septiembre 2014

Sorprendiendo a la mayoría de los analistas, que esperaba una expansión económica más dinámica, el PIB creció a una tasa del 4,3% anual en el segundo trimestre, tal como proyectó Asobancaria. La actividad económica estuvo liderada por los sectores de bienes y servicios no transables, sobre todo el financiero, los servicios y la construcción. En contraste, los sectores de transables se contrajeron por la caída de la minería y la industria. Todos los componentes de la demanda se desaceleraron. Las exportaciones sufrieron una fuerte caída, que junto con el incremento de las importaciones, le restaron el mayor impulso al crecimiento. La inversión fue la parte más dinámica del gasto, debido a la expansión de las obras civiles. El consumo de los hogares y el gasto público continuaron sosteniendo la actividad económica.

El crecimiento se apoyó más de lo deseable en el gasto público, a través de los servicios y las obras civiles. Esto plantea inquietudes sobre el balance entre las fuentes de la demanda, su sostenibilidad en el mediano plazo y las implicaciones para la política económica. Los resultados de este año son consecuencia del impulso que tomó el gasto público en el último cuatrienio. Ese mayor gasto aumenta la participación del Estado en la economía, que ronda ya el 20% del PIB, cuando hace dos décadas era de cerca de 11% de él. Es probable que esta tendencia se acentúe el año entrante.

A pesar de la desaceleración de la actividad privada, el buen ritmo de la economía permite mantener la proyección de crecimiento de 4,8% en 2014, que será una de las más dinámicas del mundo. Asobancaria espera que en 2015 el país acelere su crecimiento a 5,1%, favorecido por la recuperación de las economías desarrolladas y una tasa de cambio más alta, debida al menor estímulo monetario en Estados Unidos. Sin embargo, para mantener el crecimiento de largo plazo en tasas superiores al 4,5%, no es suficiente llevar a cabo de una manera exitosa la construcción de infraestructura, ni esperar unas condiciones externas más favorables. Mantener este ritmo depende también de la dinámica del sector minero energético y de que la política económica no perjudique la actividad ni la demanda del sector privado.

La pausa en el estrechamiento de la postura monetaria adoptada por el Banco de la República es oportuna, porque no hay presiones inflacionarias ni un crecimiento desbordado que amenace recalentar la economía. Un endurecimiento adicional podría desacelerar la demanda del sector privado. Por otra parte, la prolongación y ampliación del impuesto al patrimonio puede generar un desestímulo al ahorro y la inversión privada, que perjudica la capacidad de crecimiento de la economía. Como es necesario lograr las metas establecidas en la programación fiscal, se requiere aumentar los ingresos. No obstante, para hacerlo son preferibles otros tributos menos distorsionantes, como el de renta o el IVA.

 

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El incremento en la demanda interna y la dinámica del consumo que se ha presentado en nuestro país durante lo que va corrido del año, sumados al temor a un recalentamiento de la economía y aumento en la inflación, han llevado a que el Banco de la República eleve la tasa de interés de intervención en cinco ocasiones durante los últimos cuatro meses, pasando de 3,25% a 4,5%. Sin embargo, dichos aumentos no se han transmitido adecuadamente a las tasas de captación y colocación del sector financiero.

El efecto sobre las tasas de colocación de la cartera en todas sus modalidades ha sido prácticamente nulo, por lo que no se ha observado una disminución clara en la dinámica de crecimiento del crédito. Parte de este efecto, se debe a que la mayoría de los productos financieros del activo (cartera de créditos) y pasivos (CDT, bonos, depósitos) se encuentran atados a la DTF, tasa que no ha reflejado los incrementos en la tasa de intervención.

De manera general, pueden identificarse dos distorsiones al comparar la evolución de la DTF respecto de la tasa de política monetaria del Banco de la República. Una relacionada con el tiempo que tarda la DTF en responder a cambios en la política monetaria, que de manera persistente es aproximadamente de dos meses. La segunda distorsión, está relacionada con un menor nivel de elasticidad. Es decir, la DTF no recoge los cambios en la política monetaria en la misma magnitud, ante un cambio de un punto porcentual (1%) en la tasa de intervención del Banco, la DTF refleja en promedio de 0,85 puntos porcentuales.Estas distorsiones no solo impiden la correcta transmisión de la política monetaria a la economía sino que afectan negativamente la labor de intermediación de los establecimientos de crédito.

