Al finalizar este año se recibieron varias noticias positivas que reflejan los importantes avances logrados por la banca en los últimos años. Colombia obtuvo el puesto 34 entre 189 economías en el índice Doing Business 2015, elaborado por el Banco Mundial para medir la facilidad para realizar negocios, ocupando el mejor lugar entre los países de América Latina y el Caribe. Esto representa un ascenso de 19 posiciones respecto de 2014, alcanzado en virtud de la mejora en el acceso al crédito con la expedición de la Ley de Garantías Mobiliarias. Por su parte, el Microscopio Global 2014, elaborado por The Economist Intelligence Unit, clasificó a Colombia en el segundo puesto en materia de favorabilidad del entorno para la inclusión financiera entre 55 economías emergentes, superado solo por Perú.
Si bien los distintos indicadores lucen alentadores, el país está lejos de acatar las recomendaciones mencionadas en la Hoja de Ruta de Colombia para el ingreso a la OECD en torno a alcanzar este objetivo, tales como la eliminación de los controles a las tasas de interés, del impuesto del cuatro por mil y de la obligación impuesta a la banca privada de financiar a FINAGRO.
No obstante, en vez de avanzar hacia el logro de estas recomendaciones, la reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República va en contravía de los esfuerzos alcanzados e incluso de la misma estrategia nacional de inclusión financiera. En efecto, tres de sus artículos además de constituir un duro golpe a la bancarización en Colombia, estimulan la marcada preferencia por el efectivo imperante en el país, lo cual genera altos costos para la sociedad al favorecer las actividades delictivas, la evasión tributaria y la expansión de la economía subterránea.
El primero es la prolongación del gravamen a los movimientos financieros por cuatro años más, impuesto que es anti técnico y tiene un efecto perverso sobre la economía formal. El segundo es la postergación de la entrada en vigencia hasta 2019 de la norma que busca limitar el reconocimiento fiscal de los pagos que realicen los contribuyentes (costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables), a aquellos que se efectúen con medios de pago diferentes del efectivo. El tercero es la eliminación de la devolución de los dos puntos de IVA para los pagos con tarjetas de crédito y débito o por medio de la banca móvil, una medida que ha sido un referente mundial, en particular en Latinoamérica, y que beneficia a millones de personas.
Así las cosas, si bien la industria financiera ha logrado grandes avances en los últimos años, los cuales son ampliamente reconocidos por expertos nacionales e internacionales en la materia, es preciso que los esfuerzos en este sentido se hagan en la dirección correcta. Es todavía largo el camino por recorrer para sentarnos en la mesa en igualdad de condiciones con los países de la OECD.
De ahí que se precise de un entorno regulatorio que incentive y promueva el acceso a servicios financieros, en el que se incluyan medidas que desestimulen la realización de los pagos en efectivo y favorezcan la utilización de los medios de pago electrónicos y no todo lo contrario. Si logramos avanzar de manera decidida en esta dirección los resultados se verán reflejados en el desarrollo económico y social del país y en la disminución de la ilegalidad, la evasión tributaria y la elevada informalidad.