Edición 823 | Cambios regulatorios para un sistema financiero más competitivo y profundo

A pesar de la incertidumbre que prevalece en los mercados internacionales, por la desaceleración de las economías avanzadas, el deterioro de la solvencia fiscal en las economías europeas y un eventual contagio al sistema financiero internacional, las economías emergentes y en desarrollo se mantienen como el motor del crecimiento mundial. En Colombia estamos viviendo una época de auge, que le abre grandes oportunidades al país. En esta coyuntura es preciso enviar señales de confianza a los mercados y adecuar la regulación para el logro de una economía más competitiva, con el fin de minimizar el impacto de los choques externos y mantenerla en el camino a la prosperidad. El desarrollo del sistema financiero ha contribuido a la competitividad de nuestra economía. Pero a pesar de los logros en este sentido, necesitamos mejorar permanentemente la competitividad de nuestro sistema financiero para contribuir a aumentar la de toda la economía.

La actividad gremial puede contribuir a este propósito. Sin embargo, su eficiente ejercicio está en entredicho. Diferentes gremios del país afrontan investigaciones o han sido sancionados por presuntas prácticas anti-competitivas. Por eso aplaudimos que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) esté trabajando en unas guías sobre promoción y protección de la competencia, enfocadas a señalar los lineamientos para los distintos actores que intervienen en el mercado. Sin embargo, despierta especial preocupación que la SIC tilde como prácticas anti-competitivas per se algunas conductas gremiales. Como la doctrina y la regulación para la protección de la competencia están en construcción, la interacción público-privada es de capital importancia en este campo. En consecuencia, aceptamos la cordial invitación al diálogo que nos hizo la autoridad de competencia, para entender y difundir la regulación sobre este particular.

Una falencia en la regulación sobre competencia, que entorpece la adopción de decisiones del sector privado, es la falta de mecanismos legales ágiles que le permitan tener certeza jurídica respecto de decisiones o conductas que pretenda asumir. Por ello sugerimos la creación de mecanismos opcionales de consulta previos, ágiles, oportunos y vinculantes para la autoridad, con el fin de que los actores económicos, ante la duda, cuenten con elementos de juicio frente a la toma de decisiones individuales o colectivas.

Pero no solamente se requiere fortalecer a las instituciones públicas para promover la competitividad, también es necesario garantizar que el acceso a los servicios financieros vaya de la mano de la estabilidad económica y social. Por eso es necesario prevenir y reprimir la captación ilegal de dinero. En la medida en que la tecnología avanza, los captadores ilegales encuentran un terreno más abonado. De ahí que el control de la captación masiva e ilegal se torna cada vez más complejo. Para garantizar la seguridad y confianza en la economía, la captación masiva de dinero del público debe ser una actividad regulada y sometida a la vigilancia y control por parte del Estado.

 

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