octubre 2011

Las recientes catástrofes medioambientales que han afectado a diversos países y al nuestro en particular, demuestran que ningún sector de la economía es ajeno a los riesgos ambientales. Es por ello, que existen importantes iniciativas internacionales y nacionales tanto de orden público como privado que dedican sus esfuerzos a desarrollar y promover la adopción de estándares de gestión ambiental y social dirigidas al sector financiero.

La Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI – por sus siglas en inglés) es una de las alianzas públicoprivadas más importantes a nivel global, dirigida a identificar y promover mejores prácticas, compartir experiencias y sensibilizar al sector financiero frente a los retos que supone un desarrollo sostenible, y en especial, los riesgos ambientales y sociales asociados a las operaciones financieras. Con más de 200 entidades adscritas, UNEP FI ha contribuido a poner en evidencia la relevancia de este sector a la hora de determinar estándares que permitan controlar el impacto ambiental de otros sectores de la economía cuyos niveles de contaminación son mucho más significativos.

Esta Semana Económica está dirigida a dar a conocer la labor de UNEP FI, a la que Asobancaria recientemente se ha sumado, y a explorar la importancia de la participación del sector financiero en iniciativas de largo alcance en materia de sostenibilidad y administración del riesgo ambiental. Igualmente, a revisar algunas experiencias internacionales relevantes en materia de implementación de políticas y procedimientos de gestión del riesgo ambiental, así como los adelantos que algunas instituciones financieras vienen desarrollando en Colombia. Finalmente, se presentarán los retos que el país tiene hacia delante, esperando con ello poder contribuir a posicionar este tema en la agenda del gobierno nacional y de los actores privados involucrados.

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Los constantes avances tecnológicos han implicado cambios en los conceptos de seguridad y han venido generando nuevos retos en cuanto a las acciones y estrategias. Por ejemplo, la posibilidad que brinda la tecnología de establecer comunicaciones y relaciones entre agentes ubicados en cualquier lugar del mundo, por su parte, ha llevado a la transnacionalización de la economía y, por ende, a la transnacionalización del delito. Estamos frente a grandes redes internacionales, que incluso utilizan recursos, producto del fraude, para financiar otras actividades criminales.

En lo relacionado con la prestación de los servicios bancarios, los retos también son evidentes y constantes las acciones requeridas de las instituciones financieras para enfrentarlos. La utilización de herramientas y tecnologías que permitan mitigar los riesgos de fraude a sus entidades y a sus clientes es un trabajo incesante por parte de las organizaciones.

No obstante, atacar los delitos de los que son víctimas los bancos y sus usuarios requieren del trabajo mancomunado de todos los actores que se encuentran inmersos en una transacción bancaria, tales como los proveedores de servicios que participan en la transacción, las empresas beneficiarias de pagos fraudulentos y el cliente.

Así mismo, la tecnificación propia de las modalidades que utilizan los delincuentes informáticos exige cada vez más un amplio conocimiento por parte de los investigadores, fiscales y jueces acerca de las conductas y estrategias de los cibercriminales, así como respecto de los tipos de evidencias que deben valorarse como acervo probatorio. Además, la Fiscalía tiene importantes desafíos que permitan superar las dificultades al momento de investigar y judicializar las conductas relacionadas con delitos informáticos que están configuradas en la legislación.

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Durante los últimos cuatro años el sector de minas e hidrocarburos dinamizó el crecimiento y se convirtió en una fuente importante de ingresos por exportaciones y de inversión extranjera directa (IED). Además, la administración Santos lo escogió como uno de los motores de crecimiento en los próximos cuatro años. En consecuencia, conviene advertir que una alta especialización en la explotación de recursos naturales (RN) puede tener efectos indeseables en el largo plazo sobre el bienestar de la población, porque podría entorpecer la expansión de otros sectores y tornar más volátil el crecimiento. Es pertinente preguntarse, entonces, qué propensión tiene la economía colombiana a adquirir la “enfermedad holandesa” (EH) y cómo puede vacunarse contra ella.

