Julio 2017

• Empezando el año, Asobancaria advirtió que la reforma tributaria de 2016 le podría restar 0,3% al PIB, lo que derivaría en un crecimiento económico cercano a 2,3% en 2017. Los resultados del primer trimestre, en torno a un crecimiento del 1,1%, y el curso de los indicadores líderes en materia de confianza y actividad económica, evidencian que el periodo de ajuste será más largo y profundo que el anticipado. El mercado y el grueso de analistas, en este escenario, han comenzado a revisar sus perspectivas de crecimiento hacia ritmos más cercanos al 1,8% en 2017, lo que señala que solo hasta 2018 se comenzaría a materializar el anhelado proceso de recuperación.

• Las tasas nominales de las empresas no son competitivas con las del resto de la región. Mientras el recaudo del impuesto sobre la renta de las empresas representa el 25% del recaudo total en Colombia, en Latinoamérica constituye el 16%. Para el año gravable 2017, las grandes empresas colombianas pagarán una tarifa de 34% de impuesto de renta con una sobretasa de 6%, ello, sin contar la mayor base gravable que resultaría de las nuevas disposiciones, entre ellas, la adopción de las NIIF para la determinación de bases fiscales.

• En términos técnicos y de equidad, una estructura tributaria debería centrarse en gravar más a los contribuyentes a través de impuestos directos. El énfasis en el IVA y otros impuestos indirectos torna al sistema altamente regresivo.

• Se ha dicho que podría resultar necesaria una reforma tributaria adicional en un horizonte temporal de dos años con el propósito de cumplir la regla fiscal. De ser así, la toma de las medidas económicas adecuadas, por ejemplo, un gasto público riguroso y una reglamentación apropiada y clara, se convierten en piedras angulares para garantizar la sostenibilidad fiscal.

• Los retos del gobierno en materia tributaria son persistentes, por ejemplo, emplear todos los mecanismos para el control de la evasión, modernizar la autoridad tributaria, promover el monotributo, implementar la factura electrónica, reglamentar el efecto fiscal de los ajustes por diferencia en cambio, implementar el recaudo de impuestos territoriales a nivel nacional a través de canales electrónicos y unificar el formulario del Impuesto de Industria y Comercio -ICA.

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El uso del efectivo como principal medio de pago obstaculiza la lucha contra la corrupción. La alta complejidad para poder hacer trazabilidad de los pagos en efectivo facilita la operación de quienes actúan al margen de la ley. No obstante, las nuevas posibilidades tecnológicas permiten que los pagos se realicen de manera digital, con plena trazabilidad entre la fuente y el receptor, lo cual potencia el control fiscal en la lucha contra la corrupción, la evasión y las actividades ilegales en general.

• Las denominadas Cuentas Maestras son productos abiertos en los bancos que tienen dos características fundamentales: i) solo son permitidas para transferencias electrónicas para la realización de pagos y ii) los beneficiarios de los giros deben estar preinscritos ante la entidad bancaria. De esta manera, el Gobierno y los entes de control reciben de parte de los bancos reportes periódicos de los movimientos que se realizan sobre estos productos y la identidad de sus actores.

• Las Cuentas Maestras son un claro ejemplo de las estrategias a través de las cuales el Estado puede ser, más allá de los temas regulatorios, un impulsor directo de la digitalización de pagos, potencializando beneficios, no solo en materia de control y fiscalización, sino en materia económica y social.

• El desarrollo y la apropiación de las Cuentas Maestras cumplen un rol protagónico dentro del marco de estratégicas para la reducción del sobreuso del efectivo. Sin embargo, si bien configura un avance notable poder incorporar este tipo de parámetros dentro de la política pública, existen varios desafíos por superar para aprovechar a plenitud los potenciales de las Cuentas Maestras y la digitalización de pagos.

• Asobancaria aplaude este tipo de iniciativas y considera de la mayor importancia seguir trabajando en estrategias que ayuden a la inclusión financiera, a la digitalización de pagos y, de esta manera, a los procesos de supervisión y control que deben ejercer las entidades estatales. Avanzar en este propósito no solo garantizará una mayor eficiencia en la gestión de la administración pública sino que contribuirá a modernizar el ecosistema de pagos.

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• En los últimos meses, los riesgos y flagelos de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como sus delitos fuente, han tomado especial relevancia en la región por sus efectos negativos sobre las economías y la reputación de las entidades tanto públicas como privadas. Recientes estudios así como noticias de prensa dan cuenta de la importancia de analizar estos tópicos dentro de la agenda pública y privada de nuestros países.

• La corrupción es uno de los temas que acapara la atención del hemisferio. Este flagelo impacta negativamente los niveles de transparencia y justicia social, así como la competitividad y eficiencia para el desarrollo empresarial. En esta línea, este problema debe atacarse tanto en la esfera pública como la privada. En cada jurisdicción se deberán implementar políticas y reformas profundas a la regulación para su prevención.

• Los retos en el corto plazo en materia de prevención y mitigación del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo son: (i) expedición de regulación puntual que permita identificar la legalidad y los riesgos asociados de las operaciones realizadas a través de las FinTech; (ii) contar con una única fuente pública de información actualizada para gestionar los preceptos contenidos en el Decreto 1674 de 2016 sobre PEPs; y (iii) consolidar el compromiso de las altas directivas, Juntas o Asambleas, en la mitigación, prevención y control de estos riesgos.

• El país debe avanzar en la implementación de planes de acción de mejora sobre los hallazgos de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) realizada en 2016, puntualmente en: (i) unificar los mínimos que deben contener los sistemas de administración de riesgos de LA/FT en todos los sectores de la economía; (ii) fortalecer y homogenizar las capacidades de los supervisores en Colombia; (iii) robustecer el sistema de seguimiento estadístico a cargo de la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF-; y (iv) reforzar el sistema investigativo y judicial mediante la tecnificación de las unidades y la especialización de fiscales, jueces y policías judiciales en temas de LA / FT y extinción de dominio.

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