abril 2012

Colombia ha tenido tradicionalmente uno de los flujos más estables de inversión en infraestructura, como proporción del PIB, entre los países latinoamericanos. Gracias a ello, la cobertura se amplió. Sin embargo, su calidad no es de las mejores, inclusive en el contexto regional. La brecha que la separa respecto de la que tienen las economías avanzadas es una de las más amplias en la región. Este rezago en la calidad deteriora en términos relativos la competitividad de los bienes y servicios nacionales, respecto de los de sus competidores. De esta manera, la calidad de la infraestructura se convierte en obstáculo para la expansión del comercio exterior y el crecimiento económico.

La necesidad de llevar a cabo proyectos de infraestructura en Colombia, por tanto, es grande. La magnitud de los recursos públicos para atender los requerimientos de ampliación y modernización de la infraestructura es insuficiente. Por fortuna la economía dispone de fondos adicionales administrados por el sector privado y de un acceso privilegiado al ahorro externo. La legislación se ha adaptado de manera paulatina, removiendo los principales obstáculos para que estos recursos fluyan hacia la financiación de la inversión en la infraestructura. No obstante, esto todavía no ha ocurrido.

La mala calidad de la infraestructura y el escaso interés del sector privado para participar en la financiación se derivaron en el pasado en gran medida de la debilidad de los organismos públicos del sector. La debilidad institucional generó, por una parte, una falta de planeación y priorización de las obras, una desarticulación de los diferentes modos de transporte y problemas en la contratación, fallas en las concesiones y corrupción. Y por otra parte, una precaria estructuración técnica y financiera de los proyectos, poca claridad en la licitación y adjudicación de las concesiones, carencia de unas normas legales que establezcan con claridad los derechos y las obligaciones de las partes y ausencia de mecanismos para distribuir de manera equitativa los riesgos de los proyectos.

Además, la rigidez del régimen de contratación pública impide una eficaz ejecución de los recursos y ocasiona prácticas administrativas ineficientes e irregulares, que abren espacio para la corrupción. Entre ellas están las habituales extensiones y renegociaciones de los contratos de obras públicas y los de las concesiones, que generan sobrecostos para el Gobierno, despilfarro de los fondos públicos y oportunidades para prácticas de corrupción. Otros cuellos de botella establecidos por la normatividad vigente, que demoran la ejecución de los proyectos, son la obtención de las licencias ambientales, la consulta previa, la adquisición de los predios y la reubicación de las redes de los servicios públicos. La actual administración tomó medidas acertadas para fortalecer institucionalmente al sector, mediante la restructuración del Ministerio de Transporte, la creación de la ANI y la aprobación de la Ley de APP. Este esquema institucional debe enmendar los errores del pasado. Sin embargo, se requiere esfuerzos adicionales en reformar el régimen de contratación pública.

 

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Para Asobancaria, la protección del consumidor y la educación financiera, constituyen dos asuntos de particular importancia. Un sistema adecuado de protección al consumidor precisa de tareas en tres frentes: uno, provisión de información clara y oportuna relacionada con las características, costos y funcionamiento de los productos y servicios financieros; dos, efectividad en el ejercicio de los derechos y deberes de los consumidores y de las entidades bancarias, así como de los mecanismos de protección; y tres, desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes de la población, necesarias para comprender de manera adecuada la información disponible, tomar decisiones acertadas y adquirir hábitos financieros saludables.

En cuanto a la educación financiera, para Asobancaria es un hecho que a la hora de la toma de decisiones no basta con garantizar la disponibilidad de información, como sucede en la actualidad, sino que también es indispensable capacitar a la población sobre cómo utilizarla. Para ello, las instituciones bancarias y el gremio han venido trabajando en el diseño de planes y programas que faciliten que sus consumidores desarrollen las habilidades y destrezas necesarias para el uso adecuado del sistema.

No obstante, estas iniciativas no pueden ni deben ser el único camino para aumentar los niveles de alfabetización de los colombianos. Se considera necesario que la educación financiera esté disponible para todos desde la infancia y en las diferentes etapas de la vida. Para ello, es preciso el diseño de programas con enfoques integrales y flexibles, que satisfagan las necesidades en esta materia de niños, jóvenes y adultos, tarea que solo puede ser liderada por el Estado con la participación del sector privado.

Con el objetivo de avanzar en ese sentido, el pasado dos de febrero se firmó un Convenio Marco de largo alcance entre el Ministerio de Educación Nacional y la Asociación. La meta es que para el 2013, todas las instituciones educativas integren el programa de educación económica y financiera a sus proyectos educativos institucionales.

