A pesar del optimismo de algunos sectores del país por la tendencia a la baja en la tasa de desempleo y la generación de empleo formal, la desocupación y la informalidad laboral en Colombia continúan arriba de las que tienen la mayoría de los países de América Latina y otras regiones del mundo.
El descenso alentador del desempleo plantea la inquietud sobre su tasa estructural, que corresponde al crecimiento potencial. Los últimos trabajos sugieren que esa tasa estaría entre 10,5% y 11%. Es probable que la expansión reciente de la economía la haya reducido. Asobancaria estima que la tasa natural de desempleo es ahora inferior (9,8%), pero sigue alta.
La resistencia a la baja en la tasa natural de desempleo y la informalidad laboral en Colombia, a pesar de las mejoras observadas en el entorno macroeconómico durante la última década, requiere un análisis. Este sugiere que uno de los principales factores que obstaculizan su caída es la determinación de los incrementos del salario mínimo por encima de la inflación y de la productividad, que lo ha llevado a superar el que predomina en sectores contratantes de mano de obra no calificada, como la construcción. Esta distorsión es heterogénea en las diferentes regiones del país, porque penaliza más fuerte a aquellas donde el costo de vida es bajo. Otro determinante del alto desempleo es una disminución en el precio relativo del capital, que incentiva su utilización respecto del trabajo. Si bien este fenómeno corresponde en parte a las mejores condiciones macroeconómicas y a la apreciación del peso colombiano, fue exacerbado por los beneficios tributarios al uso del capital otorgados entre 2004 y 2007. Por último, el incremento en los costos laborales no salariales a mediados de los años noventa, contribuyó a un mayor desempleo y una alta informalidad.
De esta manera, la contratación en Colombia ha sido afectada por normas que, aunque bien intencionadas, terminaron intensificando el exceso de oferta en el mercado laboral formal y empujando a los trabajadores hacia el mercado informal. Esto ha derivado en una lenta reducción del desempleo y la informalidad.
Se ha propuesto el desmonte de la ampliación de la jornada ordinaria de trabajo impuesta por la reforma laboral de 2002, lo cual incrementaría los costos de recargo por hora trabajada y por el trabajo en los días festivos y los domingos. Al encarecer el trabajo formal, estas medidas fortalecerían las barreras estructurales que impiden un descenso de las tasas de desempleo natural e informalidad. Con ello se podría menguar los avances en formalización del mercado laboral, alcanzados gracias a la Ley de primer empleo y la disminución de algunos costos parafiscales. En opinión de Asobancaria, semejante retroceso pondría un piso a la reducción del desempleo y haría más difícil cumplir el objetivo de alcanzar una tasa de desempleo cercana al 7% durante el próximo cuatrienio.
También se ha insinuado la propuesta de introducir una prima salarial que se otorgaría en los años en los cuales el desempeño de la economía fuera bueno. Esta medida debe evaluarse de manera cuidadosa porque no parece conveniente. Al encarecer de manera extraordinaria el trabajo, le restaría capacidad de generación de empleo al país en las fases de expansión de la actividad económica. Además, no dependería de los resultados de cada firma, como funciona en la actualidad de un modo discrecional en muchas de ellas, atada al desempeño laboral; sino que sería impuesta de manera obligatoria, sin consideración de la situación de cada empresa ni el aporte de cada uno de los trabajadores.