del
endeudamiento externo y mantener la estabilidad macroeconómica del país.

• El MFMP plantea un crecimiento de los ingresos totales explicado por el aumento del recaudo
tributario, debido a la Ley de Financiamiento sancionada en 2018, y por los ingresos de capital
impulsados por las posibles enajenaciones de activos del Estado. Por el lado del gasto, el Gobierno
espera efectuar recortes en los gastos corrientes (funcionamiento e inversión) e intereses que
generarían un ahorro sustancial en el gasto total del GNC como porcentaje del PIB. Lo anterior
permitiría al Gobierno cumplir con holgura la meta de déficit propuesta por la Regla Fiscal para
2019.

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• El sector financiero es un pilar de crecimiento económico y desarrollo social en Colombia. Según
la última publicación del DANE, el PIB de esta rama de actividad creció en el primer trimestre 5,5%
real anual, 2,7 puntos porcentuales por encima del promedio de la economía. De hecho, el sector
completa doce años creciendo por encima del PIB total. Sus aportes en materia de crecimiento,
generación de empleo, y facilidad de acceso al financiamiento formal han sido resultado del arduo
trabajo durante los últimos lustros.

• No obstante, el sector cuenta con una mala imagen por cuenta de erróneas creencias que han
ganado fuerza en la opinión pública. Esta lamentable impopularidad del sector ha permitido arraigar
en el imaginario colectivo una visión imprecisa de su trabajo, aporte y compromiso con el desarrollo
y bienestar de los colombianos. Desmentir estos mitos a la luz de las cifras y los resultados es
imperativo para incrementar la confianza de los colombianos en las entidades financieras.

• El sector bancario ha realizado una importante inversión para ofrecer productos de la más alta
calidad. Aunque cada día más colombianos se incluyen en el sistema financiero, existe una
percepción de que el sistema bancario colombiano es uno de más costosos de la región,
desconociendo que Colombia se ubica como uno de los países con mayores productos a bajo
costo. Análisis comparativos de los costos de los principales servicios bancarios entre países de la
región evidencian que Colombia se ubica por debajo del promedio de América Latina.

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• Actualmente, en Colombia para que una transacción se vea reflejada como
movimiento en la cuenta del beneficiario final, el proceso puede tardar varias horas o días
dependiendo de los acuerdos de servicio existentes entre las entidades financieras.

• El sector financiero colombiano viene realizando una serie de mejoras regulatorias
para implementar las transferencias inmediatas entre distintas entidades financieras
vigiladas y reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, incluyendo a las
Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE).

• Los modelos de transferencias inmediatas se enfocan en mejorar el tiempo de la
transacción, por lo que deben contar con una infraestructura suficiente para garantizar
una alta disponibilidad, un bajo nivel de complejidad, un reducido costo y generar
confirmaciones casi instantáneas.

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• De acuerdo con información del Registro Único Empresarial de Confecámaras, en el país
existían aproximadamente 1,6 millones de empresas en 2018. Cerca del 92% de ellas
correspondía al segmento microempresarial, mientras que alrededor de 6% eran pequeñas y
un 1,5% medianas. Por su parte, las grandes firmas solo representaban un 0,5% del total del
tejido empresarial.

• Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) tienen un peso importante en el
aparato productivo nacional al aportar gran parte de la generación de empleo del país (según
cálculos de ANIF tal contribución asciende a niveles del 81%), condición que se comparte con
el escenario empresarial en algunos países de América Latina. Tal condición explica la
pertinencia de fomentar el financiamiento de este tipo de empresas para la economía nacional.

• La inclusión financiera empresarial ha tenido una tendencia creciente en los últimos años
en Colombia. En efecto, el número de firmas con al menos un producto financiero pasó de
más de 680.000 en 2014 a cerca de 950.000 en 2018, un aumento de 9,0% promedio anual.

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• El país debe conocer el decidido aporte del sector financiero al crecimiento de la nación,
representado en la generación de valor agregado y empleo formal, en la financiación del sector
real y proyectos de infraestructura, y en el manejo eficiente de las finanzas públicas. En la última
década el crecimiento promedio anual del sector financiero fue de 6,6%, casi doblando la tasa de
crecimiento del PIB nacional durante el mismo periodo, que alcanzó el 3,5%; esto nos convirtió
en la más potente locomotora relativa a nuestro tamaño.