Ahora bien, a pesar del compromiso de la banca, el reto está en que el desarrollo de esta temática se convierta en un propósito nacional, en el que tanto el sector público como el privado desarrollen un rol activo y se generen sinergias, tal como está sucediendo en otros países.

 

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La reanudación de la apreciación de la tasa de cambio en el primer trimestre del año ha suscitado la atención de las autoridades y los analistas, porque prolonga la tendencia que ha tenido el COP a fortalecerse desde 2004, tanto en términos nominales como reales. Este año la tasa de cambio real ha caído a mínimos históricos. Su nivel actual representa un peligro latente para el desarrollo del sector agropecuario y para el de un gran número de subsectores industriales.

Durante la última década la economía tuvo una serie de transformaciones estructurales que justifican el fortalecimiento real de su moneda. La brecha de productividad entre la economía colombiana y su principal socio comercial y financiero, los Estados Unidos, se estrechó. El volumen de las exportaciones de materias primas se incrementó. La magnitud de la inversión extranjera y de las remesas de los trabajadores colombianos en el extranjero se elevó. El riesgo de invertir en Colombia se redujo, gracias a la recuperación del orden público y al acatamiento de una mayor disciplina fiscal. Por último, la apreciación real y la convergencia de la inflación doméstica a la internacional, respaldan una moneda nominalmente más fuerte.

Sin embargo, en la actualidad hay una serie de factores coyunturales que amenaza con desalinear la tasa de cambio real de su tendencia de largo plazo, determinada por los fundamentos macroeconómicos del país. Este conjunto de factores es originado por las etapas contrapuestas del ciclo que atraviesan las economías avanzadas y las emergentes y en desarrollo. La política monetaria en las economías avanzadas es muy laxa. Esta postura debilita internacionalmente sus monedas, especialmente el USD, con la consecuencia de fortalecer las divisas más flexibles, incluido el COP. La abundancia de recursos baratos en los mercados internacionales alienta la inversión en los emergentes y en desarrollo. El diferencial de tasas de interés de corto y de largo plazo favorece los flujos de capital a los mercados de activos de las economías emergentes. Además, los precios de las materias primas están muy elevados. Esto favorece el incremento de los ingresos en los países que las exportan y la rentabilidad de la inversión extranjera en la producción de estos bienes. Por último, la economía colombiana tiene un exceso de gasto doméstico que financia con la abundancia de recursos externos. Hay un auge del consumo privado, que reduce el ahorro doméstico. La inversión privada es muy dinámica y demanda ahorro externo. La política fiscal es procíclica y origina desahorro público.

La desalineación persistente de la tasa de cambio real, causada por los factores coyunturales, amenaza con llevarla a niveles en los cuales la economía se vuelve propensa a sufrir en el futuro una crisis cambiaria y a incubar la enfermedad holandesa, con grave perjuicio para la industria y la agricultura. Por eso es menester que las autoridades actúen sobre la desalineación cambiaria. La combinación de una intervención más agresiva en el mercado cambiario, junto con un mayor ahorro público, ayudarían sin duda a moderarla.

 

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Cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que abre la posibilidad para los deudores de los establecimientos de crédito de efectuar pagos anticipados sin sanción. De acuerdo con él, las entidades financieras tendrían que aceptar anticipos en los pagos de capital sin recibir ingresos por los intereses pactados no causados.

La posibilidad del pago anticipado sin sanción generaría riesgos para las entidades de crédito, si la colocación de los recursos devueltos por el deudor no se lograra en las mismas condiciones, porque éstas son las que permiten al intermediario cumplir sus obligaciones con los propietarios de los fondos prestados que él ha intermediado. Por estas razones, tanto nacional como internacionalmente, se ha aceptado penalizar el pago anticipado de una obligación con el fin de: (1) reembolsar los gastos administrativos del proceso de otorgamiento de la financiación y (2) indemnizar a la entidad por los costos de oportunidad del dinero utilizado en la financiación.

El efecto perturbador del prepago sin sanción sería especialmente severo sobre el comercial de montos y plazos altos. Este resulta fundamental para los proyectos de infraestructura vial y explotación minera, que por su tamaño obligan a los bancos a utilizar recursos de entidades financieras de segundo piso o fondos de inversión. Estos créditos requieren colocaciones a plazos fijos, razón por la cual en los contratos se sanciona la anticipación del pago, con el objeto de brindar seguridad y estabilidad a las partes comprometidas en el esquema, en especial a los inversionistas. En este caso, prohibir la sanción por prepago conllevaría, por un lado, un costo mayor del fondeo, que se traduciría en el encarecimiento de la financiación; y por otro, se perdería el atractivo y la competitividad de los proyectos nacionales para los inversionistas que buscan emprendimientos de larga maduración.

