Semana Económica

• El cambio climático podría empujar a más de 100 millones de personas a la pobreza en los próximos 15 años. Se afirma que las problemáticas se lograrán controlar a través de estrategias de desarrollo inclusivo con componentes claros, tomando como base la adaptación y mitigación al cambio climático.

• Lograr una adecuada articulación entre el sector financiero y el sector real es uno de los mayores retos para dinamizar apuestas de financiamiento verde que, por un lado, soporten el cumplimiento de metas proyectadas en la política pública y, por otro, impulsen inversiones y oportunidades de negocio sostenibles.

• Teniendo claro lo que está sucediendo en el entorno internacional, regional y local, Asobancaria desarrolló el piloto Industria-Negocios Verdes en el sector bancario como una apuesta revolucionaria e innovadora para fortalecer la financiación del cambio climático en Colombia y contribuir articuladamente con el sector público al cumplimiento de las metas establecidas por el país.

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• El ciclo de expansión económica en Colombia continuó afianzándose durante el 2019 gracias al impulso de la inversión y la solidez en el consumo privado, segmentos que posicionaron a nuestra economía como líder en la región. De hecho, como abordamos a detalle en nuestra edición anterior de Banca y Economía, proyectamos un crecimiento de 3,2% para 2019 y de 3,4% para 2020.

• Esta fase de recuperación económica propició un valioso impulso en el crédito formal, que cerraría el 2019 con un crecimiento cercano a 4.0% real anual, lo que marca una reversión en la tendencia de desaceleración que enfrentó el ciclo crediticio desde el 2014. Este crecimiento encuentra sustento principal en los préstamos de consumo, que revelarían un crecimiento del 12%, el mayor desde el 2012, gracias a la aceleración en los segmentos de libre inversión y libranza. La recuperación no fue evidente para las demás modalidades que, de hecho, mostraron algo de retroceso frente al desempeño de años anteriores.

•Para 2020, partiendo del auge esperado en la actividad económica, nuestra expectativa sobre el crédito es alentadora. Esperamos un crecimiento real del 6,3% en la cartera total, un escenario soportados en una mejor dinámica en todas las modalidades gracias a (i) la reactivación de la inversión, que apoyaría el desempeño de los distintos sectores económicos, (ii) la fortaleza del consumo de los hogares que continuaría observándose en el año, y (iii) el oportuno entorno de tasas bajas en un marco de expansión monetaria que favorecerían los desembolsos.

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• En 2019 la economía colombiana exhibió un mejor desempeño frente a años anteriores. Mantenemos
nuestro estimativo de crecimiento para 2019 en 3,2%, aunque señalamos un ligero sesgo bajista por
cuenta de los efectos de paro nacional y las manifestaciones que se llevaron a cabo hacia el cierre de año.
No obstante, nuestras perspectivas son positivas y dan cuenta del proceso de recuperación que inició en
2018 y que respondió, principalmente, al buen comportamiento del consumo de los hogares y la inversión,
en un contexto de inflación estable y política monetaria expansiva.

• No obstante, se evidenciaron algunas problemáticas en el frente local asociadas al deterioro en las
principales variables del mercado laboral y al incremento en el déficit de cuenta corriente. En el ámbito
externo se observó una desaceleración de las grandes economías del mundo, el escalamiento de las
tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China, así como movilizaciones sociales en varios
países de la región.

• Desde Asobancaria estimamos que en 2020 la economía crecerá a una tasa del 3,4%, cifra que no solo
representa un repunte frente al año anterior (3,2%), sino que superaría el crecimiento esperado de otros
países de la región como Brasil, México, Argentina y Chile. La actividad productiva del país se vería
impulsada por (i) el fortalecimiento de la demanda interna, asociada al consumo de los hogares, (ii) el
anclaje de las expectativas de inflación, (iii) el estímulo a la inversión, (iv) la aceleración de la mayoría de
los sectores productivos, y (v) la política acomodaticia implementada en los países desarrollados,
principalmente en los Estados Unidos.

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• La financiación de vivienda tiene un impacto significativo sobre la calidad de vida de los hogares. Incrementa las posibilidades de obtener casa propia y, de esta manera, contribuye a la reducción del déficit habitacional en el país. Para lograr este objetivo, los esfuerzos iniciales deben concentrarse en la estructuración de los créditos a la construcción de dichas edificaciones, donde se presenta un esquema de apalancamiento y nivel de riesgos particular.

• El uso del esquema fiduciario de preventas viene ganando terreno de forma importante, al constituirse como un mecanismo de mitigación de riesgos. Así mismo, el mercado viene adoptando el instrumento de fiducia completa que supone un control más estricto y de mayor duración sobre el desembolso de recursos.

