Edición 1019 | DISCURSO DE APERTURA: IX CONGRESO DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE Y SEGURIDAD

Los constantes y rápidos avances tecnológicos, además de contribuir en los países en sus actividades sociales y económicas, traen consigo nuevas y crecientes amenazas. Los asuntos relacionados con ciberdefensa, ciberseguridad, ciberdelito, cibercriminales y ciberviolencia, han tomado recientemente especial relevancia, por lo que la sociedad ha empezado a abordar estas problemáticas tratando de encontrar la mejor forma de prevenirlas y atacarlas.

En Colombia, el Gobierno viene trabajando desde hace algunos años en el fortalecimiento del marco institucional que le permita enfrentar los riesgos cibernéticos. Es así como en el año 2011 se expidió el Conpes 3701, que definió los lineamientos de política para la Ciberseguridad y Ciberdefensa. A su vez, se espera que en los próximos meses un nuevo documento sobre esta misma materia establezca un ecosistema integral capaz de fortalecer adecuadamente sus competencias para dar respuestas asertivas a los retos planteados.

El sector financiero cuenta con infraestructuras robustas e invierte cuantiosos recursos para proteger sus sistemas de información. Sin embargo, es importante que todas las industrias comprendan que el riesgo informático está tocando a sus puertas y que hay que tomar medidas. De acuerdo con los resultados de la encuesta que publicó la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2015, los sectores de gobierno y energía son las dos principales industrias que sufren ataques destructivos por amenazas, seguidos por los de comunicaciones y de banca y finanzas.

Según el reporte del Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, los tipos de víctimas más afectados son las personas naturales con más del 70% del total de las denuncias. Se observa también que con los ataques se pretende acceder a datos personales o financieros o a cualquier información de utilidad para cometer sus crímenes sin violar sus sistemas informáticos.

Asobancaria señala la importancia de fortalecer los procesos de investigación y judicialización de los delitos informáticos en el país. La mayor parte de estas denuncias están dispersas en oficinas que tienen una enorme carga procesal y no cuentan con un conocimiento especializado. Asimismo, si bien cada vez más los jueces comprenden mejor los delitos informáticos, la evidencia digital difiere de otro tipo de pruebas físicas y, en ocasiones, se requiere del conocimiento de terminología técnica para comprender el accionar de los delincuentes. La tarea no es sencilla pero sí es primordial avanzar con mayor celeridad en estos frentes.

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