Edición 1173 | Reflexiones sobre los acuerdos anticompetitivos en la contratación pública y su posible incidencia en el lavado de activos

• Los casos de narcotráfico en la década de los ochenta y noventa, que motivaron reformas legales que condujeron a la tipificación del delito de Lavado de Activos (LA) y a la enumeración de sus delitos fuente, han dado paso a un fenómeno que hoy también es un flagelo para Colombia: los acuerdos anticompetitivos en la contratación pública. Esta conducta, por un lado, puede ser investigada desde la orilla del derecho administrativo y las facultades que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y, por el otro, dar inicio a un proceso penal por parte de la Fiscalía General de la Nación (FGN) por la presunta comisión del delito denominado “acuerdos restrictivos de la competencia” (artículo 410-A del Código Penal), que es un delito contra la administración pública y, en esa medida, es delito fuente del LA.

• Los acuerdos anticompetitivos son entendidos como las conductas desplegadas por un grupo de agentes económicos que tienen por objeto o como efecto restringir o limitar la libre competencia económica. Es una estrategia ilegal desarrollada por los agentes que integran el acuerdo, comúnmente usada por estos para mejorar sus objetivos e indicadores corporativos. Esta conducta ocasiona efectos negativos tanto para el usuario como para el comprador, el consumidor final y para aquellos otros agentes que se desempeñan en el mismo sector económico.

• El establecimiento de acuerdos anticompetitivos es una práctica que ha sido utilizada durante años para obtener objetivos mercantiles. De esta manera, los costos socioeconómicos que ocasiona este tipo de estrategias resultan ser nefastos debido a la pérdida de eficiencia del mercado.

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Edición 1172 | El financiamiento del sector agropecuario en Colombia: condición fundamental para el aumento de la inclusión financiera

• El crédito otorgado al sector agropecuario ha evidenciado una tendencia creciente en los últimos años. En efecto, la cartera bruta de este segmento originada por los establecimientos de crédito ha tenido un crecimiento real promedio del 6,9% anual durante el periodo 2013-2018, cifra que ha superado en 1,9 puntos porcentuales (pp) al incremento alcanzado por la cartera total en el mismo período. Así, el valor de la cartera ascendió a $21,9 billones, explicado principalmente por la originación en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca.

• Para lograr la inclusión financiera del 100% de la población adulta colombiana, resulta fundamental aumentar los niveles de acceso al sector financiero de los habitantes de las zonas rurales y de sus actividades productivas. Al cierre de 2017, existía una brecha de más de 20 pp entre el indicador de inclusión de las áreas con mayor desarrollo urbano y el segmento rural, mientras que para el caso de la población del segmento rural disperso la brecha ascendió a 30 pp.

• Con el propósito de generar más información sobre la demanda por productos financieros en el segmento rural y rural disperso, Asobancaria suscribió un convenio con la Sociedad de Agricultores de Colombia con el fin de elaborar la Encuesta de Opinión Agropecuaria (EOA). Por medio de ella se implementaron más de 800 encuestas a nivel nacional, las cuales facilitan la caracterización de la demanda por servicios y productos financieros entre los empresarios del sector rural.

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