Semana Económica

• El 2020 puso a prueba la resiliencia del sistema financiero frente a la materialización de un evento extremo que afectó drásticamente los empleos de millones de colombianos y miles de negocios y empresas y, por ende, en ese entorno su capacidad para continuar honrando sus obligaciones financieras. Este evento de estrés en la economía demostró la fortaleza del sistema y la estabilidad macrofinanciera.

• Las entidades y autoridades regulatorias actuaron oportunamente con programas de alivios financieros que permitieron modificar las condiciones de los préstamos a los deudores afectados. El Gobierno Nacional, por su parte, destino recursos para respaldar la originación de créditos ante un futuro escenario de incumplimiento, consolidando los esfuerzos por reactivar la economía.

• Los avances regulatorios de las últimas décadas han permitido acotar la amplitud del ciclo crediticio y, en esta medida, para 2020 la cartera crediticia habría registrado un crecimiento aún en terreno expansivo cercano al 2,7% real, esperando un mayor impulso en 2021, hacia niveles de 4,5%.

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• El 2020 será recordado como un año atípico y de grandes dificultades en múltiples dimensiones económicas y sociales. Un año en el que la irrupción de una pandemia generó un choque económico sin precedentes que trastocó la dinámica de la actividad productiva a nivel global. Organizaciones como el Banco Mundial han señalado que el grado de afectación, solo comparable con episodios como el de la Gran Depresión, se habría traducido en una contracción de la economía mundial de 4,3% con caídas más pronunciadas para Latinoamérica (6,9%) y la Zona Euro (7,4%).

• En Colombia, las medidas de aislamiento obligatorio implementadas para mitigar el ritmo de propagación del SARS-CoV-2 aunadas a la caída de la demanda externa de bienes y servicios locales, habrían llevado a que la economía se haya contraído entre 6,8% y 7,2% real en 2020, cifra que evidenciaría que el país enfrentó la crisis más severa en al menos 90 años. Dicho lo anterior, es oportuno mencionar que el registro para el año sería menos negativo que el observado en el acumulado a septiembre de 2020 (-8,1%), gracias a la mayor normalización de actividades, pese a la adopción de medidas de restricción a la movilidad a finales de diciembre.

• Esta edición de Banca & Economía presenta, en este contexto, nuestras previsiones de crecimiento económico para 2021. Adicionalmente, y considerando el deterioro evidenciado en el mercado laboral y el sector externo del país durante 2020, analiza de manera prospectiva el comportamiento de variables como el desempleo y la cuenta corriente. Evalúa, desde la óptica del Indicador de Riesgo Macroeconómico de Asobancaria ( la incidencia de la pandemia sobre el estado de la economía
colombiana. Por último, brinda algunas recomendaciones y consideraciones finales.

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• Una gran cantidad de organizaciones en el mundo se ha visto obligada a adaptar sus operaciones a las condiciones impuestas por la pandemia a través de una serie de tendencias macro-generalizadas.

• Esta nueva realidad rompió con todos los paradigmas convencionales a nivel laboral, social y educativo, donde el acceso remoto no solo se convirtió en una tendencia esencial para la continuidad de las diferentes actividades, sino que también se ha evidenciado en algunos casos como una medida de mejora en las operaciones.

• Muchas de las macrotendencias, como la computación de nube, ciberseguridad, blockchain y Open Banking, han tenido un crecimiento importante en esta nueva realidad. Asimismo, se han materializado riesgos subyacentes a causa del gran valor del “activo principal” de las entidades y organizaciones, que son los grandes volúmenes de bases de datos e información.

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• El Ministerio de Educación Nacional, Fasecolda y Asobancaria suman esfuerzos para presentar Nueva Pangea, estrategia que nació del trabajo de casi una década para lograr la implementación de la Educación Económica y Financiera (EEF) en los colegios del país, de manera conjunta entre el sector público y privado.

• Nueva Pangea es una herramienta lúdico-pedagógica en la que varios equipos compiten a través del desarrollo de misiones en torno a la gestión del riesgo y actividades socio-ocupacionales y financieras para fortalecer sus conocimientos, habilidades y aptitudes que les permitan decidir, administrar y planear el uso de sus recursos.

• El problema del bajo nivel de conocimiento en educación económica y financiera requiere el esfuerzo conjunto de múltiples actores y voluntades a largo plazo para poder brindarle a las nuevas generaciones colombianas una base para lograr una mejor calidad de vida.

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• El indicador de inclusión financiera en Colombia alcanzó un 85,9% de la población adulta en junio de 2020. La pandemia generada por el Covid-19 ha sido, sin duda, un catalizador de este resultado. Sin embargo, el indicador de inclusión financiera para zonas rurales (66,1%) y rurales dispersas (55,3%) sigue siendo uno de los focos de atención del sector público y privado, ya que es importante trabajar en cerrar la brecha urbano-rural en materia de acceso a servicios financieros.

