• En los últimos meses, los riesgos y flagelos de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como sus delitos fuente, han tomado especial relevancia en la región por sus efectos negativos sobre las economías y la reputación de las entidades tanto públicas como privadas. Recientes estudios así como noticias de prensa dan cuenta de la importancia de analizar estos tópicos dentro de la agenda pública y privada de nuestros países.
• La corrupción es uno de los temas que acapara la atención del hemisferio. Este flagelo impacta negativamente los niveles de transparencia y justicia social, así como la competitividad y eficiencia para el desarrollo empresarial. En esta línea, este problema debe atacarse tanto en la esfera pública como la privada. En cada jurisdicción se deberán implementar políticas y reformas profundas a la regulación para su prevención.
• Los retos en el corto plazo en materia de prevención y mitigación del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo son: (i) expedición de regulación puntual que permita identificar la legalidad y los riesgos asociados de las operaciones realizadas a través de las FinTech; (ii) contar con una única fuente pública de información actualizada para gestionar los preceptos contenidos en el Decreto 1674 de 2016 sobre PEPs; y (iii) consolidar el compromiso de las altas directivas, Juntas o Asambleas, en la mitigación, prevención y control de estos riesgos.
• El país debe avanzar en la implementación de planes de acción de mejora sobre los hallazgos de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) realizada en 2016, puntualmente en: (i) unificar los mínimos que deben contener los sistemas de administración de riesgos de LA/FT en todos los sectores de la economía; (ii) fortalecer y homogenizar las capacidades de los supervisores en Colombia; (iii) robustecer el sistema de seguimiento estadístico a cargo de la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF-; y (iv) reforzar el sistema investigativo y judicial mediante la tecnificación de las unidades y la especialización de fiscales, jueces y policías judiciales en temas de LA / FT y extinción de dominio.