Semana Económica

• La digitalización se ha convertido en un proceso disruptivo que ha transformado los mercados de capitales globales, por lo que cada vez más entidades han evolucionado adoptando prácticas que permitan aumentar su competitividad, incorporando cambios tecnológicos en sus procesos operativos y promoviendo la aparición de nuevos productos y servicios.

• El proceso de digitalización ha avanzado de manera paralela en cinco frentes: (i) el surgimiento y consolidación de nuevos agentes que ofrecen facilidades tecnológicas por medio del uso analítico del big data, la inteligencia artificial y el blockchain; (ii) la automatización de procesos, que ha permitido incrementar eficiencias y reducir costos al interior de las entidades; (iii) la prestación de nuevos servicios, que han facilitado la incursión de nuevos inversionistas y emisores; (iv) la aparición de nuevos productos que buscan crear valor agregado a los clientes, y (v) la regulación que se ha adaptado a la transformación de la industria sin entorpecerla.

• Actualmente, el mercado colombiano no cuenta con la liquidez, profundidad y dinamismo para generar volúmenes que le permitan posicionarse como un referente en la región. Para subsanar estas ausencias se han llevado a cabo iniciativas digitales como A2censo y plataformas de e-trading que han permitido la entrada de nuevos participantes al mercado y han generado una dinámica que promueve su desarrollo.

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• La economía se encuentra atravesando una fase de recuperación luego de las afectaciones ocasionadas por los cierres económicos para controlar la pandemia. Las medidas de gran cuantía por parte del Gobierno Nacional y el sector financiero naturalmente se irán ajustando a esta realidad.

• Una de las preocupaciones en el mundo tiene que ver con la posibilidad de un credit crunch o contracción del crédito en 2021 en la medida en que el retiro de las ayudas y alivios deje entrever mayores niveles de insolvencia empresarial a los esperados dado el grado de apalancamiento inicial en algunos países, lo que podría afectar la estabilidad financiera.

• Para revisar dicha posibilidad en Colombia, se analizó la situación financiera prepandemia de las Pymes, segmento estratégico que contribuye con un 40% de la producción nacional y concentra el 80% del empleo. En términos generales, la situación financiera para 2019 era mucho mejor respecto al último quinquenio y presentaba mejores indicadores frente a las grandes empresas.

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• La crisis económica generada por el Covid-19 ha afectado significativamente a la actividad productiva local, el mercado laboral y el estado de las finanzas públicas. Al necesario aumento en el gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria, que pasó de 18,7% a 22,8% del PIB entre 2019 y 2020, se sumó la caída de 1,0 pp en el recaudo entre los mismos años, que pasó de 16,2% a 15,1% del PIB, lo que puso en calzas prietas la situación fiscal del país. Esto llevó a un aumento sustancial de la deuda del GNC que, de acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda, pasó del 50,3% al 64,8% del PIB entre los mismos años¹.

• Entretanto, aun cuando para el presente año se espera un repunte en la economía, que estimamos se acerque al 4,6%, el déficit del GNC pasaría del 7,8% del PIB en 2020 al 8,6% del PIB en 2021, lo que pone de presente que, para preservar el grado de inversión y mantener la estabilidad macroeconómica, el país deberá llevar a cabo una reforma fiscal que incremente el recaudo y haga más eficiente el gasto.

• En esta línea, se ha venido discutiendo la pertinencia de reducir el número de beneficios tributarios asociados a los gravámenes más representativos, siendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) uno de ellos. Al respecto, se ha señalado que el IVA presenta un amplio potencial como fuente de recursos adicionales para el Gobierno Nacional Central (GNC), toda vez que en 2019 generó gastos tributarios al GNC con un costo fiscal cercano al 7,1% del PIB².

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• El análisis económico, de forma tradicional, ha tenido un enfoque sectorial. Sin embargo, en los últimos años se ha venido generando un enfoque más amplio: la economía de colores. Un punto de partida importante para este cambio ha sido el tema de medio ambiente, el cual se instaló formalmente en la agenda política mundial tras la realización de la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano, citada por la Organización de las Naciones Unidas y realizada en Estocolmo en 1972.

• Estos antecedentes permitieron generar entornos habilitantes para lograr una transformación en la forma de producción y conservar los recursos naturales. En este contexto, y tomando en cuenta los elementos comunes de cada sector, nace el concepto de enfoques económicos relacionados con el ambiente o “economía verde”.

• El enfoque de la economía de colores se centra en agrupar estas actividades con base en elementos comunes asociados a productos provenientes de diversas manifestaciones que van mucho más allá de lo sectorial. De hecho, en cada sector puede desarrollarse más de un color o incluso todos los colores.

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• La pandemia por Covid-19 ha generado cambios significativos en el uso de dispositivos y servicios electrónicos, lo que se puede ver en el mayor uso de servicios como telemedicina, educación virtual y, por supuesto, servicios financieros y comercio.

