julio 2013

El microcrédito, definido desde la Ley 590 de 2000 y sus decretos reglamentarios, es un esquema diseñado para financiar “micro” empresas, que impulsa y promueve la inclusión financiera y tiene consecuencias positivas en el desarrollo del país y en el empleo. Está dirigido a unidades productivas ya constituidas y no para propósitos de emprendimiento o conformación de un capital semilla. El tal sentido, aunque el emprendimiento sea altamente deseable, su naturaleza de alto riesgo hace que los establecimientos de crédito estén llamados a financiar una etapa más avanzada de ese proceso, de cara al fortalecimiento y expansión de las empresas y no en su etapa inicial.

La evolución del microcrédito ha sido altamente positiva. En efecto, el número de personas adultas con microcrédito se ha triplicado desde 2006 llegando a 1,7 millones de personas en 2012. Los desembolsos en lo corrido del año ya suman más de $1,8 billones de pesos y el saldo de cartera del microcrédito registró un máximo histórico de $7,6 billones a junio de 2013. En tal sentido, se confirma que el microcrédito es motor de la inclusión financiera puesto que entre 2006 y 2012 para 1,5 millones de personas fue su primer producto en el activo. Es decir, fue la puerta de entrada de muchos colombianos al sistema financiero.

No obstante, a pesar de los notables avances de esta modalidad de crédito, los indicadores de calidad de la cartera por mora se han deteriorado gradualmente desde 2011. En efecto, a junio de 2013 la tasa de mora llegó a 5,88%, convirtiéndose en la cartera con el indicador más elevado.

Por los beneficios cuantificables que en materia de inclusión financiera y democratización del crédito que tiene el microcrédito, resulta fundamental que las iniciativas legislativas que buscan profundizar este acceso tomen en cuenta las condiciones reales y actuales de esta modalidad de financiamiento. No pareciera razonable introducir una cuota de colocación de crédito obligatoria para las entidades financieras, en momentos en los que existe una amplia oferta de mercado y adicionalmente hay un crecimiento acelerado de la cartera vencida. Una medida como esa implicaría mayor presión al mercado ocasionando un efecto contrario al esperado.

De otro lado, la Superfinanciera tiene al microcrédito en el centro del debate. Por una parte, descarta la creación de una nueva licencia con menores requerimientos de capital para atender las actividades microfinancieras, y por otra comienza a plantear cambios en el corto plazo sobre todo en el modelo de gestión de esta cartera, donde el organismo de control ve claras ventajas en agregar a la definición el criterio de utilizar metodologías especializadas para atender a esta población.

 

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En el debate público se cuestiona con frecuencia la magnitud del margen de intermediación financiera en Colombia. Con base en ella se argumenta que la banca doméstica es ineficiente y que tiene una estructura industrial caracterizada por la falta de competencia. En realidad, el margen de intermediación de nuestra banca es inferior al promedio regional y al de una gran cantidad de los países latinoamericanos, con excepción de los que tienen vínculos financieros más estrechos con las economías de ingreso alto, como Panamá, Chile y México. Además, la concentración en la industria bancaria colombiana es baja y su rentabilidad está en el promedio latinoamericano, con una clara tendencia a converger a las de los países de ingreso medio alto y alto. Por otra parte, la competencia que tiene lugar en nuestra banca es intensa, comparada con la que impera en el resto del mundo.

Algo que se ignora la mayor parte del tiempo en las discusiones sobre el margen y la eficiencia de nuestros bancos, es el efecto que el exceso de intervención del Estado en los mercados financieros tiene sobre los costos de la intermediación. Aunque bien intencionada en principio, la intervención estatal en los mercados financieros puede tener consecuencias negativas sobre la actividad de intermediación, cuando adopta la forma de la “represión financiera”. A través de ella las autoridades pretenden encausar el ahorro a la financiación de determinados sectores de la producción, estratos sociales particulares o inclusive a sus propias actividades. Al hacerlo ignoran los criterios de optimización aplicados por los agentes privados, que aseguran que la asignación de los recursos sea eficiente. Por el contrario, a través de la represión financiera introducen distorsiones en los mercados que limitan la competencia, alteran la formación de los precios, generan asignaciones ineficientes, ocasionan sobrecostos, encarecen la intermediación financiera y derivan en un desabastecimiento –o en un exceso de demanda– de productos financieros. Los sobrecostos frenan la inclusión y la profundización financiera, de modo que impiden a la economía aumentar su capacidad de crecimiento potencial y a la población mejorar su bienestar.

