Abril 2013

Un análisis de los indicadores sobre concentración, eficiencia y competencia de la base de datos utilizada en el Reporte de Desarrollo Financiero Global de 2013, del Banco Mundial, lleva a Asobancaria a concluir que la concentración en la industria bancaria colombiana es baja y que sus márgenes de intermediación y su rentabilidad están en el promedio latinoamericano, con una clara tendencia a converger a los de los países de ingreso medio alto y alto. Una mirada retrospectiva nos permite establecer que en el preludio de la última crisis financiera internacional, los márgenes y la rentabilidad de nuestros bancos estaban en los promedios de las economías de ingreso medio alto y, en el caso del ROE, inclusive en la media de los países de ingreso alto. En nuestra opinión, como efecto de esa crisis, la rentabilidad en esas economías disminuyó más rápido que en Colombia, de manera que en una comparación reciente la de la banca nacional resulta más alta. Sin embargo, creemos que en lugar de constituir una evidencia de su falta de competencia, esa rentabilidad es un síntoma de la fortaleza y resiliencia de los bancos colombianos, que les permitieron sortear esa crisis sin traumatismos mayúsculos. Gracias a esa solidez, el crédito no se congeló y pudo financiar la dinámica reactivación de la actividad económica doméstica en la post crisis.

Con base en el estudio de esos indicadores se puede afirmar que la competencia que tiene lugar en la industria bancaria nacional es intensa, comparada con la que impera en el resto del mundo. Por este motivo, en nuestro criterio, en el mediano plazo la rentabilidad y los márgenes de intermediación de nuestra banca tienen tendencias decrecientes, mientras que su eficiencia mejora y converge hacia los estándares internacionales más exigentes. El descenso en la rentabilidad y la mejora de la eficiencia, logradas gracias a la intensificación de la competencia, aumentan el bienestar de nuestro consumidor financiero.

La percepción de que la rentabilidad de la banca colombiana es alta como consecuencia de su elevada concentración, de la falta de competencia y de su ineficiencia es infundada. Se basa en una imprecisión del Fondo Monetario Internacional, en su evaluación de la estabilidad del sistema financiero colombiano. En ella el FMI comenta que el ROE en Colombia ha fluctuado alrededor de 26% desde 2005. Esa opinión no es exacta. Cálculos de Asobancaria, basados en las cifras de la Superintendencia Financiera (SFC), muestran que el ROE fluctuó alrededor de 26% apenas durante seis meses en 2005. A partir de ahí cayó 1000 puntos básicos, para descender a 15,2% en marzo de 2013.

Si el ROE se hubiera quedado en 26%, con el patrimonio actual del sistema bancario (COP 41,9 billones en marzo de 2013) sus utilidades anuales serían COP 10,9 billones, en lugar de COP 6,3 billones, que corresponden al valor actual de 15% de ese indicador. La diferencia (COP 4,6 billones) constituye una mejora en el bienestar de los usuarios de la banca colombiana, lograda gracias a la intensificación de la competencia.

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El Gobierno acaba de presentar su Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE). Es un plan que reconoce que la economía no está marchando como debiera, y por lo tanto trata de tomar medidas correctivas. El plan incluye un conjunto de medidas transversales y sectoriales, y un déficit adicional por cinco billones de pesos, que resulta financiable por el abaratamiento de los intereses de la deuda pública. Con el plan el gobierno espera que el crecimiento retorne a cifras del 4.8 por ciento, y que se generen entre 300 y 350 mil empleos.

Dentro de las medidas transversales se destacan las destinadas a combatir la apreciación del peso, especialmente reorientando la inversión de los ahorros mantenidos en los fondos de pensiones. Dentro de las medidas sectoriales se destacan las orientadas a estimular la vivienda, especialmente por medio del subsidio a la tasa de interés para las viviendas de estratos medios (viviendas con valor entre 80 y 200 millones de pesos). Para este tipo de viviendas, la tasa de interés quedaría en siete por ciento, debido a un subsidio de 2.5 puntos porcentuales por parte del gobierno, y a una reducción de otros 2.5 puntos porcentuales por parte de las entidades bancarias.