• Las zonas rurales tienen un rol importante en la economía. Por lo tanto, se considera pertinente analizar las barreras desde el punto de vista de la oferta, demanda y algunas externalidades que limitan el acceso a servicios financieros por parte de la población rural.

• Las buenas prácticas y las experiencias internacionales, como ruta de evolución para Colombia, son fundamentales para conocer las estrategias encaminadas a mejorar el acceso a los productos y servicios financieros de las zonas más apartadas. Por esta razón, los casos de Chile, Costa Rica, Nigeria y Tailandia presentan estrategias y buenas prácticas, cuya extrapolación fortalecería el financiamiento formal en Colombia.

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• En la actualidad, el tráfico ilegal de especies silvestres constituye el tercer tráfico más grande en el mundo después de las drogas ilícitas y las armas de fuego, ocasionando efectos irreversibles e incalculables en términos de diversidad biológica en el largo plazo. Sin embargo, más allá del impacto ambiental, la magnitud de este mercado genera que esta actividad delictiva constituya un alto riesgo para el Lavado de Activos dadas las grandes ganancias que generan estos delitos.

• Desde finales de 2019, el GAFI propuso entre sus objetivos principales para el periodo 2019- 20201, abordar y combatir los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo asociados al tráfico ilegal de la vida silvestre2. En ese sentido, se han creado unas líneas de trabajo para desarrollar buenas prácticas para los gobiernos y la industria privada que les permitan identificar y gestionar los riesgos derivados de los flujos financieros que genera este comercio ilegal.

• Se estima que el tráfico ilícito de especies silvestres mueve entre USD $9.000 millones y USD $20.0003 millones al año a través de grupos criminales organizados que se encuentran involucrados también en otras actividades delictivas. Estos se sienten atraídos por las bajas sentencias condenatorias y probabilidades de ser detectados, así como por la obtención de grandes ganancias.

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• Hasta hace unos meses, Colombia se posicionaba como un potencial destino turístico para colombianos y extranjeros, hecho que permitió que el valor agregado del sector respecto al PIB pasara de 1,90% a 2,15% entre 2015 y 2019, aun cuando distaba significativamente del promedio de otras economías de la OCDE (4,37%).

• Sin embargo, la irrupción de la pandemia, aunada a las medidas de confinamiento que dispuso el Gobierno Nacional para hacerle frente, provocaron una dramática caída del turismo, en detrimento de todos los actores de la cadena de valor del sector. Esta situación ocasionó, a su vez, una importante caída en los ingresos, los salarios y el personal ocupado, así como un deterioro de las expectativas y una menor contribución a la disminución del déficit en cuenta corriente.

• Ante esta difícil coyuntura, las autoridades nacionales han establecido un conjunto de ayudas en aras de mitigar el impacto en las cadenas de valor de la industria turística. Entre ellas se destaca el Programa de Apoyo al Empleo Formal, el apoyo del Programa de Apoyo al Pago de la Prima de Servicios y algunas transferencias monetarias no condicionadas. Adicionalmente, se han desplegado beneficios tributarios tales como exenciones, exclusiones y la reducción de impuestos para varias actividades del sector.

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• La llegada de la pandemia ha configurado un escenario de incertidumbre y grandes dificultades que ha hecho cambiar el rumbo de las decisiones de inversión y los modelos de negocio. Ante este escenario, tanto el sector financiero como los gobiernos han mostrado que una visión resiliente del problema es fundamental en la construcción de soluciones integrales para la economía.

• Durante los primeros meses de la pandemia en Europa, las compañías de financiamiento se concentraron en brindar alivios a los clientes principalmente en lo referente a la reestructuración del plan de pagos y el otorgamiento de prórrogas, mientras que las autoridades reguladoras se encargaron de garantizar liquidez para enfrentar los cambios en las operaciones. Pese a las dificultades, se prevé una recuperación en modalidades como el leasing, en la medida que se espera que las empresas migren hacia soluciones de consumo que les permitan pagar por el uso de activos.

• En los Estados Unidos, la industria de leasing afrontó la crisis con la ayuda del Gobierno, destinada a permitir prórrogas y restructuraciones en las operaciones. Al igual que en Europa, se espera que el mercado se vuelque más hacia el uso de los activos que a la adquisición de estos, por lo que la industria ampliará su oferta de productos enfocados a atender esta necesidad.

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• El acceso a vivienda digna implica una significativa mejora en la calidad de vida de los hogares colombianos, particularmente en aquellos de menores ingresos, por lo cual es prioritario mantener robusto el esquema de subsidios en el segmento de interés social.

• Los programas Mi Casa Ya (MCY) y FRECH II han incentivado y apalancado con éxito la compra de vivienda de cerca de 339 mil familias en los últimos 5 años.