En Colombia los controles a las tasas de interés, las inversiones forzosas que deben hacer los bancos en títulos de desarrollo agropecuario, el gravamen a las transacciones financieras, los encajes, las provisiones y los requerimientos de capital han sido utilizados en diversas ocasiones como instrumentos de “represión financiera”. Sin tomar en cuenta la motivación inicial que llevó a las autoridades a implementar estrategias de “represión”, la evidencia muestra que éstas han contribuido a generar sobrecostos para la actividad bancaria, a encarecer la intermediación y a originar rigideces en la oferta de servicios financieros formales, que se queda corta para atender un creciente exceso de demanda. Este tiene que acudir a los mercados informales, en los cuales la ilegalidad permite satisfacerla a precios exorbitantes.

Por sus efectos adversos sobre el desarrollo económico, el bienestar y la equidad, es pertinente preguntarse, por tanto, si no habrá llegado el momento de disminuir la “represión financiera” en nuestra economía, en lugar de pretender aumentarla mediante iniciativas populistas, que no favorecen la inclusión y la profundización financiera, sino que por el contrario conducen al desabastecimiento.

 

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En el discurso de instalación del XIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, la Presidenta de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar, se refirió al sistema ideal para prevenirlo, con la participación de diversos actores, en los siguientes términos.

De tiempo atrás, el mundo viene enfrentando múltiples amenazas asociadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. La criminalidad vinculada a estas conductas resulta compleja y dinámica. Además, ha encontrado en la cooperación y la articulación altos niveles de rentabilidad. Por estos motivos, en la actualidad el mundo enfrenta complicadas estructuras delincuenciales transfronterizas.

La experiencia muestra que, para contrarrestar las organizaciones delincuenciales dedicadas a realizar estas conductas, se requiere un entramado institucional de gran envergadura. Un sistema anti-lavado y contra la financiación del terrorismo ideal requiere la participación del gobierno, los hogares, las empresas y el sector externo.

De parte del gobierno es importante el desarrollo de un marco normativo adecuado que contribuya de manera eficiente al sistema anti-lavado y contra la financiación del terrorismo. Además, se requiere de mayor articulación interinstitucional. Por el lado de los hogares la participación en el sistema anti-lavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia es casi nula y por tanto hay que seguir trabajando frente a la cultura en este sentido.Por el lado de las empresas, es necesario diferenciar el sector financiero del real en cuanto al desarrollo de acciones relacionadas con la lucha contra el LAFT porque, sin lugar a dudas, el primero ha sido mucho más avanzado que el segundo. En el ámbito global se hace necesario que la cooperación internacional sea cada vez más estrecha y capaz de evolucionar junto con las modalidades de LAFT.

Un sistema anti-lavado de activos y contra la financiación del terrorismo ideal no solo requiere de la participación diferentes actores, sino que también demanda que todos cumplan a cabalidad con sus tareas y funciones. Los resultados serán insuficientes, si solo una parte de las instituciones realizan adecuadamente sus labores, al tiempo que en otros sectores los desarrollos son limitados.

Este tipo de sistemas deben ser dinámicos a fin de que puedan adaptarse a las realidades propias de cada sociedad. Por ejemplo, en el caso colombiano deberá hacer frente a asuntos particulares en relación con la gestión del sistema anti-lavado de activos y contra la financiación del terrorismo tales como el contrabando, el sector inmobiliario, la propiedad de la tierra y la inclusión financiera.