Las medidas específicas pueden ser sometidas a distintos tipos de comentarios. Por ejemplo, no está claro cómo se va a implementar la medida del ahorro previsional en el exterior. El país viene hablando de reducción de costos de la energía desde hace bastante tiempo. Las medidas contra el contrabando seguramente tomarán algún tiempo en ser efectivas. Las medidas anunciadas específicamente para la industria se limitan a un paquete de créditos. La chatarrización de vehículos de carga antiguos es probablemente insuficiente para la reducción de costos de transporte y logística que requiere el país. En vivienda las medidas están concentradas en el estímulo a la demanda, y existe la preocupación de que eso termine estimulando más los precios que la oferta. Sin embargo, el conjunto del plan es ambicioso, está bien orientado y ataca algunos de los principales problemas de la economía, aunque pone de presente que la economía colombiana todavía tiene muchas barreras estructurales para el crecimiento.

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Debido a la última crisis financiera internacional se generaron una serie modificaciones regulatorias a nivel mundial. Entre estas, se destaca la Ley DoddFrank en Estados Unidos y la EMIR en Europa. El común denominador de estas iniciativas es que se enfocan principalmente en los derivados, como consecuencia del papel que jugaron estos instrumentos en la desestabilización de los mercados.

El alto nivel de interconexión de los mercados financieros en la actualidad y, especialmente, el proceso de internacionalización en el que se encuentra el sector financiero colombiano, hace relevante analizar la forma como pueden interactuar las nuevas normas provenientes del extranjero con las que actualmente existen en Colombia, con el fin de dimensionar los posibles efectos que se podrían presentar sobre el mercado financiero local.

La Ley Dodd-Frank estableció que para las entidades ubicadas fuera de Estados Unidos con una relación directa y significativa con los mercados estadounidenses de derivados, pueden aplicarse los requerimientos allí estipulados. En el caso de Europa, el alcance extraterritorial de la EMIR no parece ser tan significativo para el mercado local.

El regulador estadounidense del mercado de derivados estableció que las entidades financieras no estadounidenses pueden satisfacer los requerimientos establecidos en la Ley Dodd-Frank a través del cumplimiento de las normas locales, cuando se determinen que estas son homologables.

Adicionalmente, el organismo multilateral ISDA ha diseñado una herramienta alternativa para facilitar a la industria el cumplimiento de las obligaciones y requerimientos bajo la Ley Dodd-Frank. Esta iniciativa es optativa ya que las partes pueden decidir libremente modificar y/o adicionar sus contratos existentes conforme a las exigencias de la regulación.

Se ha encontrado que es posible que en un futuro cercano el alcance de la Ley Dodd-Frank incluya a entidades financieras colombianas. Por este motivo, las entidades y las autoridades deben empezar a trabajar para asegurar su cumplimiento, con el fin de continuar operando en los mercados internacionales de derivados, específicamente de swaps.

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El progreso del sector financiero colombiano en la última década fue notable. Las instituciones y los mercados recuperaron el tamaño y la estabilidad perdidos por causa de la crisis de final del siglo. Su profundidad supera ahora el promedio mundial y el de las economías de ingreso medio alto, aunque todavía está lejos de Chile y de las economías de ingreso alto. En estabilidad el sistema se encuentra a la vanguardia en el mundo. La solvencia de la banca es alta, la calidad de la cartera buena y su cubrimiento holgado. La volatilidad del mercado bursátil colombiano es baja. Además, el riesgo soberano del país está en mínimos y la calificación de su deuda pública recuperó el grado de inversión y se encuentra en la víspera de una mejora. En la actualidad nuestro sector financiero está inclusive incursionando de nuevo con vigor en los mercados externos.

Sin embargo, todavía algunos indicadores sugieren que nuestro sistema financiero continúa rezagado. Su mayor falla es el acceso estrecho, tanto para las personas naturales como para las pequeñas empresas. Para quebrar este cuello de botella, la administración Santos ha tenido dos iniciativas que permitirán profundizar el mercado de capitales. La primera son los bonos de infraestructura, diseñados con el fin de contribuir a la financiación del programa de concesiones de Cuarta Generación. La segunda es la reforma al régimen de los fondos de inversión. Una tercera posibilidad es aumentar la inclusión financiera, involucrando nuevos usuarios y promoviendo los servicios financieros de tipo transaccional. Para ello se debe remover las distorsiones tributarias –el GMF, la retención en la fuente y el ICA– y normativas –los topes a las tasas de interés–, que impiden la expansión de la intermediación y el cubrimiento de los mayores riesgos y costos de proveer créditos de bajos montos. Hay que incentivar además el acercamiento entre los bancos y las empresas informales. Otra oportunidad es repensar la financiación de la vivienda.

