Semana Económica

• Las perspectivas macroeconómicas actuales evidencian que el panorama de riesgos para Colombia continuará proviniendo en buena parte de la creciente incertidumbre del entorno internacional. No obstante, a diferencia de los pronósticos del grueso del mercado a finales de 2018, muchas de las preocupaciones a nivel global en materia macroeconómica se han ido moderando y, en consecuencia, se espera que la volatilidad de los mercados internacionales afecte en menor proporción la actividad económica.

• El crecimiento de los Estados Unidos en 2019 exhibiría una ligera moderación, hacia ritmos de 2,5%-2,7%, un nivel que continuaría por encima del nivel potencial (2,2%) y que no evidencia riesgo inminente de recesión. Esta pérdida de tracción estaría explicada por la desaceleración paulatina de la inversión privada no residencial conforme se diluye el estímulo fiscal, pero sería compensada por el desempeño del consumo en 2019 (2,7%-2,8%) y una aceleración del gasto público federal, que se situaría en 3,8% al cierre del año.

• La economía china se expandió a un ritmo de 6,6% en 2018, un nivel que no solo fue el más bajo desde 1990, sino que pareciera confirmar el gradual proceso de desaceleración de la actividad productiva que se viene presentando desde 2010. Actualmente, las autoridades chinas enfrentan un trade off entre reducir de manera decidida el peligroso nivel de apalancamiento en la economía y estimular la demanda agregada en el corto plazo por medio de medidas contracíclicas. Del rumbo que tome el gobierno chino dependerá el crecimiento sostenible y la estabilidad financiera.

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• La masificación del uso de los medios de transporte es uno de los factores que históricamente ha sido clave en el desarrollo económico y social de los países. Su uso se hace imprescindible como un medio para facilitar la conexión entre lugares geográficamente aislados, debido a la distribución natural de la estructura productiva, permitiendo el intercambio de mercancías y la creación de mercados más robustos y eficientes.

• SPara capitalizar las oportunidades de crecimiento y desarrollo económico y social, uno de los elementos que facilita la masificación de los medios de transporte es la financiación formal de los vehículos, tanto livianos como de transporte terrestre automotor especial, pesados y de carga. Por tanto, el leasing financiero se configura como una alternativa ideal para la financiación a mediano o largo plazo de la adquisición de vehículos, o simplemente para su uso y goce, mediante leasing operativo, pues: (i) su roles transversal al sector privado y público de la economía y (ii) permite la estructuración del plan de inversión, único en su clase, que se ajusta a las necesidades y características específicas de los clientes.

• A través del leasing financiero se financia la adquisición de activos de capital, entre
estos los vehículos, permitiendo que la estructuración del plan de amortización se realice según el modelo financiero y características de negocio de cada cliente. Por su parte, el leasing operativo permite el acceso al uso y goce de los vehículos, con costos iniciales mínimos, y facilita la sustitución de los mismos periódicamente por otros más eficientes y modernos, sin incurrir en mayores desembolsos de capital. De esta manera, el leasing resuelve el problema de la obsolescencia tecnológica.

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Santiago Castro Gómez
Bogotá D.C., 27 de febrero de 2019

• Los resultados de la dinámica económica del país al cierre de 2018 nos permiten calificar el desempeño de la actividad productiva como alentador, luego de tres años consecutivos de desaceleración. En línea con los pronósticos de Asobancaria al inicio del 2018, el crecimiento del PIB para el 2018 alcanzó un 2,7% real anual frente al 1,4% real anual al cierre de 2017.

• Si bien el sector de la construcción había presentado un comportamiento negativo en el 2016 y 2017, los resultados de los indicadores líderes del sector a partir el tercer trimestre de 2018 reflejan claras señales de recuperación que nos permiten avizorar una dinámica positiva del sector para el 2019.

• En materia de financiación de vivienda, en el 2018 se superaron las expectativas previstas; según cifras reportadas por entidades especializadas en financiación de vivienda agremiadas a Asobancaria, en el período anual se perfeccionaron desembolsos por operaciones de financiación de vivienda por un valor cercano a los $17 billones de pesos, representados en alrededor de 147 mil operaciones. Esta dinámica positiva igualmente se reflejó en el comportamiento del saldo de la cartera de vivienda en el 2018, cuyo crecimiento superó los niveles evidenciados para las demás carteras del sector bancario.

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 • Desde hace ya algún tiempo, la banca internacional ha venido construyendo un liderazgo importante en la implementación de estrategias de sostenibilidad y generación de valor compartido. Las organizaciones líderes en este campo a nivel mundial han convertido dichas estrategias en una parte fundamental del negocio financiero.

• El correcto desempeño en lo concerniente a la sostenibilidad empieza por generar estrategias correctamente definidas, estructuradas y alineadas con el objetivo principal de la organización, de tal forma que no es una estrategia aislada, sino que complementa la misión y visión de las compañías de manera transversal.