 

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En nuestro país se han hecho observaciones y comentarios sobre la banca basados en percepciones según las cuales su rentabilidad es muy alta. Esas observaciones y comentarios con frecuencia se basan en datos errados sobre la rentabilidad bancaria, o son incapaces de interpretar de manera adecuada el significado de los indicadores de rentabilidad. Para comenzar, en Colombia es usual hablar de las utilidades absolutas de la banca, sin compararlas con los niveles de patrimonio o de activos que hay comprometidos en la industria. Y en segundo lugar, cuando se habla de las utilidades en relación con el patrimonio o los activos, se falla en percibir los niveles de riesgo a que está sometida la banca colombiana.

En esta Semana Económica mostramos que, cuando se involucran las consideraciones de riesgo, primero, los indicadores de rentabilidad, aunque siguen saludables, no son tan altos como lo percibe la opinión pública; y segundo, los niveles de riesgo que enfrenta la banca colombiana son considerables. Dada la relación que existe entre riesgo y retorno, la rentabilidad que se observa es consistente con una industria que opera de forma saludable en un entorno incierto.

 

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El lento ritmo de la actividad económica en Colombia en el primer trimestre de 2013, hizo evidente otra vez la inconveniencia del patrón de crecimiento que sigue la economía colombiana. Este se basa en la expansión de los sectores minero energético y el de bienes no transables, junto con un exceso pronunciado de la demanda interna, financiado con abundantes flujos externos. El crecimiento de esos sectores se produjo en detrimento de la industria y la agricultura. La competitividad de estas ramas productoras de bienes transables se deterioró por la apreciación real causada por el boom minero, de manera que son incapaces de sostener su expansión cuando la competencia con productos de economías más productivas se intensifica, como consecuencia de un incremento menos dinámico de la demanda.

Como es previsible un lento crecimiento de la economía mundial en los próximos años, es probable que el auge minero energético aminore. Al mismo tiempo, el retiro del relajamiento cuantitativo (QE) y la posterior normalización de la política monetaria en Estados Unidos y otras economías avanzadas, encarecerán la financiación externa y reducirán su magnitud. Por estos motivos el crecimiento de la economía colombiana debe re-balancear sus fuentes. Para lograrlo se requiere, por una parte, aumentar la productividad para mejorar la competitividad de la industria y de la agricultura, de manera que pueden convertirse en motores de la actividad económica y la generación de empleo. Y por otra parte, remover las trabas institucionales para la inversión privada.

Los indicadores líderes de la producción y la demanda presagian una aceleración del crecimiento doméstico a partir del segundo trimestre de 2013, mientras que las mejores perspectivas de expansión de la economía mundial y el comercio internacional en 2014 sugieren la posibilidad de un retorno de la economía colombiana a su tasa de crecimiento potencial. Sin embargo, estas previsiones pueden frustrarse por un encarecimiento prematuro de la financiación doméstica de largo plazo, como consecuencia de la alta volatilidad generada en los mercados internacionales por las advertencias de la Fed sobre el desvanecimiento paulatino del QE.

Para prevenirlo, las autoridades pueden contribuir a disipar la incertidumbre y a reforzar la confianza de los inversionistas domésticos, mediante algunas medidas. En primer lugar, pueden detener la acumulación de reservas internacionales, que no luce necesaria en la coyuntura actual, cuando la salida de flujos de portafolio devalúa la tasa de cambio. En segundo lugar, pueden suministrar la liquidez permanente mediante la compra de TES en el mercado secundario, con lo cual amortiguarían su desvalorización, al proveer una demanda adicional. En tercer lugar, como insinuó el Ministro de Hacienda, pueden re-balancear las fuentes de financiación del Gobierno Nacional, para evitar una mayor emisión de TES, optando por el crédito con las instituciones financieras domésticas, con preferencia sobre los préstamos de las multilaterales, que presionarían la tasa de cambia a la baja. Por último, pueden permitir una reclasificación de los TES en las cuentas de las entidades financieras, para reducir sus pérdidas, que podrían deteriorar su relación de solvencia y reducir su capacidad de otorgar crédito.

 

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