diciembre 2014

Durante la última década, Colombia ha presentado importantes avances en temas de inclusión financiera gracias al trabajo conjunto del sector bancario y el Gobierno Nacional. El índice de bancarización, medido como el número de adultos que tienen al menos un producto financiero, ha crecido a tasas superiores al 6% durante los últimos tres años. Lo cual se tradujo en un aumento de dicho indicador en más de diez puntos porcentuales, situándolo en 71.2% a junio de 2014; a esta misma fecha, el 33.4% de la población adulta tenía al menos un crédito; y existe presencia del sistema financiero en el 100% de los municipios del territorio nacional, por medio de oficinas o corresponsales bancarios.

Uno de los factores determinantes en la efectividad de las políticas de inclusión ha sido la reducción en las asimetrías de la información. Este se ha manifestado a través del acceso a los servicios financieros, la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad en el país. La naturaleza de la actividad bancaria depende significativamente de un adecuado conocimiento del cliente financiero y en la medida que se tenga información de calidad, se garantiza una mejor administración del riesgo de crédito; lo cual incentiva la colocación de cartera y la reducción de exigencias como colaterales o codeudores para el otorgamiento de préstamos.

En la actualidad, existen varios Proyectos de Ley que están cursando su trámite legislativo en el Congreso y tienen como objetivo modificar el manejo de la información financiera y crediticia. En particular, se destaca el Proyecto de Ley N°90 de la Cámara que busca modificar la Ley Estatutaria 1266 de 2008, en relación con el Hábeas Data, en el cual se propone reducir del término de permanencia de la información en los bancos de datos, eliminar de las centrales de riesgo a los deudores morosos cuyas obligaciones sean inferiores a un salario mínimo y establecer un régimen de amnistía para los titulares de la información reportada, entre otras disposiciones.

Si bien este tipo de normativas se soportan en el mejoramiento del derecho de Habeas Data, se debe tener en cuenta que la información disponible y el tiempo de permanencia en las Centrales de Información permiten mejorar los modelos de riesgo en las entidades, incentivando la inclusión financiera y no obstaculizándola. De hecho, varias de estas disposiciones podrían tener efectos adversos sobre la economía e irían en contravía de las metas del Gobierno Nacional en tanto que (i) se aumentarían las tasas de interés frente a una mayor incertidumbre por el desconocimiento del comportamiento crediticio del cliente y existirían mayores costos asociados a su seguimiento; (ii) se generarían problemas en la estabilidad del sistema financiero debido a los deterioros en la cartera de crédito; (iii) se desmejoraría el clima de los negocios reduciendo los niveles de inversión extranjera; entre otros.

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Al finalizar este año se recibieron varias noticias positivas que reflejan los importantes avances logrados por la banca en los últimos años. Colombia obtuvo el puesto 34 entre 189 economías en el índice Doing Business 2015, elaborado por el Banco Mundial para medir la facilidad para realizar negocios, ocupando el mejor lugar entre los países de América Latina y el Caribe. Esto representa un ascenso de 19 posiciones respecto de 2014, alcanzado en virtud de la mejora en el acceso al crédito con la expedición de la Ley de Garantías Mobiliarias. Por su parte, el Microscopio Global 2014, elaborado por The Economist Intelligence Unit, clasificó a Colombia en el segundo puesto en materia de favorabilidad del entorno para la inclusión financiera entre 55 economías emergentes, superado solo por Perú.

Si bien los distintos indicadores lucen alentadores, el país está lejos de acatar las recomendaciones mencionadas en la Hoja de Ruta de Colombia para el ingreso a la OECD en torno a alcanzar este objetivo, tales como la eliminación de los controles a las tasas de interés, del impuesto del cuatro por mil y de la obligación impuesta a la banca privada de financiar a FINAGRO.

No obstante, en vez de avanzar hacia el logro de estas recomendaciones, la reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República va en contravía de los esfuerzos alcanzados e incluso de la misma estrategia nacional de inclusión financiera. En efecto, tres de sus artículos además de constituir un duro golpe a la bancarización en Colombia, estimulan la marcada preferencia por el efectivo imperante en el país, lo cual genera altos costos para la sociedad al favorecer las actividades delictivas, la evasión tributaria y la expansión de la economía subterránea.