• Vemos con preocupación que desde algunos sectores se viene impulsando un discurso que
socava principios básicos de la economía de libre mercado, como lo son la renta y los costos de
productos y servicios. Esto se convierte en una amenaza para la empresa privada, pero
especialmente para el sector financiero, el que, a pesar de ser de lejos el más regulado
prudencialmente, se ha convertido en el blanco preferido de reiterados ataques. Muy
posiblemente, hemos fallado en lograr explicarle a la opinión que nuestros buenos balances son
buenas noticias para el país, o que nuestros activos no son la riqueza de unos pocos, sino el
ahorro del público y el patrimonio de decenas de miles de pequeños accionistas.

• Somos conscientes de los grandes retos que tendremos que afrontar en la próxima década, no
solo como sector, sino como país. La informalidad y el sobreuso del efectivo nos han impedido
intermediar mejor los recursos del público. Es nuestro deber hacer frente a estos desafíos, así
como reducir la brecha del sector rural frente a la población urbana, en cuanto al acceso a los
productos y servicios de la banca. Creemos firmemente que la solución radica en implementar
una visión innovadora, que permita a los usuarios acceder a un ecosistema de pagos digitales,
en ambientes seguros, y acompañados de sistemas de aprendizaje en línea y en planteles
escolares.

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• Una buena reputación se constituye en un activo fundamental para toda empresa que
pretenda ser competitiva en el mercado. En una industria como la bancaria, donde en
todas las transacciones se basan en confianza, esta es aún más relevante. Pretender que
la reputación se construya por sí sola puede ser un error. Este activo requiere trabajo,
acciones específicas y sobretodo mucha constancia.

• No existe una metodología universal para medir el éxito o fracaso de las acciones
reputacionales. Sin embargo, existe una serie de pautas que ayudan en este proceso,
tales como la adecuada identificación de los grupos de interés, una ponderación de sus
pesos y el entendimiento de sus necesidades. Este último paso requiere de diálogos
francos con los stakeholders.

• Al analizar distintos índices nacionales e internacionales de reputación en la banca, se
encuentran marcadas diferencias tras la crisis de 2008: una rápida pero cortada
recuperación en Norteamérica, contrastada con un panorama complejo en Europa y un
crecimiento desbocado en Asia, impulsado por los avances en infraestructura y la solidez
internacional.

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• Los positivos resultados de la actividad económica colombiana en el 2018 permitían
pronosticar un mejor desempeño de la economía en 2019. No obstante, el inicio del año
ha sido menos positivo de lo esperado, particularmente en la dinámica de crecimiento del
valor agregado del sector de la construcción.

• Si bien el PIB de la construcción evidenció un mejor comportamiento en el segundo
semestre del 2018, lo que permitió culminar el año con un crecimiento del 0,8%, durante
el primer trimestre de 2019 presentó una contracción importante derivada de mal
desempeño del componente de edificaciones residenciales.

• En materia de financiación de vivienda, en el 2018 se observó un incremento en el
valor de los desembolsos de operaciones de financiación de viviendas (OFV), nuevas y
usadas, y un repunte en el saldo de la cartera de vivienda que superó los crecimientos de
las otras carteras del sector bancario, tendencias que han continuado en lo corrido del
2019. Igualmente, las preventas de vivienda registraron una mejoría en 2018 y en los
primeros meses de 2019.

• Se destaca la contribución de la ejecución de cerca del 100% de los programas de
otorgamiento de subsidios de vivienda del Gobierno Nacional, denominados Mi casa Ya –
Cuota inicial, Mi Casa Ya – Subsidio a la tasa (FRECH II) y el FRECH No VIS. Para los
resultados de la financiación de vivienda de interés social es fundamental la continuidad
de estos programas

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• El aumento de la productividad de las empresas facilita su consolidación exitosa en el
mercado, su subsistencia a mediano y largo plazo, así como el aumento de sus ingresos,
utilidades y tamaño, entre otros. Ello es así porque la productividad da cuenta de las
variaciones en la producción que no son explicadas por los cambios en el uso de los
insumos que tienen injerencia directa en la producción de las empresas.