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de contar con una tasa representativa del verdadero costo del dinero en la economía, que sirva como vehículo eficiente en la transmisión de la política monetaria del país. Las deficiencias metodológicas y de mercado no permiten que la DTF cumpla esta función, por lo que el IBR, luego de cinco años de creación debería ser considerado como un sustituto natural de la actual de la DTF. Si bien, generar un cambio de tal magnitud no está exento de dificultades y retos en su implementación, los beneficios para los agentes económicos y finalmente para la economía y el desarrollo del mercado financiero serán recompensados en el largo plazo. En esta tarea, la labor conjunta de las entidades financieras, el Banco de la República, la Superintendencia Financiera de Colombia y el Ministerio de Hacienda será fundamental. El siguiente paso será crear una hoja de ruta que permita realizar una transición ordenada y convertir al IBR, en el indicador de referencia para el mercado financiero colombiano.

 

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A pesar del optimismo de algunos sectores del país por la tendencia a la baja en la tasa de desempleo y la generación de empleo formal, la desocupación y la informalidad laboral en Colombia continúan arriba de las que tienen la mayoría de los países de América Latina y otras regiones del mundo.

El descenso alentador del desempleo plantea la inquietud sobre su tasa estructural, que corresponde al crecimiento potencial. Los últimos trabajos sugieren que esa tasa estaría entre 10,5% y 11%. Es probable que la expansión reciente de la economía la haya reducido. Asobancaria estima que la tasa natural de desempleo es ahora inferior (9,8%), pero sigue alta.

La resistencia a la baja en la tasa natural de desempleo y la informalidad laboral en Colombia, a pesar de las mejoras observadas en el entorno macroeconómico durante la última década, requiere un análisis. Este sugiere que uno de los principales factores que obstaculizan su caída es la determinación de los incrementos del salario mínimo por encima de la inflación y de la productividad, que lo ha llevado a superar el que predomina en sectores contratantes de mano de obra no calificada, como la construcción. Esta distorsión es heterogénea en las diferentes regiones del país, porque penaliza más fuerte a aquellas donde el costo de vida es bajo. Otro determinante del alto desempleo es una disminución en el precio relativo del capital, que incentiva su utilización respecto del trabajo. Si bien este fenómeno corresponde en parte a las mejores condiciones macroeconómicas y a la apreciación del peso colombiano, fue exacerbado por los beneficios tributarios al uso del capital otorgados entre 2004 y 2007. Por último, el incremento en los costos laborales no salariales a mediados de los años noventa, contribuyó a un mayor desempleo y una alta informalidad.

De esta manera, la contratación en Colombia ha sido afectada por normas que, aunque bien intencionadas, terminaron intensificando el exceso de oferta en el mercado laboral formal y empujando a los trabajadores hacia el mercado informal. Esto ha derivado en una lenta reducción del desempleo y la informalidad.

Se ha propuesto el desmonte de la ampliación de la jornada ordinaria de trabajo impuesta por la reforma laboral de 2002, lo cual incrementaría los costos de recargo por hora trabajada y por el trabajo en los días festivos y los domingos. Al encarecer el trabajo formal, estas medidas fortalecerían las barreras estructurales que impiden un descenso de las tasas de desempleo natural e informalidad. Con ello se podría menguar los avances en formalización del mercado laboral, alcanzados gracias a la Ley de primer empleo y la disminución de algunos costos parafiscales. En opinión de Asobancaria, semejante retroceso pondría un piso a la reducción del desempleo y haría más difícil cumplir el objetivo de alcanzar una tasa de desempleo cercana al 7% durante el próximo cuatrienio.

También se ha insinuado la propuesta de introducir una prima salarial que se otorgaría en los años en los cuales el desempeño de la economía fuera bueno. Esta medida debe evaluarse de manera cuidadosa porque no parece conveniente. Al encarecer de manera extraordinaria el trabajo, le restaría capacidad de generación de empleo al país en las fases de expansión de la actividad económica. Además, no dependería de los resultados de cada firma, como funciona en la actualidad de un modo discrecional en muchas de ellas, atada al desempeño laboral; sino que sería impuesta de manera obligatoria, sin consideración de la situación de cada empresa ni el aporte de cada uno de los trabajadores.

 

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La apertura de las economías y el desarrollo tecnológico han marcado una tendencia cada vez mayor a la interconexión de los diferentes ordenamientos jurídicos de los países, en especial en las áreas financiera, comercial, aduanera y tributaria. La crisis de 2008, aún no resuelta, ha llevado a que los países industrializados busquen evitar lo que podría denominarse la elusión tributaria extraterritorial.

Frente a ello surge un común denominador “El principio de transparencia fiscal” cuyas normas buscan combatir las denominadas “planeaciones fiscales agresivas”, que han motivado la reducción del recaudo tributario, gracias a la multiplicidad de tratados para evitar la doble imposición y la reducción de costos fiscales que ofrecen algunos países, y que conlleva en algunos casos una doble exención. Es dentro de este marco que organismos como la OCDE han realizado algunas recomendaciones que en el ordenamiento tributario colombiano se han venido incorporando para introducir en el país las mejores prácticas internacionales y, a su vez, combatir la elusión y la evasión tributaria.

