Semana Económica

• La celeridad en el proceso de vacunación en los Estados Unidos, aunada a la aprobación del plan de estímulo fiscal de la administración Biden, ha permitido que las expectativas sobre el comportamiento de la actividad económica hayan mejorado de manera significativa en los últimos meses, con su consecuente efecto en términos de reducción en la tasa de desempleo y aumento en la inflación.

• Ante este nuevo escenario, los analistas y el mercado empezaron a descontar un cambio en la postura de la política monetaria por parte de la Fed durante los próximos meses. Estas nuevas perspectivas han llevado a incrementos en las tasas de rendimientos de los bonos del tesoro de los Estados Unidos, las cuales se han transmitido a las tasas de los bonos de los mercados emergentes.

• En Colombia, las condiciones externas llevaron a los bonos de deuda pública a exhibir al cierre del primer trimestre del año mayores rendimientos frente a los observados a comienzos de 2021, mientras que en el mercado de renta variable local los inversionistas extranjeros liquidaron posiciones, con lo que el flujo de capitales hacia el país se redujo sustancialmente. En contraste, la posterior desaceleración en el ritmo de incremento de las tasas de los bonos de deuda de los Estados Unidos en abril permitió que Colombia alcanzara el segundo mejor registro de inversión de portafolio desde que la pandemia irrumpió en el país, un dinamismo que se mantuvo en el mes de mayo, aún pese al aumento de las tensiones sociales.

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• Ante los mayores riesgos para la sostenibilidad fiscal, el pasado 19 de mayo la agencia calificadora S&P anunció la rebaja de la calificación crediticia del país de BBB- a BB+. Sin bien esto se configura como una señal negativa, lo cierto es que los mercados internacionales ya venían descontando el hecho de que Colombia no lograría mantener el grado de inversión.

• Adicionalmente, para 2021 se espera una ampliación del déficit del GNC y de la deuda que, según estimaciones del Ministerio de Hacienda, bordearía el 8,6% y el 65,2% del PIB, respectivamente, a la vez que un posible cambio en el manejo de la política monetaria en los Estados Unidos hacia la segunda parte de 2021 o inicios de 2022 supondría mayores presiones para las finanzas públicas ante unos mayores costos de financiamiento.

• Aunado a lo anterior, con el retiro del Proyecto de Solidaridad Sostenible y el aumento de las tensiones sociales, las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal de largo plazo y la capacidad para llevar a cabo reformas estructurales en este frente se exacerbaron.

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• La construcción de Vivienda de Interés Social (VIS) se ha consolidado en los últimos años como un mecanismo idóneo para mejorar la calidad de vida de las familias colombianas, al reducir la pobreza material, incentivar el crecimiento económico y la profundización financiera.

• Promover el acceso a la VIS implica superar desafíos asociados a menores márgenes de rentabilidad en construcción y mayor riesgo crediticio al financiar. El marco normativo actual busca mitigar algunos de estos impactos.

• Los distintos programas de subsidios han jugado un rol clave al aumentar la capacidad de compra y facilitar el cierre financiero a los hogares con menores ingresos. Su alcance ha sido tal que, entre 2016 y 2020, Mi Casa Ya y FRECH II beneficiaron a cerca de 244 mil familias.

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• La transparencia y el acceso a la información relacionada con las transacciones de los clientes de los sujetos obligados, en particular de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), son la base para la lucha contra el LA/FT/FPADM y el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Sin embargo, a nivel mundial se ha observado que, aunque estos reportes han aumentado sustancialmente, este incremento no se ha visto reflejado en el número de condenas y sanciones que son impuestas por el delito, lo cual hace necesario implementar mecanismos que conlleven una mayor eficiencia en la lucha contra el crimen financiero.

• Las alianzas público-privadas para compartir información financiera (FISP, por sus siglas en inglés) aparecieron en 2015 como foros en los que participan los sujetos obligados del sector privado, las unidades de inteligencia, las agencias de orden público, supervisores y reguladores, para la creación de marcos de intercambio de información que conduzcan a una identificación y notificación más oportuna, relevante y efectiva de actividades sospechosas.

• Estas asociaciones se han articulado de dos maneras alrededor del mundo, diferenciadas por las características de la información que se comparte, pudiendo ser de tipo estratégico o táctico. En las primeras, el enfoque principal está en el desarrollo de tipologías o productos de conocimiento que cubran las amenazas de delitos financieros y destaquen los indicadores de comportamiento relevantes de los actores criminales, en los cuales no se incluye información sensible o confidencial. En el intercambio de información táctica, se comparte con las entidades reguladas la información sensible que se considera relevante para la aplicación de la ley o las investigaciones de inteligencia nacional.

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• La transformación digital está democratizando los datos para dar paso a una mayor transparencia y mejores experiencias. La innovación tecnológica ha permitido la apertura de sistemas más cercanos a nuevas empresas emergentes y a terceros y, en algunos casos, está poniendo los datos directamente en manos de los consumidores.

• El Banking as a Service buscar reducir la complejidad de los productos bancarios y exponerlos como servicios consumibles por terceros. De esta manera, los bancos con licencia integran sus servicios de banca digital directamente en productos de compañías no bancarias.