• Los determinantes de la productividad se agrupan en internos y externos a la empresa,
los cuales tienen un impacto directo sobre su capacidad operativa, eficiencia y desarrollo.
Los determinantes internos se asemejan a “palancas” que los gerentes de las compañías
podrían “accionar” para impactar directamente en la eficiencia de su negocio, mientras
que los determinantes externos son elementos propios del mercado cuyo efecto puede
ser transitorio o permanente e influyen en los incentivos de los productores para la toma
de decisiones estratégicas.

• El financiamiento formal tiene efectos directos e indirectos en el crecimiento de la
productividad de las empresas, ya que facilita el uso eficiente del capital a nivel
económico agregado y en la inversión en proyectos de innovación, investigación y
desarrollo, así como en la adopción de nuevas tecnologías, entre otros. Por lo tanto, el
sector financiero desempeña un rol determinante en el impulso y apoyo a la consolidación
de las empresas en el mercado al canalizar eficientemente los recursos que dinamizan el
sector empresarial.

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• La falta de información positiva y negativa sobre los potenciales prestatarios de una entidad
que ofrece financiamiento es el principal obstáculo que existe para la ampliación del acceso al
crédito, dado que las entidades se enfrentan a una situación de incertidumbre respecto del
verdadero nivel de riesgo de impago que están asumiendo. De allí la importancia de contar
con un repositorio de información, completo y de calidad, que dé cuenta del comportamiento
crediticio de los consumidores financieros y permita reducir esta asimetría.

• El historial crediticio de las personas naturales y jurídicas se convierte en su activo ante
cualquier entidad crediticia tanto del sector real como financiero y, por ende, dicha información
se constituye en una garantía reputacional. Lo anterior cobra mayor relevancia en el caso de
los clientes de ingresos medios bajos y bajos que, según datos de Datacrédito Experian, al
corte diciembre de 2018 correspondían al 63,3% de las personas registradas en sus bases de
datos. Esta población no posee colaterales reales que les permitan soportar una operación
crediticia, por lo tanto, solo cuentan con el historial de su comportamiento de pago como
garantía para solicitar financiamiento.

• Actualmente cursa en el Congreso de la República el Proyecto de Ley (PL) No. 053 de
2018 que busca modificar y adicionar la Ley de Habeas Data 1266 de 2008. Entre sus
disposiciones se encuentran: (i) la reducción del tiempo de permanencia del reporte de moras
en las centrales de riesgo y la definición de un término de caducidad para la misma, así no se
hayan pagado las obligaciones, (ii) el establecimiento de la obligatoriedad de “notificar” (en vez
de “comunicar”) a los deudores antes de poder reportar el incumplimiento de cualquier
obligación y (iii) la determinación de un régimen de transición demasiado laxo.

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• En el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas se aprobó en el año 2016 la
Agenda 2030, la cual plantea 17 objetivos con 169 metas que contemplan, entre otras, la
adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta, promover justicia y
fortalecer las instituciones, buscando mejorar de esta forma la calidad de vida de las
generaciones futuras.

• Desde Asobancaria hemos buscado alinearnos a las tendencias y necesidades del
país, ejerciendo un liderazgo en el análisis e innovación de las actividades financieras y
en la integración de estas con las políticas económicas definidas por el Gobierno
Nacional. Así, de la mano con las entidades agremiadas, se busca impulsar el desarrollo
futuro del sector, asumiendo con responsabilidad el papel que le corresponde en la
sociedad.

• Desde el año 2014 hemos venido realizando un esfuerzo para evidenciar el trabajo
que realizan las entidades financieras en estos temas a través de nuestro informe de
sostenibilidad “Acercando la Banca a los colombianos”, en el cual se han priorizado los
asuntos relevantes para nuestros grupos de interés. A partir del año 2015 iniciamos un
ejercicio de homologación de los indicadores de los asuntos materiales con los ODS, con
el fin de definir cuáles de los objetivos representan un mayor riesgo y en cuales una
mayor oportunidad. Este ejercicio, sin duda, sirve como direccionador para que el sector
determine sus estrategias de sostenibilidad de forma que estas contribuyan en mayor
medida al logro de la Agenda 2030.

