Edición 968 | LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CRIMINALIDAD INFORMÁTICA NO DA TREGUA

No solo el sector financiero y sus clientes, sino en general cualquier tipo de industria ―e incluso los mismos Estados― enfrentan las más diversas amenazas en materia de fraude y seguridad. Independientemente de las tipologías de los delitos y de si estos se materializan de manera física o informática, todas tienen un común denominador: corresponden a actividades realizadas por estructuras criminales organizadas que, además, tienden a ser transfronterizas.

Esta situación hace que la mitigación y judicialización de este tipo de delitos requiera del diseño e implementación de estrategias de gran complejidad.

Desde la tecnología, cabe destacar que si bien su constante evolución ha facilitado el actuar de las organizaciones criminales, también es cierto que se constituye en una enorme aliada a la hora de hacerles frente a dichas organizaciones. De ahí que resulte fundamental el desarrollo de herramientas técnicas que contribuyan a la prevención, detección y judicialización de los diversos flagelos a los que se ven enfrentadas las diferentes instituciones.

En lo relativo al factor humano es inminente la necesidad de fortalecer la calificación de los individuos involucrados en la prevención, detección, investigación y judicialización de los delitos asociados al fraude. También es fundamental la revisión de procedimientos, incentivos, actuaciones y estrategias relacionadas con el manejo del recurso humano al interior de las organizaciones. Por su parte, independiente de su calidad, pública o privada, todas las instituciones deben trabajar no sólo en el diseño de estrategias de administración de riesgos de fraude, sino también en el fortalecimiento de la infraestructura ética corporativa y de los sistemas de control interno. Además, es básico que los ciudadanos conozcan las vulnerabilidades a las que están expuestos y tomen medidas para mitigar los riesgos de que su patrimonio económico se vea afectado.

Por su parte, debe realizarse una profunda revisión de los modelos antifraude tanto al interior de las organizaciones, no solo de los bancos sino de toda la cadena de pagos e incluso en las empresas de otros sectores, como frente a la articulación del trabajo entre todos los actores. Asimismo, deben diseñarse e implementarse modelos que permitan compartir información y responder de manera articulada frente a las bandas criminales. Los delincuentes trabajan de forma organizada para perpetuar sus delitos, al tiempo que del lado de ‘los buenos’ los mecanismos de coordinación son insuficientes.

Finalmente, urge un diagnóstico asertivo y el diseño de estrategias de corto y mediano plazo en cuanto a la investigación y judicialización de los delitos informáticos en el país. Esta es la única manera de contrarrestar de forma efectiva las complejas estructuras criminales que siguen defraudando día tras día a los colombianos.

 

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