El primero es la prolongación del gravamen a los movimientos financieros por cuatro años más, impuesto que es anti técnico y tiene un efecto perverso sobre la economía formal. El segundo es la postergación de la entrada en vigencia hasta 2019 de la norma que busca limitar el reconocimiento fiscal de los pagos que realicen los contribuyentes (costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables), a aquellos que se efectúen con medios de pago diferentes del efectivo. El tercero es la eliminación de la devolución de los dos puntos de IVA para los pagos con tarjetas de crédito y débito o por medio de la banca móvil, una medida que ha sido un referente mundial, en particular en Latinoamérica, y que beneficia a millones de personas.

Así las cosas, si bien la industria financiera ha logrado grandes avances en los últimos años, los cuales son ampliamente reconocidos por expertos nacionales e internacionales en la materia, es preciso que los esfuerzos en este sentido se hagan en la dirección correcta. Es todavía largo el camino por recorrer para sentarnos en la mesa en igualdad de condiciones con los países de la OECD.

De ahí que se precise de un entorno regulatorio que incentive y promueva el acceso a servicios financieros, en el que se incluyan medidas que desestimulen la realización de los pagos en efectivo y favorezcan la utilización de los medios de pago electrónicos y no todo lo contrario. Si logramos avanzar de manera decidida en esta dirección los resultados se verán reflejados en el desarrollo económico y social del país y en la disminución de la ilegalidad, la evasión tributaria y la elevada informalidad.

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La inclusión financiera se ha convertido en una estrategia fundamental de la política pública, por los beneficios que traen un mayor acceso y uso de los servicios financieros sobre la distribución del ingreso, la lucha contra la pobreza, el bienestar de la población y el crecimiento económico. En Colombia, el esfuerzo mancomunado del Gobierno Nacional y de los intermediarios financieros formales ha logrado importantes avances en la inclusión de una proporción cada vez mayor de la población a estos servicios. En efecto, el índice de bancarización en Colombia está en 71,2% (22,6 millones de adultos tienen al menos un producto financiero); 33,4% de los adultos en el país tienen al menos un crédito; existe presencia del sistema financiero en el 100% de los municipios en Colombia, por medio de oficinas o corresponsales bancarios, cuyo número es cada vez mayor (70.582 a julio de este año); el crecimiento del uso de nuevos canales transaccionales como el internet y la banca móvil ha sido exponencial; y el nivel de innovación y desarrollo en el país son notorios. Esto para la banca ha significado un cambio radical de su estrategia tecnológica y comercial, al pasar de atender una población reducida pero de elevados ingresos a prestar sus servicios a la gran mayoría con transacciones de reducido valor. Ello ha implicado una atención más eficiente al público, una mayor recolección de información, una mayor seguridad y la ampliación de la infraestructura física y tecnológica.

Sin embargo, la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional y que actualmente hace curso en el Congreso de la República, va en contravía de estos esfuerzos e incluso de la misma estrategia nacional de inclusión financiera. Aún cuando es comprensible que las presiones fiscales que enfrenta el país sean relevantes y deban ser resueltas, no se justifica que para ello se utilicen impuestos que van en contra de la ampliación del acceso y uso de productos financieros formales por parte de la población.

Se llama la atención sobre tres artículos de la reforma tributaria que de ser aprobados, aumentarán la preferencia por el efectivo y en consecuencia generarán un efecto adverso sobre la inclusión financiera. El primero es la prolongación del gravamen a los movimientos financieros (GMF) por cuatro años más, impuesto que es anti técnico y tiene un efecto perverso sobre la economía formal. A medida que nuestro país ha tenido una reducción en sus niveles de inflación y de tasas de interés, el impacto del GMF sobre la rentabilidad de los depósitos bancarios se vuelve confiscatorio. El segundo es la postergación de la entrada en vigencia hasta el 2019 del artículo 771-5 del Estatuto Tributario que busca limitar el reconocimiento fiscal de los pagos que realicen los contribuyentes, tales como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, a aquellos que se realicen con medios de pago diferentes del efectivo. El tercero es la eliminación de la devolución de los dos puntos de IVA para los pagos hechos con tarjetas de crédito y débito o por medio de la banca móvil, una medida que ha sido un referente mundial, particularmente en Latinoamérica, a través del cual se benefician millones de personas por el simple hecho de hacer sus transacciones por estos medios.

Adicionalmente, la extensión del impuesto al patrimonio y la imposición de la sobre tasa para los contribuyentes del CREE hasta 2018, que incluye la reforma tributaria, incidirá sobre el crecimiento económico y estará afectando el potencial de inclusión financiera del país.

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