• La agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es global. A través de ella se busca incluir a la mayor cantidad de actores en pro del desarrollo sostenible. Al día de hoy, esta agenda forma parte de la estrategia de sostenibilidad de muchas organizaciones.

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• Los casos de narcotráfico en la década de los ochenta y noventa, que motivaron reformas legales que condujeron a la tipificación del delito de Lavado de Activos (LA) y a la enumeración de sus delitos fuente, han dado paso a un fenómeno que hoy también es un flagelo para Colombia: los acuerdos anticompetitivos en la contratación pública. Esta conducta, por un lado, puede ser investigada desde la orilla del derecho administrativo y las facultades que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y, por el otro, dar inicio a un proceso penal por parte de la Fiscalía General de la Nación (FGN) por la presunta comisión del delito denominado “acuerdos restrictivos de la competencia” (artículo 410-A del Código Penal), que es un delito contra la administración pública y, en esa medida, es delito fuente del LA.

• Los acuerdos anticompetitivos son entendidos como las conductas desplegadas por un grupo de agentes económicos que tienen por objeto o como efecto restringir o limitar la libre competencia económica. Es una estrategia ilegal desarrollada por los agentes que integran el acuerdo, comúnmente usada por estos para mejorar sus objetivos e indicadores corporativos. Esta conducta ocasiona efectos negativos tanto para el usuario como para el comprador, el consumidor final y para aquellos otros agentes que se desempeñan en el mismo sector económico.

• El establecimiento de acuerdos anticompetitivos es una práctica que ha sido utilizada durante años para obtener objetivos mercantiles. De esta manera, los costos socioeconómicos que ocasiona este tipo de estrategias resultan ser nefastos debido a la pérdida de eficiencia del mercado.

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• El crédito otorgado al sector agropecuario ha evidenciado una tendencia creciente en los últimos años. En efecto, la cartera bruta de este segmento originada por los establecimientos de crédito ha tenido un crecimiento real promedio del 6,9% anual durante el periodo 2013-2018, cifra que ha superado en 1,9 puntos porcentuales (pp) al incremento alcanzado por la cartera total en el mismo período. Así, el valor de la cartera ascendió a $21,9 billones, explicado principalmente por la originación en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca.

• Para lograr la inclusión financiera del 100% de la población adulta colombiana, resulta fundamental aumentar los niveles de acceso al sector financiero de los habitantes de las zonas rurales y de sus actividades productivas. Al cierre de 2017, existía una brecha de más de 20 pp entre el indicador de inclusión de las áreas con mayor desarrollo urbano y el segmento rural, mientras que para el caso de la población del segmento rural disperso la brecha ascendió a 30 pp.

• Con el propósito de generar más información sobre la demanda por productos financieros en el segmento rural y rural disperso, Asobancaria suscribió un convenio con la Sociedad de Agricultores de Colombia con el fin de elaborar la Encuesta de Opinión Agropecuaria (EOA). Por medio de ella se implementaron más de 800 encuestas a nivel nacional, las cuales facilitan la caracterización de la demanda por servicios y productos financieros entre los empresarios del sector rural.

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• En el panorama externo, el año 2018 estuvo marcado por hechos como: (i) la imposición de barreras arancelarias entre las dos mayores economías del mundo, (ii) las sanciones impuestas a Irán por parte de la OPEP, (iii) el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal (FED) y (iv) la crisis cambiaria turca. Para el año que comienza, los elementos que sumarán volatilidad a los mercados financieros y a la economía global se concentrarán en: (i) la salida del Reino Unido de la Unión Europea, (ii) los recortes de producción por parte de los países petroleros, (iii) la consolidación de nuevos proyectos políticos y (iv) la desaceleración de la economía china.

• A nivel local, en 2018 observamos una moderada recuperación. Luego de tres años de progresiva desaceleración económica revertimos la tendencia y, entre enero y septiembre de 2018, la economía se expandió 2,5% anual. Esta reactivación estuvo acompañada por una mejoría de fundamentales económicos como la estabilidad de precios y la sostenibilidad fiscal. En cuanto al sistema financiero, en lo corrido de 2018 creció 3,5%, confirmando que el sector ha sido, es y seguirá siendo un jalonador del crecimiento del país. Para el año que acaba de comenzar, esperamos que la economía colombiana crezca en torno al 3,2%.

• De forma paralela a los retos macroeconómicos, la banca ha afrontado y asumido importantes desafíos. Dentro de estos, se destaca la adopción de los estándares del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) tanto en lo concerniente a la supervisión coherente y efectiva de los conglomerados, como en lo referente a Basilea III. Este año, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) debe expedir
reglamentación sobre: (i) el Decreto 1477 de 2018, por medio del cual se modificó el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con los requerimientos de patrimonio adecuado de los establecimientos de crédito, y (ii) la Ley 1870 de 2017 y los Decretos 774 y 1486 de 2018, por medio de los cuales se dictan normas para fortalecer la regulación y supervisión de los conglomerados financieros.