Una brecha importante que separa nuestro desarrollo financiero de las economías más avanzadas está en el mercado de valores, tanto en el segmento de acciones como en el de títulos de deuda privada. Los volúmenes transados en estos nichos son bajos y el acceso escaso. Acelerar su progreso requiere un conjunto articulado de estrategias de mediano plazo. Para llenar este vacío el gobierno del Presidente Santos propuso la Hoja de Ruta del Mercado de Capitales. Infortunadamente ésta no ha logrado consolidarse como una política pública. Luego planteó la elaboración de un CONPES del Mercado de Valores. El trabajo que se viene realizando para éste conserva algunos de los elementos que se habían definido en la Hoja de Ruta e introduce otros que, en concepto de los jugadores que interactúan en este mercado, contribuirían a solucionar los principales problemas.

Superados los desequilibrios del sistema financiero colombiano, con un parte de victoria en términos de su estabilidad y solidez, no puede perderse la ocasión de trabajar en busca de su profundización y de la ampliación en el acceso. Por tanto, se requiere una agenda de promoción del mercado de capitales consistente y sostenida, que la eleve al rango de una política de Estado.

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En los últimos cuatro años, casi cinco millones de personas, que antes no tenían acceso, se vincularon al sistema financiero, al pasar de 16.8 millones de colombianos con algún producto financiero en diciembre de 2008, a cerca de 22 millones al término de 2012. En términos de aumento de cobertura se resalta la expansión de los corresponsales bancarios, los cuales alcanzaron 33.419 agentes al término del año pasado; la colocación de 35 mil nuevos datáfonos, para un total de 219.907; la instalación de 1.400 nuevos cajeros automáticos para un total de 12.300 disponibles y la apertura de 181 nuevas oficinas bancarias. En términos transaccionales, en el país es cada vez mayor el número de movimientos y transferencias de dinero que se realizan a través de internet y banca móvil.

Los resultados señalados permiten, a diferencia de lo ocurrido en el pasado reciente, dar un parte de victoria, al ser evidente que la banca privada colombiana en la actualidad cuenta con un enorme potencial para convertirse en la mejor aliada del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Locales en lo que se refiere a pagos, los cuales es previsible que migren progresivamente del efectivo y el cheque a ser realizados por medios electrónicos.

La preferencia por el uso del efectivo impacta de manera negativa el recaudo tributario, facilita la proliferación de actividades ilegales e informales y se constituye en un mecanismo más riesgoso y menos eficiente de pago; de ahí que resulte costoso en grado sumo para la economía. Por lo tanto, la invitación es a construir una política de Estado en contra del efectivo y a favor de los medios de pago electrónicos, que faciliten la mayor transaccionalidad e introduzcan transparencia a la economía. En este sentido, la banca está convencida de que es el mejor aliado del Gobierno y del Congreso, para lograr este objetivo.

Quienes afirman que la inclusión sería mayor, si los costos de los servicios financieros fueran menores, usualmente hacen caso omiso, de manera contradictoria, de los costos que la regulación impone a la intermediación financiera, con ejemplos tan egregios como el 4 x mil o los controles a las tasas de interés, y abogan por medidas que terminan encareciendo aún más esos servicios, ya sea porque hacen más difícil su provisión, o porque, al controlar los precios, limitan la competencia que podría terminar redundando en mejores tarifas para el público. La banca considera que el camino más apropiado es poner en vigencia medidas positivas y no negativas que, en lugar de establecer restricciones, generen incentivos para que el consumidor financiero utilice los medios electrónicos de pago; los establecimientos de crédito continúen generando productos acordes con las necesidades de la población y el comercio los acepte, de manera que se puedan masificar productos diseñados por el sistema financiero en función de un proceso de inclusión más efectivo para el país.

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