Noviembre 2015

Aunque subsistan opiniones escépticas frente a la existencia del título valor electrónico y en especial sobre el documento con el que se cobrará la obligación “incorporada”, esta noción tiende a consolidarse en todos los niveles y, en la medida que los mecanismos técnicos brinden mayor seguridad, tendrán seguramente un mayor grado de aceptación y confianza.

Para que en Colombia se incremente el uso del factoring y se logre una efectiva inclusión y profundización financiera, facilitando la liquidez y el flujo de caja que las Mipymes requieren, es necesario que se reglamente la circulación de la factura electrónica como título valor y se pueda contar con un sistema público centralizado de información sobre estos documentos que permita conocer todo lo que con ellos se relaciona (fecha de giro, deudor, acreedor, aceptación, negociación, etc.), especialmente cuando los documentos de negociación son facturas.

Actualmente, de forma paralela y por distintas causas, se vienen trabajando en el país dos proyectos reglamentarios que, separadamente, pretenden acoger los estándares internacionales de la facturación electrónica. De una parte, la DIAN busca efectuar un control netamente fiscal para combatir el fraude, la evasión y el contrabando. De otro lado, en cumplimiento de los mandatos de la Ley 1231 y del Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo pretende reglamentar la circulación efectiva de la factura electrónica como título valor y su registro.

Para que las propuestas normativas logren los efectos esperados resulta de gran importancia que se precisen y resuelvan algunos aspectos que son claves para lograr la efectividad esperada de la reglamentación.

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Entre las causas o falencias del sistema tributario colombiano identificadas por la OCDE y ratificadas en el Informe presentado al Gobierno por la “Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria”, se encuentra que este “castiga la eficiencia económica, la formalidad laboral y la competitividad empresarial”.

En Colombia, la mayor carga impositiva recae de manera drástica sobre las empresas, lo que deriva en enormes y adversos efectos en la dinámica de la inversión. En efecto, impuestos como el de la riqueza e ICA encarecen la acumulación de capital, al tiempo que la alta tasa del impuesto sobre la renta, que aumentó en 2015 por la sobretasa al CREE del 34% al 39% y alcanzaría el 43% en 2018, ha convertido a Colombia en uno de los países con mayores tasas de tributación efectiva.

Las tarifas de retención en la fuente del sector financiero son altas. En 2014 las autorretenciones por concepto de intereses de cartera del sector presentaron un saldo a favor de $41.000 millones y por concepto de comisiones de $112.000 millones. Por su parte, las autorretenciones en los derivados han llegado a representar, en algunos años, más del 400% de las utilidades de estos contratos y durante 2013 y 2014, a pesar de que se generaron pérdidas en su operación, el monto de autorretención ascendió a $ 147.000 y $322.000 millones, respectivamente.

Aunque la carga impositiva en Colombia ha aumentado, los ingresos por este concepto continúan siendo bajos, en buena parte como consecuencia de la alta tasa de evasión. Una herramienta importante para combatirla es el “Plan contra la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios” –BEPS de la OCDE, cuyo estándar de aplicación mínimo fue presentado en octubre. Este estándar mínimo adopta medidas tendientes a buscar transparencia, prevenir el “treaty shopping” o abuso de los tratados, reforzar las disposiciones de precios de transferencia y crear mecanismos efectivos de solución de conflictos.

La formalización de las empresas se constituye como una de las mejores herramientas contra la evasión fiscal y de allí la importancia de adoptar medidas tributarias que no solo brinden claridad al micro y pequeño empresario, sino que incentiven además la formalización. La implementación de un Régimen de Transición Tributario (RTT) permitirá, en este contexto, simplificar las obligaciones tributarias formales de las empresas más pequeñas, lo que hará más amigable el tránsito hacia la formalidad para aquellas empresas que aún ven en el esquema tributario una de las principales talanqueras en ese proceso.

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En el país persiste un importante rezago en materia de competitividad. Por ejemplo, el Índice de Desempeño Logístico de Colombia ha presentado retrocesos en los últimos años en el componente de infraestructura relacionada con el transporte. Por su parte, el Índice Global de Competitividad también indica que el país no ha mejorado en la calidad de sus carreteras y, aunque no debe desconocerse que otra serie de elementos obstaculizan los avances en competitividad, el tema vial es uno de los principales cuellos de botella. De allí la importancia de los programas de construcción, reparación y adecuación de infraestructura vial que apunten a disminuir tales brechas permitiendo la interconexión eficiente del país.

El programa de concesiones de cuarta generación (4G) se constituye como el más importante en la historia reciente del país. A la fecha, el valor más probable de inversiones de este plan en su componente vial asciende a 36,7 billones de pesos. Este valor es 2,7 veces superior a los recursos invertidos en la primera, segunda y tercera generación de manera conjunta. Los estimativos realizados por Asobancaria indican que la totalidad del programa le aportará, en promedio, 0,4% al crecimiento económico durante el periodo 2015-2022. El mayor aporte al crecimiento se realizaría en 2018 (0,8%) y se espera que a partir de allí tome una senda decreciente hasta 2022 (0,61%). En ese sentido, es importante formular desde ya la hoja de ruta de largo plazo en materia de desarrollo de infraestructura, un paso que esperamos se materialice a través del diseño e implementación del Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI).

