Los bancos en Colombia han venido superando, con ayuda del Gobierno y del Congreso, varias de las barreras identificadas para que haya inclusión financiera. Con los corresponsales bancarios se logró, en menos de cinco años, cobertura en casi la totalidad del territorio nacional y, a pesar de la dispersión geográfica, hoy los ciudadanos tienen una banca más cerca a sus hogares. Los trámites y documentación para abrir una cuenta se han simplificado y los requisitos para obtener un crédito también comienzan a incorporar las condiciones de informalidad de la población. La banca pasó de concentrar su oferta en la parte alta de la pirámide a atender la población de menores ingresos, en un proceso que ha sido complejo, pero al cual progresivamente va entrando con éxito.
En materia de tarifas los esfuerzos son claros: la gran mayoría de los bancos tienen productos de ahorro y servicios transaccionales gratuitos o a muy bajo costo. Este proceso ha sido posible por la introducción de cambios regulatorios que han abaratado la prestación de los servicios permitiendo que se traduzcan en mejores tarifas para el consumidor financiero y, porque cada vez hay mayor competencia. La banca móvil hace parte de esos logros y es una realidad que vincula a más de dos millones de personas en plataformas que utilizan el celular para apertura de productos, virtualizando su vinculación y la realización de transacciones.
Sin embargo, la expansión de la banca móvil como instrumento de inclusión financiera está ligada a un insumo fundamental que no depende de las entidades financieras: el acceso por parte de éstas a las redes de telecomunicaciones de cada uno de los operadores celulares. A ese respecto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC ha identificado las barreras que, desde el sector TIC, obstaculizan o inhiben el desarrollo de la banca móvil en el país, y que se centran en diferentes circunstancias asociadas al acceso a las redes de los operadores.
La masificación y sostenibilidad de la banca móvil depende de superar la problemática identificada con las empresas de telefonía celular para que el negocio sea viable y se pueda avanzar sustancialmente en la inclusión financiera. En este momento hay bancos que ofrecen banca móvil en condiciones inciertas y hay otros que están esperando a que se aclaren las reglas de juego, para saber cuáles son los términos en que se puede prestar el servicio.
Adicional al esfuerzo que han venido realizando las entidades financieras, se hace ineludible la intervención del Estado para garantizar condiciones ciertas y eficientes de acceso a las redes móviles de telecomunicaciones, sin que ello pueda verse como una afectación al negocio de las empresas de telefonía móvil, sino como un paso para generar equilibrio en los precios y costos que beneficie a la población, y haga sostenible la prestación del servicio en el largo plazo tanto para las telco como para la banca. En tal sentido, la propuesta regulatoria de la CRC diseñada para corregir barreras existentes en banca móvil, resulta objetiva, equilibrada y además tiene en cuenta los costos eficientes de las telco y su rentabilidad.
Hay que decir de manera clara que no se trata de pedir sacrificios en ingresos o rentabilidad a las telco, sino de generar condiciones justas en el acceso a las redes móviles, de manera que en el mediano plazo se logre la masificación y uso intensivo de la banca móvil, consiguiendo la sostenibilidad del modelo con un consecuente beneficio para la sociedad.