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• En febrero de 2013, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó una nueva metodología, tanto para evaluar el cumplimiento de sus estándares internacionales en la lucha contra el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas (FPADM), como para que esta fuese implementada en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas. Esta nueva metodología analiza y evalúa, por una parte, el cumplimiento técnico y, por otra, el cumplimiento efectivo.

• Los resultados del proceso de evaluación del sistema Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) de Colombia, publicados el pasado 8 de noviembre, implican que las Agencias de Orden Público (AOP), las Unidades de Cumplimiento de los más de 418 sujetos obligados del sector financiero y, en general, todas las entidades involucradas en la cadena de prevención, detección, investigación y juzgamiento de estos fenómenos, deben hacer un análisis detallado del informe, sus resultados y conclusiones, con el fin de determinar el mejor plan de acción a implementar
para mejorar los resultados de aquellas recomendaciones en las que no se obtuvo las máximas calificaciones.

• Conforme con los hallazgos encontrados por el FMI, se evidencia que, de las recomendaciones del GAFI que competen a las instituciones financieras, no hay ninguna incumplida. El 26,3% están cumplidas el 21,1% están mayoritariamente cumplidas y el 47,8% están parcialmente incumplidas. Lo anterior significa que el sector, en compañía de su supervisor, debe realizar acciones urgentes que tengan como objetivo: (i) disminuir su vulnerabilidad al LA; (ii) considerar como factor de riesgo la FT; (iii) establecer riesgos sectoriales; (iv) aplicar sanciones más fuertes y cambiar la estrategia de la emisión de cartas de advertencia y (v) mejorar los mecanismos para el establecimiento de la información del beneficiario final.

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• Colombia parece haber encontrado, finalmente, el anhelado punto de inflexión en el desempeño de su actividad productiva. Luego de tres años consecutivos de desaceleración, el crecimiento del PIB durante 2018 habría alcanzado un 2,7% real anual. Este panorama de aceleración económica y de una política monetaria expansiva, en medio de un escenario económico y político retador, generó un clima propicio para la recuperación de la cartera crediticia en 2018, que habría alcanzado un crecimiento cercano a 2,8% real anual, particularmente jalonado por el mayor impulso de las carteras de consumo y vivienda y la modesta recuperación de la cartera comercial.

• En materia de calidad de cartera, el indicador tradicional de morosidad, en línea con lo anticipado, dado el ciclo económico, habría aumentado 0,3 pp frente a 2017, ubicándose a cierre de 2018 en 4,6%. El sector bancario, en este contexto, continuó fortaleciendo los mecanismos de monitoreo y gestión de riesgos, lo que permitió acotar las probabilidades de un mayor deterioro y mantener un nivel de provisiones holgado, con una cobertura que alcanza hasta 1,3 veces el saldo de cartera vencida.

• Para 2019, las estimaciones plantean un mejor panorama macroeconómico y, en consecuencia, un desempeño más dinámico de la cartera bancaria. En efecto, (i) la reactivación de los canales de inversión, (ii) el fortalecimiento de la demanda interna, particularmente el consumo privado, (iii) una mayor ejecución de proyectos 4G, (iv) la reducción de la carga tributaria empresarial y (v) unas condiciones de liquidez favorables, soportan nuestras perspectivas de un crecimiento real anual de la cartera cercano a 4,5% en 2019. La cartera comercial y de consumo serán la principal fuente de impulso, mientras que el segmento de vivienda empezaría a desacelerarse. En materia de vencimientos, esperamos que el indicador de calidad de la cartera mejore y cierre el año en 4,1%.

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• En línea con nuestros estimativos, la actividad económica colombiana exhibió un comportamiento positivo en lo corrido del 2018. En efecto, el gradual proceso de recuperación de la actividad productiva nacional se vio favorecido por la reactivación de la demanda interna, particularmente del consumo privado y del gobierno. El dinamismo de la demanda interna en los tres primeros trimestres de 2018 y la mejoría de buena parte de los indicadores líderes, permitirían confirmar las expectativas positivas que se tenían a inicios de año y que señalaban un crecimiento cercano a 2,7% en 2018.

