- La sostenibilidad de las finanzas públicas es fundamental, no solo permite aumentar la oferta de bienes y servicios públicos y con ello impulsar el crecimiento económico y el cierre de brechas sociales, sino que promueve la confianza de los inversionistas y preserva el acceso a los mercados de deuda a menores costos. Colombia se ha caracterizado en la región por haber llevado a cabo un manejo responsable de la política fiscal a lo largo de su historia.
- El choque generado por la pandemia, la imposibilidad para tramitar una reforma tributaria estructural y las presiones por mayor gasto social han llevado a que el déficit del Gobierno Nacional se ubique en niveles muy superiores a los observados en 2019, que a su vez impiden que recuperemos el grado de inversión.
- La propuesta tendiente a aumentar la participación de las transferencias como porcentaje de los ingresos corrientes hasta el 46,5% para 2035, supondría una presión significativa para las finanzas públicas. De esa manera, estimamos que, de mantenerse el gasto en los otros rubros según lo estableció el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024, el déficit del GNC se incrementaría hasta el 7,4% del PIB para dicho año, mientras que la deuda como porcentaje bordearía el 82,9% del PIB, nivel superior al límite establecido por la regla fiscal (70% del PIB).
- La magnitud del impacto que tendría la reforma sobre las finanzas públicas es significativa y genera serias preocupaciones, ya que pondría en riesgo el acceso a los mercados de deuda y la senda de crecimiento económico. En este sentido, la propuesta es ciertamente equivocada e inconveniente, a pesar de que persigue el loable objetivo de fortalecer la autonomía regional. Creemos que este objetivo debe promoverse a través de la construcción de capacidades que permitan a las regiones aumentar el recaudo tributario.