Edición 976|La reforma tributaria es una talanquera para la inclusión financiera

La inclusión financiera se ha convertido en una estrategia fundamental de la política pública, por los beneficios que traen un mayor acceso y uso de los servicios financieros sobre la distribución del ingreso, la lucha contra la pobreza, el bienestar de la población y el crecimiento económico. En Colombia, el esfuerzo mancomunado del Gobierno Nacional y de los intermediarios financieros formales ha logrado importantes avances en la inclusión de una proporción cada vez mayor de la población a estos servicios. En efecto, el índice de bancarización en Colombia está en 71,2% (22,6 millones de adultos tienen al menos un producto financiero); 33,4% de los adultos en el país tienen al menos un crédito; existe presencia del sistema financiero en el 100% de los municipios en Colombia, por medio de oficinas o corresponsales bancarios, cuyo número es cada vez mayor (70.582 a julio de este año); el crecimiento del uso de nuevos canales transaccionales como el internet y la banca móvil ha sido exponencial; y el nivel de innovación y desarrollo en el país son notorios. Esto para la banca ha significado un cambio radical de su estrategia tecnológica y comercial, al pasar de atender una población reducida pero de elevados ingresos a prestar sus servicios a la gran mayoría con transacciones de reducido valor. Ello ha implicado una atención más eficiente al público, una mayor recolección de información, una mayor seguridad y la ampliación de la infraestructura física y tecnológica.

Sin embargo, la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional y que actualmente hace curso en el Congreso de la República, va en contravía de estos esfuerzos e incluso de la misma estrategia nacional de inclusión financiera. Aún cuando es comprensible que las presiones fiscales que enfrenta el país sean relevantes y deban ser resueltas, no se justifica que para ello se utilicen impuestos que van en contra de la ampliación del acceso y uso de productos financieros formales por parte de la población.

Se llama la atención sobre tres artículos de la reforma tributaria que de ser aprobados, aumentarán la preferencia por el efectivo y en consecuencia generarán un efecto adverso sobre la inclusión financiera. El primero es la prolongación del gravamen a los movimientos financieros (GMF) por cuatro años más, impuesto que es anti técnico y tiene un efecto perverso sobre la economía formal. A medida que nuestro país ha tenido una reducción en sus niveles de inflación y de tasas de interés, el impacto del GMF sobre la rentabilidad de los depósitos bancarios se vuelve confiscatorio. El segundo es la postergación de la entrada en vigencia hasta el 2019 del artículo 771-5 del Estatuto Tributario que busca limitar el reconocimiento fiscal de los pagos que realicen los contribuyentes, tales como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables, a aquellos que se realicen con medios de pago diferentes del efectivo. El tercero es la eliminación de la devolución de los dos puntos de IVA para los pagos hechos con tarjetas de crédito y débito o por medio de la banca móvil, una medida que ha sido un referente mundial, particularmente en Latinoamérica, a través del cual se benefician millones de personas por el simple hecho de hacer sus transacciones por estos medios.

Adicionalmente, la extensión del impuesto al patrimonio y la imposición de la sobre tasa para los contribuyentes del CREE hasta 2018, que incluye la reforma tributaria, incidirá sobre el crecimiento económico y estará afectando el potencial de inclusión financiera del país.

 

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