• La economía contó con un mayor dinamismo en la mayoría de las ramas de actividad frente a los registros de 2017, así como con una inflación que convergió durante todo el año a su rango meta a pesar de la inestabilidad de los precios del petróleo y el acelerado comportamiento de los precios de regulados. De igual manera, los déficits fiscal y en la balanza comercial se acotaron en medio de un contexto externo caracterizado por la turbulencia que enfrentaron los mercados emergentes y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
• Estimamos que el crecimiento de la economía bordearía el 3,2% en 2019, una cifra que, si bien daría cuenta de la consolidación del proceso de recuperación económica, aún se encontraría por debajo de su nivel potencial (en torno al 3,8%). Los factores que impulsarían a la actividad productiva están hoy asociados a (i) la reactivación de los canales de inversión, (ii) una política monetaria expansiva que dinamizará las diferentes modalidades de crédito, (iii) la recuperación de sectores económicos como la construcción y (iv) la permanencia de la inflación en su rango meta.

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• Implementar un programa de educación económica y financiera en los colegios de Colombia, tal y como lo recomienda la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, es una necesidad que no da espera, más cuando en el caso colombiano se cuenta con toda la infraestructura académica y pedagógica necesaria.

• Para lograr una implementación integral, Asobancaria propone un plan de trabajo completo en el cual se han contemplado las soluciones a las principales barreras que pilotos anteriores y ejercicios internacionales han detectado, involucrando entes públicos y privados de los ordenes nacionales, regionales y locales.

• Los beneficios de lograr esta meta son claros, tal y como destacados organismos y economistas han venido concluyendo. A nivel individual, con un manejo más adecuado de los recursos disponibles y, a nivel país, con un sistema financiero sólido y en condiciones de brindar financiamiento para el cumplimiento de objetivos claves para un desarrollo sostenible.

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• Con la expedición del Presupuesto General de la Nación, Ley 1940 de 2018, el Gobierno Nacional se enfrenta a un déficit fiscal de, aproximadamente, 14 billones de pesos. Con la finalidad de cubrir el faltante presupuestal de la vigencia fiscal entrante, se radicó ante el Congreso de la República un Proyecto de Ley de Financiamiento, cuyo objeto es el aumento del recaudo por parte de la Administración, a través de la incorporación de modificaciones sustanciales al régimen tributario colombiano.

• La Administración actual afronta una serie de retos económicos que se traducen en la necesidad de promover la Ley de Financiamiento ante el legislador colombiano y, al tiempo, impulsar la productividad, aumentar el grado de confianza inversionista, reducir el desempleo, apostar por las industrias creativas y el emprendimiento, mejorar la infraestructura y, en general, reactivar la economía.

• A pesar de las bondades del Proyecto de Ley, es necesario que en el trámite legislativo se analicen y ajusten asuntos como gravar los créditos y derivados asociados a crédito obtenido en el exterior por o a través de establecimientos de crédito colombianos; imponer el IVA a las comisiones por utilización de las tarjetas débito y crédito y a las operaciones cambiarias; desincentivar la construcción y el financiamiento de vivienda; eliminar el componente inflacionario de los rendimientos financieros como ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional; y se consagre un tratamiento tributario para los bonos híbridos, entre otros.

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• La respuesta a la pregunta de qué mercado de capitales queremos para los próximos años no es sencilla y sin duda las ideas y el trabajo que se desplieguen en espacios como el Simposio de Mercado de Capitales contribuirán a enarbolar los análisis y políticas que nos van a permitir avanzar hacia el cierre de nuestras brechas en materia de desarrollo económico, social y financiero.

• En medio de las duras pruebas que ha sorteado la economía durante los últimos cuatro años, es apenas natural que el mercado de capitales local haya perdido tracción. En efecto, en lo corrido de 2018, el índice COLCAP ha caído un 8% y no parece avizorarse una recuperación marcada en lo que resta de este año. Las emisiones en renta variable apenas alcanzarán a representar la quinta parte del monto máximo emitido en un año, hecho que ocurrió en 2011. En cuanto al mercado de renta fija corporativa, todo parece indicar que las emisiones de este año apenas alcanzarán la mitad del monto colocado en 2017.

• Estas preocupaciones nos han llevado a impulsar diversas iniciativas que favorezcan la mayor profundidad de nuestros mercados. Es por ello que, conscientes de la necesidad de desarrollo de nuestro mercado de capitales, su trascendencia para el bienestar social y su influencia para consolidar el desarrollo económico, hemos apoyado con gran optimismo la instauración de la nueva Misión del Mercado de Capitales.

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• Para el sector financiero, la infraestructura de computación en la nube ha significado una oportunidad para evolucionar sus procesos operativos hacia soluciones más eficientes

• En Colombia aplican regulaciones de dos tipos para los servicios de computación en la nube. En ambos casos, el país cuenta con una regulación robusta; sin embargo, no existe una norma específica que defina los aspectos regulatorios para la adquisición y uso de servicios de nube.

• En septiembre de 2018, la Superintendencia Financiera de Colombia publicó, para comentarios del público, un proyecto de circular externa acerca de las reglas relativas al uso de computación en la nube por parte de las entidades vigiladas, con el objetivo de facilitar la aplicación de estos servicios en la prestación de servicios financieros.

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