• El saldo de cartera vigente para constructores de vivienda alcanzó en agosto de este año un valor de $12,7 billones, exhibiendo una contracción real anual de 6,1%. Dicho comportamiento también se reflejó en un mayor deterioro de la calidad de la cartera, influido por un nivel de ventas de unidades habitacionales más bajo, principalmente en la vivienda diferente a interés social.

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• El Congreso de la República enfrenta el enorme desafío de tramitar una reforma tributaria antes de que finalice esta legislatura. Es necesario unir esfuerzos para lograr la aprobación de una reforma que incorpore normas que permitan mantener la estabilidad regulatoria en materia fiscal, en aras de incentivar el crecimiento económico y social, así como para contrarrestar el continuo flagelo de nuestra economía: la evasión fiscal.

• En caso de no lograrse tramitar una reforma tributaria en este corto tiempo, no sólo se enviaría un mensaje negativo a la economía nacional, sino que constituiría un golpe contundente y desafortunado a la seguridad jurídica que tanto reclaman contribuyentes.

• Es importante que exista un debate claro, técnico y mesurado en el desarrollo del proceso legislativo que surte el proyecto de reforma tributaria, especialmente en lo referente a las disposiciones introducidas en su texto que, por ambiciosas que resultan, deben someterse al mayor escrutinio para evitar efectos nocivos en la economía.

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• El panorama de aceleración económica ha generado un clima propicio para la recuperación de la cartera crediticia bruta que creció un 4,8% real anual al corte agosto de 2019. Por otro lado, la adecuada gestión de riesgos adelantada por el sector bancario se ha visto reflejada en el indicador de calidad de cartera que evidenció una mejoría ubicándose en 4,5%, impulsada por el mejor comportamiento de los indicadores de consumo y comercial.

• Dentro de los desafíos que enfrenta el sector bancario en materia de migración hacía estándares regulatorios internacionales, se destaca lo relacionado con: (i) la supervisión comprensiva y consolidada de los Conglomerados Financieros; (ii) las disposiciones de Basilea III en materia de capital (requerimientos de patrimonio adecuado y capital por riesgo operacional); (iii) el Coeficiente de Fondeo Estable Neto (CFEN); y (iv) el Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR). En materia regulatoria también se resalta lo concerniente a los diversos Proyectos de Ley sobre Hábeas Data que se han radicado desde el año pasado.

• Bajo el actual entorno económico, financiero, tecnológico, sociopolítico y ambiental, la función de gestión de riesgos de las entidades financieras enfrenta una serie de retos, dentro de los que se destacan: (i) la desaparición de la LIBOR como tasa de referencia del mercado a partir de 2022; (ii) la ciberseguridad y el fraude; y (iii) la adopción de un esquema de Open Banking.

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• Colombia se encuentra ad portas de ingresar formalmente al destacado grupo de naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El proceso de adhesión, que inició en 2011, incluyó la evaluación de 23 comités y la implementación de más de 50 reformas para alcanzar estándares que se asemejen al resto países miembros. El ingreso formal se daría el próximo año cuando surtan los procesos de aprobación por parte del Congreso.

• Durante este periodo se han logrado importantes avances como el convenio sobre asistencia mutua en materia fiscal, la ley de derechos de autor, el impuesto al carbón para hacer frente a los riesgos del cambio climático y el retiro de ministros de las juntas directivas de empresas reguladas por su ramo. Puntualmente, para el sector financiero el ingreso a la OCDE supuso fortalecer la independencia de la Superintendencia Financiera y darle herramientas para la regulación de conglomerados, así como continuar promoviendo la libre competencia en el sector bancario que ha significado la llegada de nuevas entidades y la reducción de los márgenes financieros.

• En días pasados la OCDE publicó la última revisión económica sobre nuestro país resaltando el rezago que aún se distingue por cuenta de una estancada productividad, informalidad laboral, bajos niveles de ingresos tributarios, concentración de la carga impositiva en el sector empresarial, baja competitividad por adecuaciones pendientes de infraestructura, entre otros.

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• El actual Sistema General de Regalías (SGR), que tiene como propósito impulsar el desarrollo de las regiones tanto productoras como no productoras, así como generar ahorros para el futuro, ha contribuido en los últimos años a generar una considerable mejoría en variables como el ingreso per cápita, el empleo, el acceso a la salud y la cobertura de servicios públicos, favoreciendo así la disminución de la pobreza en los territorios del país.

• No obstante, aún persisten problemas estructurales relacionados con la rigidez del gasto por este concepto, así como con la formulación de los proyectos y su ejecución y evaluación, los cuales han impedido que los recursos obtenidos por la explotación de recursos naturales contribuyan en mayor grado al crecimiento regional y generen incentivos a la explotación minera y de hidrocarburos.