• El sistema financiero ha desarrollado diferentes procesos de innovación dentro de sus modelos de negocio, donde buscan generar mejores propuestas de valor mediante alianzas con nuevos jugadores y terceros no financieros. Tal es el caso de bancos como SolarisBank o Fidor Bank, que han transformado su visión del negocio bancario a partir de las nuevas oportunidades que surgen del Banking as a Service.

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• La evolución tecnológica nos ha provisto de nuevas herramientas para resolver problemas. La inteligencia artificial (IA), un gran paso en esta dirección, tiene como objeto permitir la realización de las mismas actividades que realiza una mente a través de algoritmos matemáticos y complejos lenguajes de programación de una manera totalmente automatizada. Surgen, sin embargo, riesgos y cuestionamientos: ¿esta inteligencia puede reemplazar el buen juicio del ser humano?

• El uso de este tipo de tecnologías en el sistema financiero tiene como común denominador generar beneficios para las entidades y la sociedad en su conjunto. Así, por ejemplo, brinda al consumidor la facilidad de interactuar con un robot inteligente, de manejar un portafolio de inversión o de resolver sus inquietudes de forma eficiente y a bajo costo. En este sentido, se puede decir que hay un gran campo de acción donde el uso de inteligencias artificiales es provechoso y genera valor agregado al sector y al consumidor financiero.

• Esta tecnología está siendo utilizada cada vez más en los procesos de las entidades financieras. Un ejemplo es la obtención de un score de crédito. No obstante, los individuos tienen muy poco control sobre cómo son calificados e, incluso, tiene menos capacidad para encontrar errores o injusticias en la evaluación de un crédito.

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• El consumidor financiero debe hacer frente a un cambiante entorno económico y financiero que constantemente pone a prueba sus conocimientos y habilidades para entender riesgos y oportunidades. Por ello, resulta fundamental el fortalecimiento de las competencias financieras, tal y como se ha determinado en diversos documentos de política pública nacional.

• Desafortunadamente el panorama en Colombia no es alentador. Si bien ha crecido el número de iniciativas a lo largo de la última década, el indicador de educación del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) presenta un retroceso frente a su edición 2013. Esto significa que, si bien a través de estas iniciativas se está llegando a más personas, no se está logrando el impacto deseado.

• Corregir este escenario solo es posible mediante evaluaciones de todos los componentes que conforman una intervención de educación financiera. Esto permitirá determinar dónde deben estar los recursos invertidos y tomar la decisión de clausurar proyectos que, aunque bien intencionados, no llevan a cambios de hábitos sostenidos en el tiempo, siendo este el único propósito real de cualquier iniciativa de educación financiera.

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• El sector financiero juega un rol trascendental en la economía al proveer oportunidades de acceder a capital de trabajo, inversión y movilidad social mediante el financiamiento formal. La labor de las entidades, destacada en la última década, ha logrado incluir a millones de colombianos al sistema con un diversificado portafolio de productos y servicios, un logro que ha sido posible gracias a la adopción de los mejores estándares internacionales, al fortalecimiento de su operación y a la inversión en desarrollos tecnológicos.

• El crecimiento de la cartera presentó una importante expansión, pasando de $179 billones en 2010 a $524 billones en 2020, una tasa promedio anual de 8% real, lo que permitió que la profundización financiera se incrementara en cerca de 20 puntos porcentuales (pp).

• La expansión y dinámica del sector fue saludable, teniendo en cuenta que la calidad de la cartera permaneció en un dígito y las provisiones que mantienen las entidades cubren por completo la cartera en mora. Para 2021, teniendo en cuenta el ritmo de normalización de la cartera con alivios y la finalización del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD) a mitad de año, se espera un deterioro hacia el 7,5%-8% anticipado por las entidades, un nivel doble del normal, pero que no pondrá en riesgo la estabilidad del sistema.

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• El proceso migratorio venezolano es considerado como la mayor crisis y reto migratorio en Latinoamérica en los últimos 50 años, siendo Colombia el principal país receptor de esta población en la región. Se trata de un evento duradero ya que, ante al empeoramiento de las condiciones socioeconómicas en Venezuela a causa de la crisis sanitaria, solo una pequeña fracción de la población desea regresar a su país.

• Los migrantes exhiben características sociodemográficas que, aun cuando presentan costos para la política pública, también generarían beneficios a mediano y largo plazo en materia económica para el país e incluso a relativo corto plazo si se les facilita un proceso de integración y de regularización de su presencia en el territorio nacional. La población migrante es más joven y con mayor nivel de escolaridad que la local, aunque también exhiben mayores tasas de informalidad, desempleo e ingresos más bajos, dado que la mayoría se encuentra aún sin permiso de residencia en el país.

• Los principales retos que representa el fenómeno migratorio para el Estado colombiano se asocian a los costos fiscales en servicios que requieren los venezolanos en el país, a la condición de irregularidad de algunos de ellos y a su integración social y económica.