• No obstante, la creciente demanda de cupos se enfrenta a las estrecheces en la posición fiscal del Gobierno Nacional, lo que podría reducir la cantidad total de cupos disponibles entre 2021 y 2025.

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• El 2020 ha sido, sin duda, un año lleno de cambios en muchos aspectos de la cotidianidad, principalmente en lo que concierne a la virtualidad y las tecnologías de la información y las comunicaciones. La pandemia forzó a las personas a acercarse, conocer, entender y adaptarse al uso de las tecnologías que nos rodean.

• Esta nueva forma de vida ha traído consigo innumerables beneficios y facilidades en nuestro día a día. Sin embargo, también implica una serie de responsabilidades para hacer buen uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, con el fin de proteger nuestra información de criminales cibernéticos.

• El phishing y el smishing son dos modalidades de fraude por medio de las cuales los ciberdelincuentes engañan a las personas mediante un correo electrónico (phishing) o un mensaje de texto (smishing), que supuestamente llega de parte de una entidad oficial, como una entidad bancaria o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre otras, para que el usuario haga clic en el enlace que viene en el cuerpo del correo.

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La Teoría Moderna Monetaria (MMT, por sus siglas en inglés) ha ganado una mayor atención en el campo académico, social y político, favorecida principalmente por la experiencia de expansión de la deuda pública a nivel global que ha coincidido con niveles de inflación controlados, tasas de interés bajas y avances en la reducción del desempleo.

• Su postulado fundamental se puede resumir en que los gobiernos con la capacidad de emitir su propia moneda pueden financiar el gasto público para estimular el empleo solventando su déficit y deuda a través de la creación de dinero, siempre y cuando la inflación permanezca relativamente controlada.

• En medio de una apremiante coyuntura donde los gobiernos a nivel mundial enfrentan significativas presiones fiscales por cuenta de la crisis desencadenada por la propagación de la pandemia, en donde tanto la producción como el empleo han presentado deterioros sin precedentes, es importante analizar la validez y conveniencia de la MMT como guía de política económica para las economías.

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• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, llevada a cabo en Río de Janeiro en 2012. El propósito central era formular un conjunto de metas relacionadas con los desafíos actuales ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta el mundo.

• Son 17 Objetivos Globales, los cuales incluyen 169 metas establecidas en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, comprometiendo así a 190 países miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para dar cumplimiento a las metas a corte del año 2030.

• Para dar cumplimiento a los ODS, y teniendo en cuenta los desafíos generados por la crisis del COVID–19, se hace imperativa la adopción por parte de los Gobiernos de una agenda de recuperación económica que priorice el crecimiento verde y focalice el gasto público hacia aquellos sectores más afectados por la pandemia.

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• Una de las principales características del modelo de negocios de un banco es que sus activos y pasivos no tienen los mismos vencimientos, circunstancia que los hace susceptibles a cambios en las tasas de interés y su estructura de plazos. En este sentido, el IRRBB refleja la exposición del balance estructural a los movimientos adversos de las tasas de interés, lo cual tiene impactos sobre las utilidades de los bancos a través de cambios en los Ingresos Netos por Intereses y el Valor Económico.

• Teniendo en cuenta la importancia de gestionar este riesgo, el BCBS y la EBA han publicado una serie de Principios a través de los cuales buscan que los bancos implementen un proceso integral de gestión de este riesgo y se lleve a cabo una supervisión adecuada.

• Diferentes países a nivel mundial han iniciado la implementación regulatoria del IRRBB con el objetivo de proveer una base reglamentaria sólida para cada uno de sus sistemas financieros. Los principales desafíos que se han evidenciado en estas jurisdicciones tienen que ver con la calidad de la información, la construcción de la base de datos y la parametrización del motor de cálculo o core del proceso.

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La crisis financiera de 2008 dejó entrever fallas en la administración de riesgos en las entidades bancarias que desembocaron en una etapa de creciente regulación financiera. Como consecuencia, se dio un impulso a la Intermediación Financiera No Bancaria (NBFI), anteriormente denominada Shadow Banking.

• Desde el año 2010 el valor de los activos de la NBFI se expandió considerablemente, pasando de registrar cerca de USD 28,2 billones hasta USD 50,9 billones en 2018, lo que representa el 73,2% del PIB global. En el quinquenio 2012-2017, el crecimiento promedio anual bordeó el 8,5%. Estados Unidos y China son los dos países con mayor participación en la NBFI, representando el 45,3% del mercado.

•En América Latina, la NBFI es poco representativa en comparación con los países desarrollados. Al considerar cuatro de los países más importantes de la región, los activos de estas instituciones ascienden a USD 1,2 billones (2,4% de la cifra mundial). El 74% de este monto se encuentra en Brasil.

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