El contagio de la EH es apenas incipiente. La abundancia de recursos externos ha contribuido a apreciar la tasa de cambio real, pero sin desviarla de su tendencia de largo plazo. La apreciación real tiene un efecto adverso sobre la dinámica industrial en el mediano plazo, pero es más importante el que tienen la demanda interna y externa. Por tanto, la leve desindustrialización de los cuatro últimos años puede haber sido causada más por la menor demanda debida a la crisis internacional de 2007- 2009, que por el fortalecimiento real del COP. El magro cambio estructural que ha tenido la producción nacional se ha reflejado también, pero con menor intensidad, en la generación sectorial del empleo.

Aunque el contagio de EH es apenas incipiente, conviene recordar algunas estrategias para frenarlo. Con este propósito se debe, por una parte, suavizar la apreciación de la tasa de cambio real. Y por otra, es necesario mejorar la competitividad de la economía, para beneficiar a los sectores transables no vinculados con el auge de explotación de RN. Para morigerar la apreciación cambiaria se requiere no gastar la mayor parte posible de los ingresos adicionales en moneda extranjera y aumentar el ahorro doméstico. El gobierno cuenta con una amplia caja de herramientas para implementar estas estrategias: la regla fiscal, el fondo de ahorro y estabilización del Sistema Nacional de Regalías (SNR), el criterio de sostenibilidad fiscal y el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este conjunto de instrumentos le facilitan la adopción de una política fiscal contracíclica, con base en la cual prevenir los efectos de la EH, contribuyendo a suavizar la apreciación de la TCR y a disminuir el exceso de demanda por BNT. Para aumentar la competitividad de la economía, la inversión pública debe privilegiar, por una parte, la que se utiliza en la provisión de bienes públicos, como la seguridad, la justicia, la infraestructura, la salud y la educación. Y por otra, la que estimula la acumulación de factores que generan economías externas, como el capital humano y el conocimiento.

Colombia debe, además, prevenir la maldición de los recursos naturales fortaleciendo sus instituciones, para evitar que los corruptos dilapiden las rentas que surgen de su explotación y para minimizar el daño ambiental, compensando adecuadamente a la Nación. La creación reciente del SNR es un paso decisivo en esta dirección. En segundo lugar, el país requiere mejorar la competitividad de la economía, para procurar una expansión sectorialmente balanceada de la producción. Para aumentar la competitividad es imprescindible desatrasar la infraestructura vial, mejorar permanentemente el clima de los negocios y acometer una reforma tributaria que favorezca el crecimiento y, mediante una adecuada financiación del gasto social con impuestos generales, elimine el sesgo contra la generación de empleo formal. Al mismo tiempo, hay que persistir en diversificar las exportaciones. La estrategia comercial, mediante la ambiciosa agenda de negociaciones que tiene esta administración, debe ayudar en este propósito. Finalmente, Colombia debe esforzarse en combatir la volatilidad de los ingresos externos, para que no se transmita a la demanda interna y a la producción doméstica, caso en el cual tendría efectos adversos sobre la inversión y, por tanto, sobre el crecimiento potencial.

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A pesar de la incertidumbre que prevalece en los mercados internacionales, por la desaceleración de las economías avanzadas, el deterioro de la solvencia fiscal en las economías europeas y un eventual contagio al sistema financiero internacional, las economías emergentes y en desarrollo se mantienen como el motor del crecimiento mundial. En Colombia estamos viviendo una época de auge, que le abre grandes oportunidades al país. En esta coyuntura es preciso enviar señales de confianza a los mercados y adecuar la regulación para el logro de una economía más competitiva, con el fin de minimizar el impacto de los choques externos y mantenerla en el camino a la prosperidad. El desarrollo del sistema financiero ha contribuido a la competitividad de nuestra economía. Pero a pesar de los logros en este sentido, necesitamos mejorar permanentemente la competitividad de nuestro sistema financiero para contribuir a aumentar la de toda la economía.

