Marzo 2014

Con la aprobación de la Ley 1314 de 2009, Colombia ingresó en un proceso de convergencia hacia estándares internacionales en temas contables, de información financiera y aseguramiento de la información. En función de esta Ley, se ha reglamentado la introducción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) al marco normativo local.

Las entidades financieras consideran que la convergencia hacia las NIIF producirá efectos positivos en términos de una mayor homogeneidad en la información, como paso indispensable hacia la internacionalización. No obstante, dicha convergencia genera impactos para casi todas las áreas de las organizaciones y requerirá esfuerzos importantes para su implementación.

Dentro de los temas que han generado mayor inquietud en la industria financiera, se encuentra el manejo de los activos y en especial la contabilización y registro de las inversiones, por su importancia para la gestión de tesorería de las entidades financieras como actividad complementaria a la intermediación financiera.

La implementación de las disposiciones en materia de inversiones, establecidas en la NIIF 9 vigente, implicaría la desaparición de la categoría denominada “Inversiones disponibles para la venta”, debido a que bajo los estándares vigentes no existe una categoría con características similares. Esto implicaría necesariamente un proceso de reclasificación del portafolio de deuda que ascendía a 8 billones de pesos aproximadamente en diciembre de 2013 (6 % del saldo emitido en deuda pública en pesos) en un lapso de tiempo inferior a un año, lo cual podría generar efectos negativos en la gestión de inversiones de las entidades y de manera agregada al mercado de deuda.

Esta semana económica presenta un análisis sobre los cambios e impactos que implicaría la adopción de las disposiciones establecidas en la NIIF 9, específicamente para la gestión de inversiones de las entidades financieras y sobre el mercado de deuda. Finalmente, se presentan algunas alternativas en materia normativa que, sin obstaculizar el proceso de convergencia a las NIIF, podrían ser evaluadas con el fin de eliminar la incertidumbre y los efectos que pueda generar la aplicación de la norma en materia de inversiones.

 

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El acceso al sistema financiero reviste la mayor trascendencia por su enorme potencial de contribución al crecimiento económico; al aumento de la participación de los estratos de menores ingresos en las ganancias del desarrollo; y por el efecto consecuente que ello acarrea sobre la reducción de la pobreza y la desigualdad.

Los enormes beneficios de la inclusión financiera son hoy ampliamente reconocidos tanto por los distintos gobiernos como por agencias multilaterales tales como el Banco Mundial y la OCDE. Colombia no se ha mantenido al margen de esa tendencia. No obstante, a pesar de la importancia que se le viene asignando al tema y de los cambios que se han introducido en busca de una mayor inclusión financiera, el marco regulatorio vigente en el país introduce enormes sesgos en contra de la realización de transacciones a través del sistema y a favor de la preferencia por el efectivo. En efecto, el Gobierno ha venido utilizando crecientemente la banca para el recaudo de distintos impuestos, en particular el cuatro por mil (GMF), la retención anticipada de IVA, renta e ICA, vinculados a las transacciones financieras. A esas distorsiones se adicionan otras, como es la existencia de topes a la tasa de interés, por la vía del cálculo de la tasa de interés de usura, e inversiones forzosas para el financiamiento del sector agropecuario, que introducen sesgos en contra de la mayor competitividad del sistema y arbitrajes regulatorios que obstaculizan su mejor funcionamiento.

Es difícil promover el uso de medios electrónicos de pago, cuando las normas lo castigan y, en su lugar, premian el uso de efectivo. También es difícil que los segmentos más desprotegidos de la sociedad accedan al crédito, si los costos no reflejan el riesgo de la operación. Buscar la mayor formalización financiera y la erradicación del uso del efectivo debería ser un propósito nacional, no solo por los beneficios que trae en términos del crecimiento y de la mayor equidad, sino también porque contribuiría a erradicar la corrupción, el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el contrabando y otra serie de actividades ilícitas que florecen al amparo de la amplia aceptación del efectivo por cuenta de los incentivos existentes a la realización de transacciones por fuera del sistema financiero.

