En el debate público se cuestiona con frecuencia la magnitud del margen de intermediación financiera en Colombia. Con base en ella se argumenta que la banca doméstica es ineficiente y que tiene una estructura industrial caracterizada por la falta de competencia. En realidad, el margen de intermediación de nuestra banca es inferior al promedio regional y al de una gran cantidad de los países latinoamericanos, con excepción de los que tienen vínculos financieros más estrechos con las economías de ingreso alto, como Panamá, Chile y México. Además, la concentración en la industria bancaria colombiana es baja y su rentabilidad está en el promedio latinoamericano, con una clara tendencia a converger a las de los países de ingreso medio alto y alto. Por otra parte, la competencia que tiene lugar en nuestra banca es intensa, comparada con la que impera en el resto del mundo.
Algo que se ignora la mayor parte del tiempo en las discusiones sobre el margen y la eficiencia de nuestros bancos, es el efecto que el exceso de intervención del Estado en los mercados financieros tiene sobre los costos de la intermediación. Aunque bien intencionada en principio, la intervención estatal en los mercados financieros puede tener consecuencias negativas sobre la actividad de intermediación, cuando adopta la forma de la “represión financiera”. A través de ella las autoridades pretenden encausar el ahorro a la financiación de determinados sectores de la producción, estratos sociales particulares o inclusive a sus propias actividades. Al hacerlo ignoran los criterios de optimización aplicados por los agentes privados, que aseguran que la asignación de los recursos sea eficiente. Por el contrario, a través de la represión financiera introducen distorsiones en los mercados que limitan la competencia, alteran la formación de los precios, generan asignaciones ineficientes, ocasionan sobrecostos, encarecen la intermediación financiera y derivan en un desabastecimiento –o en un exceso de demanda– de productos financieros. Los sobrecostos frenan la inclusión y la profundización financiera, de modo que impiden a la economía aumentar su capacidad de crecimiento potencial y a la población mejorar su bienestar.
En Colombia los controles a las tasas de interés, las inversiones forzosas que deben hacer los bancos en títulos de desarrollo agropecuario, el gravamen a las transacciones financieras, los encajes, las provisiones y los requerimientos de capital han sido utilizados en diversas ocasiones como instrumentos de “represión financiera”. Sin tomar en cuenta la motivación inicial que llevó a las autoridades a implementar estrategias de “represión”, la evidencia muestra que éstas han contribuido a generar sobrecostos para la actividad bancaria, a encarecer la intermediación y a originar rigideces en la oferta de servicios financieros formales, que se queda corta para atender un creciente exceso de demanda. Este tiene que acudir a los mercados informales, en los cuales la ilegalidad permite satisfacerla a precios exorbitantes.
Por sus efectos adversos sobre el desarrollo económico, el bienestar y la equidad, es pertinente preguntarse, por tanto, si no habrá llegado el momento de disminuir la “represión financiera” en nuestra economía, en lugar de pretender aumentarla mediante iniciativas populistas, que no favorecen la inclusión y la profundización financiera, sino que por el contrario conducen al desabastecimiento.