En materia de financiamiento se ha conocido que seis proyectos de la primera ola han obtenido aprobaciones en firme de recursos por parte de entidades financieras para generar los cierres contractuales ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), aunque todavía quedan pendientes los cierres totales que deberían generarse en los próximos meses. Con este paso se aproximan las primeras obras físicas del programa 4G.

Debe reconocerse que existen algunos elementos sobre los cuales se debe avanzar para lograr el financiamiento de las obras, puntos que se han ido identificando y poniendo en conocimiento de las autoridades competentes. Entre estos puntos se cuentan: el porcentaje de endeudamiento de los concesionarios, la participación de la ANI en los contratos de Alianzas público privadas, los alcances de la Ley de Garantías Mobiliarias, la toma de posesión ante eventuales incumplimientos, las fechas exactas de los desembolsos y el licenciamiento ambiental.

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El programa Mi Casa Ya se reglamentó con la expedición, en marzo de 2015, del Decreto 428 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de facilitar la adquisición de vivienda por parte de aquellos hogares que, a pesar de contar con capacidad de endeudamiento, necesitan de un Subsidio Familiar de Vivienda –SFV– para adquirir una solución habitacional acorde con sus necesidades.

Mi Casa Ya comprende un SFV directo y un subsidio a la tasa de interés. El monto del SFV depende del rango de ingresos del hogar. El primer rango es para los hogares con ingresos mayores a dos e inferiores o iguales a tres SMMLV y el segundo, para los de ingresos mayores a tres y de hasta cuatro SMMLV. En el caso del subsidio a la tasa de interés, en ambos rangos se contempla el otorgamiento de cuatro puntos porcentuales sobre la tasa de interés pactada en el crédito hipotecario.

El segmento de Vivienda de Interés Social –VIS– experimentó una moderación en su ritmo de crecimiento entre 2013 y 2014, a pesar de mantenerse en niveles altos en la mayoría de sus indicadores de actividad. Estos comportamientos han comenzado a revertirse en los primeros meses de 2015 con el efecto del programa Mi Casa Ya sobre la construcción y el mercado de viviendas de interés social.

Mi Casa Ya responde a necesidades específicas de un segmento de población que a pesar de contar con capacidad de endeudamiento, requiere de subsidios directos y a la tasa de interés para lograr el cierre financiero. Esta población enfrenta barreras importantes para acceder a soluciones adecuadas de vivienda propia puesto que no cuenta con patrimonio de vivienda al momento de la compra, posee baja capacidad de ahorro y experimenta dificultades para obtener financiamiento hipotecario formal dados sus altos niveles de informalidad laboral, además de las limitaciones impuestas por la regulación actual. A pesar del positivo impacto social de esta medida, el desarrollo futuro de este tipo de mecanismos debe encaminarse hacia la inclusión de la población con ingresos laborales de origen informal cuyas características impiden su acceso al financiamiento hipotecario formal.

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Los constantes y rápidos avances tecnológicos, además de contribuir en los países en sus actividades sociales y económicas, traen consigo nuevas y crecientes amenazas. Los asuntos relacionados con ciberdefensa, ciberseguridad, ciberdelito, cibercriminales y ciberviolencia, han tomado recientemente especial relevancia, por lo que la sociedad ha empezado a abordar estas problemáticas tratando de encontrar la mejor forma de prevenirlas y atacarlas.

En Colombia, el Gobierno viene trabajando desde hace algunos años en el fortalecimiento del marco institucional que le permita enfrentar los riesgos cibernéticos. Es así como en el año 2011 se expidió el Conpes 3701, que definió los lineamientos de política para la Ciberseguridad y Ciberdefensa. A su vez, se espera que en los próximos meses un nuevo documento sobre esta misma materia establezca un ecosistema integral capaz de fortalecer adecuadamente sus competencias para dar respuestas asertivas a los retos planteados.

El sector financiero cuenta con infraestructuras robustas e invierte cuantiosos recursos para proteger sus sistemas de información. Sin embargo, es importante que todas las industrias comprendan que el riesgo informático está tocando a sus puertas y que hay que tomar medidas. De acuerdo con los resultados de la encuesta que publicó la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2015, los sectores de gobierno y energía son las dos principales industrias que sufren ataques destructivos por amenazas, seguidos por los de comunicaciones y de banca y finanzas.

Según el reporte del Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, los tipos de víctimas más afectados son las personas naturales con más del 70% del total de las denuncias. Se observa también que con los ataques se pretende acceder a datos personales o financieros o a cualquier información de utilidad para cometer sus crímenes sin violar sus sistemas informáticos.

Asobancaria señala la importancia de fortalecer los procesos de investigación y judicialización de los delitos informáticos en el país. La mayor parte de estas denuncias están dispersas en oficinas que tienen una enorme carga procesal y no cuentan con un conocimiento especializado. Asimismo, si bien cada vez más los jueces comprenden mejor los delitos informáticos, la evidencia digital difiere de otro tipo de pruebas físicas y, en ocasiones, se requiere del conocimiento de terminología técnica para comprender el accionar de los delincuentes. La tarea no es sencilla pero sí es primordial avanzar con mayor celeridad en estos frentes.

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