• Hemos definido como gremio que los contenidos propuestos en la estructura del
informe 2018 estén alineados con los objetivos misionales de Asobancaria:
competitividad, confianza y sostenibilidad. Cada uno de estos objetivos misionales
responde a una dimensión de la sostenibilidad: la económica, la social y la ambiental, de
tal manera que se integre al aporte de la agenda 2030, fortaleciendo así la estrategia de
sostenibilidad del gremio.

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• La Primera Misión del Mercado de Capitales, realizada en 1995, reconoció la importancia
de la estabilidad macroeconómica como motor de desarrollo del mercado, el papel
fundamental de la creación de los fondos de inversión para la dinamización de la demanda, la
debilidad en la oferta de títulos debido a la complejidad de las emisiones, las trabas
regulatorias y la baja diversificación de instrumentos. Sin duda, las reflexiones y conclusiones
de la primera Misión constituyeron una auténtica hoja de ruta para la evolución del mercado de
capitales, ya que sus recomendaciones condujeron a los desarrollos normativos y tecnológicos
con los que contamos actualmente.

• Paralelamente al desarrollo interno, a nivel regional se han dado iniciativas en línea con el
progreso del mercado de capitales. El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) fue creado
en el 2009 con el fin de configurar un espacio regional para la negociación de títulos de renta
variable. No obstante, aún persisten barreras que impiden el desarrollo integral del mercado
local. Actualmente, Colombia se encuentra por debajo de los referentes regionales en
términos de profundidad financiera. Mientras el mercado de deuda pública ha mostrado
avances, los mercados de renta fija privada y de renta variable han revelado un estancamiento
en el periodo reciente.

• El pasado 15 de noviembre de 2018 se lanzó la Segunda Misión del Mercado de Capitales.
En el marco de esta misión, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación
Financiera (URF) organizó tres talleres de discusión con el propósito de hacer un diagnóstico
de la situación actual del mercado. Desde Asobancaria consideramos relevantes dichos
encuentros y aportamos propuestas puntuales en términos de educación financiera, oferta,
demanda y estructura e infraestructura del mercado.

• Como resultado de los talleres, se concluyó la necesidad de: (i) revisar el régimen de
inversiones; (ii) crear programas de educación financiera que permitan capacitar al público y
facilitar la vinculación electrónica de clientes; (iii) liberalizar la oferta de productos, permitir la
asesoría de agentes independientes y simplificar la regulación para aumentar la vinculación;
(iv) simplificar el proceso de emisión, actualizar el régimen jurídico de las sociedades y ofrecer
beneficios tributarios a nuevos emisores e inversores; (v) eliminar barreras regulatorias que
incentiven la entrada de administradores de portafolio y resuelvan los conflictos de interés de
los conglomerados financieros, y (vi) unificar la infraestructura, simplificar el marco normativo y
centralizar la información, entre otros.

• Desde Asobancaria reiteramos que la banca ha trabajado por el crecimiento, profundización
y fortalecimiento de los mercados. Como sector, una vez la Misión concluya, impulsaremos
conjuntamente con el Gobierno las iniciativas y proyectos que busquen su materialización. Un
mercado de capitales más sólido, profundo y eficiente traerá muchos beneficios a todos los
colombianos y en esa línea debemos sumarnos.

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• El sector financiero ha trabajado constantemente para garantizar mayores niveles de innovación en la oferta de productos y servicios. Actualmente, la industria ofrece billeteras móviles, las cuales cada día tienen una gama mayor de transacciones habilitadas y apuntan en el futuro cercano a contar con una interoperabilidad en su funcionamiento. Además, se han liderado iniciativas como el Finnlab y Fintechgración, las cuales apuntan en la misma dirección.

• La innovación en la oferta de productos y servicio ha venido acompañada de un proceso masivo de inclusión que ha permitido el ingreso de un mayor número de colombianos al sector financiero. En efecto, cerca de 13 millones de colombianos se han bancarizado en los últimos diez años, con lo cual el indicador de inclusión financiera se situó en 81% a finales de 2018.

• A nivel de cobertura de las entidades financieras, hemos alcanzado presencia en el 100% de los municipios de Colombia, bien sea a través de corresponsales bancarios o de oficinas.

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