La banca, de mano del Gobierno y el Congreso, ha venido trabajando y varias de las barreras al acceso se han superado: los precios al consumidor financiero se han reducido, los trámites requeridos para el acceso a productos del pasivo y servicios transaccionales se simplificaron, hay presencia bancaria en casi la totalidad del territorio nacional, las plataformas de banca móvil están listas para su masificación y se definió un marco normativo para las garantías mobiliarias. Cálculos de ASOBANCARIA, con corte a diciembre de 2013, revelan que en Colombia el 71.5% del total de la población adulta tiene acceso a un producto financiero; el 65.6% posee una cuenta de ahorros, aunque solo el 43% la mantiene activa; y el 34.2% dispone al menos de un producto de crédito. No obstante, a pesar del parte de victoria que se puede dar en muchos aspectos, todavía falta un gran trecho por recorrer.

La banca reitera su voluntad de ser la mejor aliada del Gobierno y del Congreso en la búsqueda de una mayor inclusión financiera, pero considera que ésta debe ser hecha de manera responsable para que sea sostenible.

 

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En los últimos años, el acelerado proceso de expansión hacia nuevos mercados de la banca local ha permitido a las entidades convertirse en importantes jugadores en el sector financiero de los mercados destino, especialmente en la región de Centroamérica. En parte, esta internacionalización deriva de las condiciones macroeconómicas del país que han permitido un mayor dinamismo en la colocación de cartera de crédito. Este crecimiento del sector financiero se ha soportado de manera adecuada con nuevas inyecciones de capital para mantener la solidez de las entidades y cumplir los requerimientos regulatorios en materia de capital.

En este último punto, se debe tener en cuenta el efecto sobre el capital que generó la implementación del Decreto 1771 con la alineación de medición del capital a los estándares internacionales de Basilea III. Según cálculos de Asobancaria, este proceso de implementación generaría para la banca una reducción del patrimonio técnico estimado en 4,7 billones, disminuyendo la relación de solvencia de 16,3% a 14,7%. Si bien este nivel, estaría en exceso en 5,7% frente al capital regulatorio exigido del 9%, si las condiciones de crecimiento de las cartera y de expansión internacional continuan, es relevante abrir la posibilidad de que los bancos colombianos cuenten con nuevos instrumentos de capitalización como los que están vigentes en otras jusrisdicciones, para cumplir no solo la normativa en materia de capital sino también soportar el crecimiento del sector.

En este contexto, esta Semana Económica busca presentar dos propuestas en materia de medición del capital regulatorio, la primera enfocada en incluir los instrumentos híbridos y la segunda en incluir las participaciones minoritarias como parte del capital. Es de resaltar que estas propuestas, que son consistentes con las recomendaciones de Basilea III, servirían para reducir los costos asociados al cumplimiento de la normativa de capital y permitirían mejorar la competitividad de las entidades al contar con una estructura de capital más eficiente, lo cual finalmente beneficiaría la disponibilidad del crédito.

Adicionalmente, estas propuestas permitirían hacer comparables las estructuras y los niveles de capital regulatorio de las entidades locales frente a sus pares a nivel mundial, teniendo en cuenta que otras jurisdicciones ya aplican las mediciones incluyendo los rubros mencionados. Sin duda, en el largo plazo estas propuestas se traducirán en una mayor eficiencia en la labor de intermediación financiera y responderán a la estrategia de crecimiento de la banca local.

 

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Nuestro país, al igual que otros de la región, se caracteriza por tener una alta cantidad de Pequeñas y Medianas empresas (Pymes) y microempresas, varias de ellas operando en la informalidad y con pocas posibilidades de acceso al crédito formal o con acceso en condiciones onerosas debido, entre otros, a ausencia de información verificable o por falta de garantías, factores que contribuyen a aumentar la percepción de riesgo. A pesar del interés de la banca por incrementar la inclusión financiera en sectores y con clientes que tradicionalmente no han tenido acceso al crédito, se requería de herramientas que ofrecieran información centralizada y confiable, de mecanismos eficientes de ejecución y de mayor variedad de bienes como respaldo de obligaciones en caso de incumplimiento.

El pasado 21 de febrero entró en vigencia la Ley 1676 de 2013 “Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias”, que reforma integralmente el sistema de garantías mobiliarias mediante la unificación de conceptos y modernización de los mecanismos para constituir, registrar y ejecutar las garantías muebles, ahora denominadas Garantías Mobiliarias.