Dentro de estas se destaca la adopción de la Cláusula General Antiabuso (General Anti Avoidance Rule –GAAR) ―Ley 1607 de 2012, con la que se busca aplicar el “principio de la realidad económica de la operación”; la suscripción de Acuerdos de Intercambio Automático de Información Tributaria – similar a FATCA-, con otros países, en contraposición al estándar actual que requiere solicitud expresa del país interesado para el envío de la información; también esta el reconocimiento de las jurisdicciones como paraísos fiscales, mediante el Decreto 2193 del 2013. En esta misma línea se encuentra el “Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios”, conocido como BEPS, desarrollado en los últimos años por la OCDE, el cual está constituido por un grupo de referentes o puntos de partida sobre los cuales se pretenden diseñar nuevos estándares internacionales para asegurar la coherencia de los impuestos a nivel internacional.

Pero para mejorar el recaudo fiscal en Colombia no basta con adoptar las mejores prácticas internacionales. También se requiere una reforma tributaria estructural, cuyo contenido aún se encuentra en discusión. Hay quienes indican que se deben reformar los impuestos directos (renta o patrimonio) y con ello determinar a qué sujetos pasivos se le impondrá una mayor carga impositiva: si a las personas naturales o a las jurídicas. Otros consideran que se debe fijar la atención en los impuestos indirectos como es el caso del IVA, pero con una destinación específica, que incluye una posterior devolución de recursos a los sectores menos favorecidos. Lo cierto del caso es que, por el momento, el propósito del Gobierno es presentar una “Ley de Financiamiento” orientada a garantizar los recursos necesarios para financiar el presupuesto del próximo año.

 

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Se espera que en los próximos meses la Reserva Federal de Estados Unidos culmine la eliminación del estímulo monetario en ese país y que durante 2015 inicie el tránsito hacia una postura neutral, por medio del incremento de su tasa de interés. La incertidumbre que esto genera aumenta la volatilidad en los mercados, sobre todo en los de deuda pública de las economías emergentes. El cambio en la postura monetaria causará una reversión de los flujos de inversión, que irán ahora hacia las economías avanzadas, tal como ocurrió a mediados de 2013, cuando el anuncio sobre el desmonte del relajamiento monetario cuantitativo de la FED, ocasionó desvalorizaciones importantes en los bonos soberanos emergentes.

Si bien se espera que estos efectos sean más moderados que los ocurridos el año pasado, es posible que tomen fuerza si coinciden con choques internos. En Colombia la incertidumbre sobre el futuro de las finanzas públicas es un factor de riesgo, que puede incrementar la desvalorización de los TES.

Para la banca, que cuenta con $34.1 billones invertidos en bonos del gobierno, una fuerte desvalorización puede tener efectos sobre la rentabilidad. Incrementos en la tasa de los TES entre 51 y 128 puntos básicos ocasionan que el portafolio tenga un menor valor entre $0.8 y $2 billones. Por eso es importante hacer una adecuada gestión del riesgo, ya sea reduciendo la duración del portafolio o haciendo una recomposición del activo.

En junio de 2014 las inversiones representaban el 17.4% del activo bancario, mientras que tres meses atrás esta proporción era del 19.9%. La recomposición del activo le ha venido dando mayor peso a la cartera, que muestra un dinámico crecimiento alrededor de 13%. Este ritmo de expansión luce sostenible y se espera que se mantenga en el corto plazo, en especial teniendo en cuenta que el próximo año se iniciarán los desembolsos para la financiación del programa de concesiones de infraestructura vial de cuarta generación.

La mayor colocación de crédito mejora la profundidad financiera del país, al tiempo que ayuda a mitigar el riesgo de mercado ante la alta volatilidad internacional. Pero para que sea sostenible, se debe seguir haciendo, como hasta ahora, un otorgamiento cauteloso. Aunque las carteras en mora de la modalidades comercial y microcrédito crecen a tasas mayores que la bruta, la tasa de mora de la comercial continúa próxima a sus mínimos históricos y las provisiones cubren la totalidad de la cartera vencida en ambas modalidades. Además, el endeudamiento y la rentabilidad de los deudores del crédito comercial sugieren que están en capacidad de cumplir sus obligaciones con la banca.

Por estas razones, a pesar de que en el corto plazo se prevén amenazas de origen interno y externo, la estabilidad del sistema no está amenazada. Los indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad de la banca se encuentran en niveles adecuados. Al mismo tiempo, su gestión de los riesgos se lleva a cabo de una manera prudente.

 

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