• Estas problemáticas motivaron la presentación del proyecto de Acto Legislativo de reforma al SGR que actualmente se encuentra en trámite, y que propone: (i) modificar la distribución de los recursos, incrementando los ingresos por asignaciones directas que perciben los municipios y departamentos en cuyos territorios se explotan recursos naturales no renovables y (ii) mejorar la ejecución y calidad de la inversión.

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• Destacamos el trabajo del Comité de Ciberseguridad y el Comité de Prevención del fraude de Asobancaria en proponer estrategias gremiales de especial relevancia para mitigar los riesgos de seguridad a los que nos vemos enfrentados actualmente.

• El sector financiero le apuesta a la innovación de sus servicios a través del uso de tecnología para mejorar la experiencia de sus usuarios. La modernización de estos canales y dispositivos de red genera beneficios a los usuarios del sistema financiero, pero también traen consigo nuevas amenazas el sector.

• Hoy en día, el costo monetario de un ataque es mucho mayor que solo reemplazar los dispositivos perdidos o robados, pues las organizaciones están expuestas no solo a sanciones y multas del supervisor, sino a pérdidas en su reputación y buen nombre. Si bien ningún ataque hasta la fecha ha generado inestabilidad financiera, el impacto potencial de un ataque cibernético programado para desestabilizar las funciones y vulnerabilidades de los canales tradicionales del sistema financiero no se ha examinado lo suficiente.

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• Lograr una adecuada articulación entre el sector financiero y el sector real es uno de los mayores retos para dinamizar apuestas de financiamiento verde que, por un lado, soporten el cumplimiento de metas proyectadas en la política pública y, por otro, propendan por impulsar inversiones y oportunidades de negocio sostenibles.

• En el marco del Protocolo Verde de Asobancaria, se crea el proyecto Pilotos de Innovación Financiera, el cual responde a la estrategia de productos y servicios verdes, buscando generar esquemas innovadores de colaboración público-privada que atiendan necesidades específicas de financiamiento y aprovechen oportunidades de inversión sostenible. En la etapa de implementación de este proyecto se priorizaron los sectores transporte, agropecuario e industria (negocios verdes).

• Para el caso del sector agropecuario, se precisó trabajar con el subsector panelero, el cual cuenta con un amplio potencial de crecimiento y de necesidades en cuanto al financiamiento sostenible en su cadena de producción. El sector panelero es el segundo más importante de la agroindustria del país, y constituye la principal fuente de ingresos de un buen número de familias campesinas mediante generación de empleo rural. La panela se produce en 28 departamentos de Colombia y es un eje importante de la economía de 117 municipios.

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• Los indicadores de acceso y uso de los productos financieros han presentado una tendencia creciente en los últimos años. En efecto, la proporción del número de adultos con al menos un producto financiero subió del 57% (16,7 millones) al 82,6% (28,6 millones) en la última década, con lo cual cerca de 12 millones de adultos accedieron al sector financiero formal por primera vez. A su vez, la proporción de adultos con un producto financiero activo pasó del 61,2% al 69,8% entre diciembre de 2014 y junio de 2019.

• Pese a lo anterior, persisten varios retos por mejorar en materia de inclusión financiera en el país. Por un lado, las zonas rurales del país muestran un rezago en los indicadores de acceso frente a las áreas de mayor desarrollo urbano (cerca de 30 pp en las zonas rurales dispersas y de 20 pp en el sector rural). Entre tanto, al analizar por grupos etarios se encuentra que los jóvenes entre 18 y 25 años ingresan al sistema financiero en menor grado que el resto de la población adulta.

• La heterogeneidad presente en los indicadores sugiere que las políticas de inclusión financiera encaminadas a fomentar el acceso de la población adulta al sistema financiero deben ir focalizadas a grupos poblacionales específicos, a partir de lo cual se deben tener en cuenta variables como el nivel de edad y su ubicación geográfica.

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• La transformación del concepto de Vivienda de interés Social y el incremento de su participación en el mercado de construcción y financiación de vivienda ameritan el perfeccionamiento de nuevos programas de vivienda que sostengan su evolución.

• En los últimos 10 años el sector vivienda ha tenido la mayor inversión estatal de la historia a través de los diferentes programas del Gobierno. Sin duda, uno de sus mayores logros ha sido el incremento significativo del segmento de vivienda de interés social o VIS, que pasó de prevender poco más de 30 mil viviendas hace 10 años a 81 mil en 2018, gracias a la confluencia de esfuerzos del sector público y privado.

• Semillero de Propietarios, una de las primeras iniciativas anunciadas por el actual Gobierno, se basa en dos pilares: (i) formalizar el proceso de arrendamiento y centralizar el historial de pagos de las familias de bajos recursos y (ii) subsidiar este arrendamiento para que los hogares incrementen su capacidad de ahorro.

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