• Los cambios de consumo en servicios digitales han implicado que las organizaciones busquen contar con esquemas y procesos que protejan a los usuarios y a las plataformas a través de las cuales realizan sus servicios.

• Las entidades financieras, en su gestión de riesgos de seguridad digital, no han sido indiferentes a esta necesidad, por lo cual han usado e implementado tecnologías digitales emergentes buscando reducir así los riesgos de ciberseguridad y fraude asociados a un ecosistema financiero cada vez más relacionado con las tecnologías de la información.

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•Durante 2018 el efectivo fue el principal medio de pago utilizado por los consumidores colombianos, con una participación del 60%. No obstante, gracias a los esfuerzos del ecosistema financiero en materia de innovación y digitalización de productos, esta tendencia ha disminuido su importancia en los últimos dos años. Así, en 2020 el uso del efectivo participó con el 35,9%, el de tarjetas con el 23,2% y el de los pagos desde cuenta con el 20,5%.

• A pesar de que a menudo el efectivo se considera como un medio de pago sin costo, diversos estudios son coincidentes en señalar que acarrea un conjunto de ineficiencias sobre los clientes, empresas y gobiernos.

• Los esfuerzos implementados a nivel nacional e internacional en la reducción del efectivo se han basado en estrategias que involucran los ecosistemas del sector comercio, el de las telecomunicaciones, los bancos centrales y el Gobierno. Así, se ha avanzado hacia el desarrollo y uso de los medios de pagos electrónicos y la consecuente reducción del sobreuso del efectivo.

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• Las instituciones financieras deben gestionar potenciales riesgos financieros, reputacionales, crediticios, de mercado y de responsabilidad civil, derivados de los efectos adversos que podrían generar las actividades comerciales de sus clientes o de los proyectos que financian sobre el ambiente y la sociedad, por lo cual es necesaria su detección y gestión de manera oportuna. En este sentido, algunas entidades han avanzado en la autorregulación mediante la creación de un Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), que incorpora políticas, mecanismos, herramientas y procedimientos para identificar, gestionar y monitorear estos potenciales riesgos.

• Existen diferentes estándares internacionales que contienen directrices en materia de riesgos ambientales y sociales, y que han servido de insumo para que algunas entidades financieras implementen de manera adecuada su SARAS. Entre ellos se destacan: (i) los Principios del Ecuador; (ii) las Normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la IFC; y (iii) los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas.

• A nivel internacional, el “Reporte de Progreso Global” de la Red de Banca Sostenible, arroja que dos terceras partes de sus 38 países miembros han presentado un progreso significativo en el camino hacia una banca sostenible, de los cuales 20 ya se encuentran implementando políticas de ARAS, y seis están en proceso de formulación de normativa o de estándares de industria.

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• La emergencia sanitaria por el Covid 19 afectó la dinámica de los proyectos de construcción, alterando con ello tanto la dinámica del PIB del sector, que se contrajo cerca de 26% en septiembre de 2020, como la disposición de los hogares a adquirir viviendas, que alcanzó sus mínimos durante el segundo trimestre del año.

• No obstante, la rápida adopción de medidas de bioseguridad, los esfuerzos en materia de reactivación económica y una mayor confianza de los consumidores, impactaron positivamente el mercado de vivienda durante el segundo semestre del 2020.

• El volumen de preventas de vivienda nueva alcanzó niveles prepandemia desde junio y en noviembre registró un máximo histórico de 20,9 mil unidades prevendidas. En materia de financiación, en el mismo mes, se perfeccionaron créditos de vivienda por $1,7 billones.

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• En la última década el sector financiero ha jugado un rol fundamental en diseñar estrategias encaminadas a incrementar el acceso y uso de productos financieros por parte de la población colombiana, aportando a mejorar sus niveles de calidad de vida y de bienestar.

• El indicador de acceso a productos financieros ha exhibido un significativo crecimiento en los últimos diez años (23,9 pp). Mientras que en 2010 bordeaba el 62%, en junio de 2020 alcanzó el 85,9%. Así, en ese periodo Colombia pasó de tener 18 millones de adultos con algún producto financiero a cerca de 31 millones. Estos avances permitieron que el país superara la meta del 85% propuesta para el 2022 en materia de acceso.

• A pesar de los avances significativos a nivel nacional, el sector financiero continúa enfrentando brechas en los indicadores de uso y acceso por nivel de ruralidad, género, regiones y grupos etarios.

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• El 2020 puso a prueba la resiliencia del sistema financiero frente a la materialización de un evento extremo que afectó drásticamente los empleos de millones de colombianos y miles de negocios y empresas y, por ende, en ese entorno su capacidad para continuar honrando sus obligaciones financieras. Este evento de estrés en la economía demostró la fortaleza del sistema y la estabilidad macrofinanciera.

• Las entidades y autoridades regulatorias actuaron oportunamente con programas de alivios financieros que permitieron modificar las condiciones de los préstamos a los deudores afectados. El Gobierno Nacional, por su parte, destino recursos para respaldar la originación de créditos ante un futuro escenario de incumplimiento, consolidando los esfuerzos por reactivar la economía.