La actividad gremial puede contribuir a este propósito. Sin embargo, su eficiente ejercicio está en entredicho. Diferentes gremios del país afrontan investigaciones o han sido sancionados por presuntas prácticas anti-competitivas. Por eso aplaudimos que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) esté trabajando en unas guías sobre promoción y protección de la competencia, enfocadas a señalar los lineamientos para los distintos actores que intervienen en el mercado. Sin embargo, despierta especial preocupación que la SIC tilde como prácticas anti-competitivas per se algunas conductas gremiales. Como la doctrina y la regulación para la protección de la competencia están en construcción, la interacción público-privada es de capital importancia en este campo. En consecuencia, aceptamos la cordial invitación al diálogo que nos hizo la autoridad de competencia, para entender y difundir la regulación sobre este particular.

Una falencia en la regulación sobre competencia, que entorpece la adopción de decisiones del sector privado, es la falta de mecanismos legales ágiles que le permitan tener certeza jurídica respecto de decisiones o conductas que pretenda asumir. Por ello sugerimos la creación de mecanismos opcionales de consulta previos, ágiles, oportunos y vinculantes para la autoridad, con el fin de que los actores económicos, ante la duda, cuenten con elementos de juicio frente a la toma de decisiones individuales o colectivas.

Pero no solamente se requiere fortalecer a las instituciones públicas para promover la competitividad, también es necesario garantizar que el acceso a los servicios financieros vaya de la mano de la estabilidad económica y social. Por eso es necesario prevenir y reprimir la captación ilegal de dinero. En la medida en que la tecnología avanza, los captadores ilegales encuentran un terreno más abonado. De ahí que el control de la captación masiva e ilegal se torna cada vez más complejo. Para garantizar la seguridad y confianza en la economía, la captación masiva de dinero del público debe ser una actividad regulada y sometida a la vigilancia y control por parte del Estado.

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El sistema bancario juega un papel fundamental en la economía. Sus contribuciones al país se dan por diversos canales, como por ejemplo, la importancia de la intermediación financiera en la asignación de capital; como eslabón fundamental en la tarea de transmisión de la política monetaria y crediticia; en la innovación que ha traído al día a día de la gente, haciéndole la vida más fácil; y por último como contribuyente y generador de empleo.

Esta clase de contribuciones se han logrado gracias a un desarrollo natural y sólido del sector bancario. Es así como se ha llegado a que en este momento Colombia cuente con un sector lleno de divergencias entre las actividades que desarrolla cada entidad, es decir, un sistema diversificado que puede responder fácilmente a las necesidades de todos los consumidores financieros. Esto se debe a que la estrategia comercial responde a las necesidades específicas de cada entidad y a su know-how.

Así las cosas, es importante mencionar que las políticas dirigidas hacia el sector bancario deben estar orientadas a buscar mayor eficiencia, profundidad y estabilidad. Sin embargo, los encargados de esta materia deben tener en cuenta que cada entidad es diferente tanto en su estructura como en su estrategia de negocio, por lo que una regulación que trate de estandarizar las características del mercado desconoce completamente la heterogeneidad del sector, impidiendo que las entidades inviertan su capital, conocimiento y experiencia en actividades para las cuales son más eficientes.

En nuestra opinión, existen políticas públicas en curso y algunas nuevas propuestas que van en contra de lo que debe buscar la regulación. No reconocer diferencias en los distintos mercados atendidos puede producir efectos diversos sobre cada entidad o resultados no esperados, que afectarían la capacidad de desarrollar la estrategia de negocio de algunas instituciones; limitarían la creatividad e innovación en la oferta de servicios financieros a determinados segmentos de la población o actividades productivas; se pierden grados de libertad, pero más importante muchos grados de competencia; se restringe la habilidad de potencializar las ventajas comparativas de cada entidad; o generarían impactos igualmente negativos en materia de márgenes, rentabilidad del negocio o solvencia de las instituciones.

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