La ampliación de bienes sobre los cuales se puede constituir garantías, la centralización de la información en un solo registro de libre consulta y las ejecuciones en plazos cortos y sin intervención judicial son sólo algunos de los mecanismos que ofrece la nueva normatividad para superar trabas normativas, operativas y procesales que impedían que las garantías mobiliarias se tuvieran como respaldo eficaz de las obligaciones en caso de incumplimiento.

Sin duda la Ley está diseñada para lograr una mayor bancarización a través del crédito y beneficiar particularmente a segmentos como las Pymes. Sin embargo, para que se logren los efectos deseados se requiere de varias acciones. Los decretos reglamentarios del Gobierno y el análisis y ajuste de la regulación financiera serán un punto de inicio determinante para impulsar el nuevo esquema y brindar claridad a los actores en cuanto a la aplicación de la Ley.

Experiencias internacionales exitosas de países que han adoptado normativas similares basadas también en la Guía Legislativa de la CNUDMI (Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) son un indicador de lo que posiblemente pueda ocurrir en nuestro país. Colombia cuenta con una Ley moderna y ajustada a las necesidades económicas y comerciales del país. Ahora comienza la etapa de implementación que requiere de la intervención coordinada de todos los actores para así conseguir el objetivo propuesto que no es otro que incrementar el acceso al crédito y fortalecer el sector productivo.

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Los bancos en Colombia han venido superando, con ayuda del Gobierno y del Congreso, varias de las barreras identificadas para que haya inclusión financiera. Con los corresponsales bancarios se logró, en menos de cinco años, cobertura en casi la totalidad del territorio nacional y, a pesar de la dispersión geográfica, hoy los ciudadanos tienen una banca más cerca a sus hogares. Los trámites y documentación para abrir una cuenta se han simplificado y los requisitos para obtener un crédito también comienzan a incorporar las condiciones de informalidad de la población. La banca pasó de concentrar su oferta en la parte alta de la pirámide a atender la población de menores ingresos, en un proceso que ha sido complejo, pero al cual progresivamente va entrando con éxito.

En materia de tarifas los esfuerzos son claros: la gran mayoría de los bancos tienen productos de ahorro y servicios transaccionales gratuitos o a muy bajo costo. Este proceso ha sido posible por la introducción de cambios regulatorios que han abaratado la prestación de los servicios permitiendo que se traduzcan en mejores tarifas para el consumidor financiero y, porque cada vez hay mayor competencia. La banca móvil hace parte de esos logros y es una realidad que vincula a más de dos millones de personas en plataformas que utilizan el celular para apertura de productos, virtualizando su vinculación y la realización de transacciones.

Sin embargo, la expansión de la banca móvil como instrumento de inclusión financiera está ligada a un insumo fundamental que no depende de las entidades financieras: el acceso por parte de éstas a las redes de telecomunicaciones de cada uno de los operadores celulares. A ese respecto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC ha identificado las barreras que, desde el sector TIC, obstaculizan o inhiben el desarrollo de la banca móvil en el país, y que se centran en diferentes circunstancias asociadas al acceso a las redes de los operadores.

La masificación y sostenibilidad de la banca móvil depende de superar la problemática identificada con las empresas de telefonía celular para que el negocio sea viable y se pueda avanzar sustancialmente en la inclusión financiera. En este momento hay bancos que ofrecen banca móvil en condiciones inciertas y hay otros que están esperando a que se aclaren las reglas de juego, para saber cuáles son los términos en que se puede prestar el servicio.

Adicional al esfuerzo que han venido realizando las entidades financieras, se hace ineludible la intervención del Estado para garantizar condiciones ciertas y eficientes de acceso a las redes móviles de telecomunicaciones, sin que ello pueda verse como una afectación al negocio de las empresas de telefonía móvil, sino como un paso para generar equilibrio en los precios y costos que beneficie a la población, y haga sostenible la prestación del servicio en el largo plazo tanto para las telco como para la banca. En tal sentido, la propuesta regulatoria de la CRC diseñada para corregir barreras existentes en banca móvil, resulta objetiva, equilibrada y además tiene en cuenta los costos eficientes de las telco y su rentabilidad.

Hay que decir de manera clara que no se trata de pedir sacrificios en ingresos o rentabilidad a las telco, sino de generar condiciones justas en el acceso a las redes móviles, de manera que en el mediano plazo se logre la masificación y uso intensivo de la banca móvil, consiguiendo la sostenibilidad del modelo con un consecuente beneficio para la sociedad.

 

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