Tres años después de que el sector minero energético fuera catalogado como una de las locomotoras de la economía colombiana, su expansión parece estancarse. En los albores del auge, la programación macroeconómica del país se basó en la presunción de que los altos precios y la mayor producción de ese sector durarían un largo período. Con esa expectativa, la economía no ahorró suficiente en la bonanza. Por estos motivos, los desbalances macroeconómicos tienden a aumentar, con lo cual se introducen amenazas para la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, las autoridades cuentan con un marco adecuado de política que permite mitigar esos riesgos, si se adoptan de manera oportuna estrategias contracíclicas, para moderar los excesos de demanda y prevenir desequilibrios financieros.
En la coyuntura actual, debido a que las proyecciones de precios y producción de minerales e hidrocarburos distan de lo esperado, los ingresos públicos no alcanzan para financiar los gastos, lo cual arriesga incumplir las metas de déficit gubernamental. Además, el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos excede el previsto, por el deterioro de la balanza comercial. Al mismo tiempo, por la normalización monetaria en los EEUU y la menor rentabilidad de la inversión en el sector minero energético, en el futuro será menos fácil asegurar los flujos de inversión extranjera requeridos para financiar el déficit corriente. Por tanto, para preservar la estabilidad de la economía, es preciso moderar el gasto doméstico e imponer nuevos tributos, con lo cual se puede desacelerar el crecimiento y la generación de empleo.
Con el fin de prevenir algunos de los riesgos que entraña esta coyuntura, el Banco de la República (BR) elevó la tasa de interés, para frenar la expansión de la demanda interna, evitar que el crecimiento exceda su tasa potencial y conservar ancladas las expectativas de inflación. La búsqueda de la neutralidad monetaria debe ayudar también a prevenir fugas de capital. Además, el BR acumuló un saldo abundante de reservas internacionales que, sumado al acceso a la línea de crédito flexible del FMI, le permitirán amortiguar una reversión de flujos de capital. La combinación de la inflación objetivo con los instrumentos macro prudenciales, por otra parte, evitaron desbordes del crédito y burbujas en los mercados de activos que arriesgarían, como en otras ocasiones, la estabilidad financiera.
De manera complementaria, la regla fiscal impide un incremento desmedido del déficit fiscal y de la deuda pública, como los que tuvieron lugar en el pasado. Para acatarla, el Gobierno propuso una reforma tributaria para solucionar la caída inesperada de los ingresos públicos, mediante la prolongación del GMF y del impuesto al patrimonio por cuatro años más, junto con la eliminación de la devolución de dos puntos del IVA, para los pagos con tarjetas plásticas y la banca móvil, una sobretasa al CREE y un impuesto para activos omitidos. Es una pena que hubiera recurrido a algunos gravámenes muy distorsionantes –GMF y patrimonio– para proponer una solución temporal, que requerirá una nueva reforma tributaria en el futuro, al extinguirse los impuestos temporales. Hubiera sido preferible arreglar sólo el problema de la falta de ingresos en 2015 y proponer luego una solución estructural para los años siguientes, que resultara de un análisis juicioso de la eficiencia del gasto y las modificaciones necesarias en los ingresos, para remover las distorsiones tributarias e incrementarlos con base en los impuestos menos nocivos para la acumulación de capital, el crecimiento económico, la generación de empleo formal, la inclusión financiera y la equidad.
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