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• El leasing es un mecanismo de financiación idóneo para profundizar la inclusión financiera. Sin embargo, su desarrollo se ha visto obstaculizado, lo cual ha retrasado su masificación.

• El marco jurídico aplicable en Colombia representa uno de los principales obstáculos al ser insuficiente para generar la confianza y el entendimiento deseado en los consumidores financieros.

• Existen referentes internacionales útiles en materia de regulación que ofrecen soluciones eficientes a las dificultades nacionales actualmente experimentadas.

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• La digitalización se ha convertido en un proceso disruptivo que ha transformado los mercados de capitales globales, por lo que cada vez más entidades han evolucionado adoptando prácticas que permitan aumentar su competitividad, incorporando cambios tecnológicos en sus procesos operativos y promoviendo la aparición de nuevos productos y servicios.

• El proceso de digitalización ha avanzado de manera paralela en cinco frentes: (i) el surgimiento y consolidación de nuevos agentes que ofrecen facilidades tecnológicas por medio del uso analítico del big data, la inteligencia artificial y el blockchain; (ii) la automatización de procesos, que ha permitido incrementar eficiencias y reducir costos al interior de las entidades; (iii) la prestación de nuevos servicios, que han facilitado la incursión de nuevos inversionistas y emisores; (iv) la aparición de nuevos productos que buscan crear valor agregado a los clientes, y (v) la regulación que se ha adaptado a la transformación de la industria sin entorpecerla.

• Actualmente, el mercado colombiano no cuenta con la liquidez, profundidad y dinamismo para generar volúmenes que le permitan posicionarse como un referente en la región. Para subsanar estas ausencias se han llevado a cabo iniciativas digitales como A2censo y plataformas de e-trading que han permitido la entrada de nuevos participantes al mercado y han generado una dinámica que promueve su desarrollo.

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• La economía se encuentra atravesando una fase de recuperación luego de las afectaciones ocasionadas por los cierres económicos para controlar la pandemia. Las medidas de gran cuantía por parte del Gobierno Nacional y el sector financiero naturalmente se irán ajustando a esta realidad.

• Una de las preocupaciones en el mundo tiene que ver con la posibilidad de un credit crunch o contracción del crédito en 2021 en la medida en que el retiro de las ayudas y alivios deje entrever mayores niveles de insolvencia empresarial a los esperados dado el grado de apalancamiento inicial en algunos países, lo que podría afectar la estabilidad financiera.

• Para revisar dicha posibilidad en Colombia, se analizó la situación financiera prepandemia de las Pymes, segmento estratégico que contribuye con un 40% de la producción nacional y concentra el 80% del empleo. En términos generales, la situación financiera para 2019 era mucho mejor respecto al último quinquenio y presentaba mejores indicadores frente a las grandes empresas.

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• La crisis económica generada por el Covid-19 ha afectado significativamente a la actividad productiva local, el mercado laboral y el estado de las finanzas públicas. Al necesario aumento en el gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria, que pasó de 18,7% a 22,8% del PIB entre 2019 y 2020, se sumó la caída de 1,0 pp en el recaudo entre los mismos años, que pasó de 16,2% a 15,1% del PIB, lo que puso en calzas prietas la situación fiscal del país. Esto llevó a un aumento sustancial de la deuda del GNC que, de acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda, pasó del 50,3% al 64,8% del PIB entre los mismos años¹.

• Entretanto, aun cuando para el presente año se espera un repunte en la economía, que estimamos se acerque al 4,6%, el déficit del GNC pasaría del 7,8% del PIB en 2020 al 8,6% del PIB en 2021, lo que pone de presente que, para preservar el grado de inversión y mantener la estabilidad macroeconómica, el país deberá llevar a cabo una reforma fiscal que incremente el recaudo y haga más eficiente el gasto.

• En esta línea, se ha venido discutiendo la pertinencia de reducir el número de beneficios tributarios asociados a los gravámenes más representativos, siendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) uno de ellos. Al respecto, se ha señalado que el IVA presenta un amplio potencial como fuente de recursos adicionales para el Gobierno Nacional Central (GNC), toda vez que en 2019 generó gastos tributarios al GNC con un costo fiscal cercano al 7,1% del PIB².

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• El análisis económico, de forma tradicional, ha tenido un enfoque sectorial. Sin embargo, en los últimos años se ha venido generando un enfoque más amplio: la economía de colores. Un punto de partida importante para este cambio ha sido el tema de medio ambiente, el cual se instaló formalmente en la agenda política mundial tras la realización de la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano, citada por la Organización de las Naciones Unidas y realizada en Estocolmo en 1972.

• Estos antecedentes permitieron generar entornos habilitantes para lograr una transformación en la forma de producción y conservar los recursos naturales. En este contexto, y tomando en cuenta los elementos comunes de cada sector, nace el concepto de enfoques económicos relacionados con el ambiente o “economía verde”.

• El enfoque de la economía de colores se centra en agrupar estas actividades con base en elementos comunes asociados a productos provenientes de diversas manifestaciones que van mucho más allá de lo sectorial. De hecho, en cada sector puede desarrollarse más de un color o incluso todos los colores.

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