• Los avances regulatorios de las últimas décadas han permitido acotar la amplitud del ciclo crediticio y, en esta medida, para 2020 la cartera crediticia habría registrado un crecimiento aún en terreno expansivo cercano al 2,7% real, esperando un mayor impulso en 2021, hacia niveles de 4,5%.

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• El 2020 será recordado como un año atípico y de grandes dificultades en múltiples dimensiones económicas y sociales. Un año en el que la irrupción de una pandemia generó un choque económico sin precedentes que trastocó la dinámica de la actividad productiva a nivel global. Organizaciones como el Banco Mundial han señalado que el grado de afectación, solo comparable con episodios como el de la Gran Depresión, se habría traducido en una contracción de la economía mundial de 4,3% con caídas más pronunciadas para Latinoamérica (6,9%) y la Zona Euro (7,4%).

• En Colombia, las medidas de aislamiento obligatorio implementadas para mitigar el ritmo de propagación del SARS-CoV-2 aunadas a la caída de la demanda externa de bienes y servicios locales, habrían llevado a que la economía se haya contraído entre 6,8% y 7,2% real en 2020, cifra que evidenciaría que el país enfrentó la crisis más severa en al menos 90 años. Dicho lo anterior, es oportuno mencionar que el registro para el año sería menos negativo que el observado en el acumulado a septiembre de 2020 (-8,1%), gracias a la mayor normalización de actividades, pese a la adopción de medidas de restricción a la movilidad a finales de diciembre.

• Esta edición de Banca & Economía presenta, en este contexto, nuestras previsiones de crecimiento económico para 2021. Adicionalmente, y considerando el deterioro evidenciado en el mercado laboral y el sector externo del país durante 2020, analiza de manera prospectiva el comportamiento de variables como el desempleo y la cuenta corriente. Evalúa, desde la óptica del Indicador de Riesgo Macroeconómico de Asobancaria ( la incidencia de la pandemia sobre el estado de la economía
colombiana. Por último, brinda algunas recomendaciones y consideraciones finales.

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• Una gran cantidad de organizaciones en el mundo se ha visto obligada a adaptar sus operaciones a las condiciones impuestas por la pandemia a través de una serie de tendencias macro-generalizadas.

• Esta nueva realidad rompió con todos los paradigmas convencionales a nivel laboral, social y educativo, donde el acceso remoto no solo se convirtió en una tendencia esencial para la continuidad de las diferentes actividades, sino que también se ha evidenciado en algunos casos como una medida de mejora en las operaciones.

• Muchas de las macrotendencias, como la computación de nube, ciberseguridad, blockchain y Open Banking, han tenido un crecimiento importante en esta nueva realidad. Asimismo, se han materializado riesgos subyacentes a causa del gran valor del “activo principal” de las entidades y organizaciones, que son los grandes volúmenes de bases de datos e información.

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• El Ministerio de Educación Nacional, Fasecolda y Asobancaria suman esfuerzos para presentar Nueva Pangea, estrategia que nació del trabajo de casi una década para lograr la implementación de la Educación Económica y Financiera (EEF) en los colegios del país, de manera conjunta entre el sector público y privado.

• Nueva Pangea es una herramienta lúdico-pedagógica en la que varios equipos compiten a través del desarrollo de misiones en torno a la gestión del riesgo y actividades socio-ocupacionales y financieras para fortalecer sus conocimientos, habilidades y aptitudes que les permitan decidir, administrar y planear el uso de sus recursos.

• El problema del bajo nivel de conocimiento en educación económica y financiera requiere el esfuerzo conjunto de múltiples actores y voluntades a largo plazo para poder brindarle a las nuevas generaciones colombianas una base para lograr una mejor calidad de vida.

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• El indicador de inclusión financiera en Colombia alcanzó un 85,9% de la población adulta en junio de 2020. La pandemia generada por el Covid-19 ha sido, sin duda, un catalizador de este resultado. Sin embargo, el indicador de inclusión financiera para zonas rurales (66,1%) y rurales dispersas (55,3%) sigue siendo uno de los focos de atención del sector público y privado, ya que es importante trabajar en cerrar la brecha urbano-rural en materia de acceso a servicios financieros.

• Las zonas rurales tienen un rol importante en la economía. Por lo tanto, se considera pertinente analizar las barreras desde el punto de vista de la oferta, demanda y algunas externalidades que limitan el acceso a servicios financieros por parte de la población rural.

• Las buenas prácticas y las experiencias internacionales, como ruta de evolución para Colombia, son fundamentales para conocer las estrategias encaminadas a mejorar el acceso a los productos y servicios financieros de las zonas más apartadas. Por esta razón, los casos de Chile, Costa Rica, Nigeria y Tailandia presentan estrategias y buenas prácticas, cuya extrapolación fortalecería el financiamiento formal en Colombia.

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