El impacto de la eliminación de la sanción por prepago sería también significativo para el microcrédito. Esta modalidad implica colocar recursos en segmentos productivos que no ofrecen garantías sólidas, o están en cabeza de pequeños empresarios que no cuentan con un historial de crédito. Estas características hacen que las instituciones de este segmento tengan que plantear un esquema operativo especial, que les permita controlar de manera eficiente el retorno del crédito y compensar adecuadamente tanto el riesgo como los mayores costos del diseño. Eliminar la sanción por prepago implicaría para estas entidades un desarreglo en los planes de pago de sus clientes y una mayor carga operativa. El prepago ha incentivado la competencia entre las entidades financieras y su utilización se ha traducido en el ofrecimiento de condiciones más apropiadas en los servicios para sus clientes, lo cual a su vez ha permitido una mayor bancarización. El plazo de los créditos constituye un elemento que se pacta tanto en favor del deudor como del acreedor. Esta regla jurídica se justifica en el sentido de permitir que las obligaciones contraídas en virtud de la libertad contractual tengan un mínimo de seguridad para las partes. Con la eliminación legal de la penalización del prepago que se pretende con el proyecto, se generarían niveles de incertidumbre jurídica en los operadores bancarios acerca de la estabilidad de sus contratos, así como de la normatividad que los regula.

 

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A medida que transcurre el año, el escenario internacional resulta más favorable de lo previsto. Gracias a ello, han cedido la incertidumbre y la aversión al riesgo en los mercados internacionales, al tiempo que el riesgo soberano emergente permanece bajo. Por estos motivos se han reanudado los flujos de portafolio a los países emergentes, mientras que los de crédito en inversión directa hacia ellos no han menguado. Como el atractivo de invertir en Colombia es grande, el peligro de incurrir en valorizaciones exageradas de los activos domésticos y en desbordamientos del crédito no es despreciable. Por estos motivos, conviene determinar si la actual expansión del crédito en el país es sostenible y cuál sería el espacio adicional que tiene la cartera para aumentar.

El crecimiento del crédito en Colombia hoy no está próximo a un desbordamiento que desestabilice la economía. En primer lugar, porque su incremento ha consistido en gran parte en una recuperación de la dinámica durante la recesión de 2008-2009. En segundo lugar, porque su tasa de variación real ha disminuido de 26,7% anual en mayo del año pasado a 18,6% anual en febrero de este año. En tercer lugar, porque las proyecciones predicen que la tendencia hacia una expansión más moderada continuará, debido al estrechamiento de la política monetaria, a un crecimiento menos pronunciado de la economía y a las precauciones de los bancos al prestar. En cuarto lugar, porque la profundidad del crédito respecto del PIB no se aleja mucho de su tendencia de largo plazo. En quinto lugar, porque la expansión se ha hecho también por medio de una mayor inclusión financiera. Y por último, porque esa profundidad no ha alcanzado todavía su magnitud óptima, determinada por el desarrollo socioeconómico del país.

Asobancaria estima que la cartera aumentará cerca de 15% real este año y aproximadamente 14% real el entrante. A estas tasas, la profundidad del crédito se mantendrá próxima a su tendencia de largo plazo, sin amenazar un desborde. Nuestros cálculos sugieren que la profundidad del crédito en 2011 (32% del PIB) estaba cerca de 7 puntos porcentuales del PIB por debajo del óptimo que corresponde al desarrollo del país. Por tanto, el incremento del crédito previsto para 2012 y 2013 –que lo llevaría a aproximadamente a 35% y 37% del PIB, respectivamente– no desborda la tendencia de aumento de la profundidad de este mercado en el largo plazo, ni excede tampoco su tamaño óptimo.

La expansión del crédito no compromete la estabilidad financiera de la economía porque los bancos están bien capitalizados, mantienen una solvencia cómoda y las provisiones son holgadas. Además, la carga financiera de los hogares y el apalancamiento de las empresas no son exagerados, como prueba la excelente calidad de la cartera en todas las modalidades.

Por último, para no sobredimensionar el crecimiento del crédito conviene tomar en cuenta que está soportado ahora por un mayor número de usuarios y de intermediarios. En 2011 el número de adultos con por lo menos un producto financiero aumentó en 717 mil personas y en 4 millones durante los últimos cinco años, con lo cual llegó a 63% de la población adulta total. Los nuevos intermediarios, a su vez, aportaron 3 puntos porcentuales al incremento del crédito y 8 al de la modalidad de consumo el año pasado.

 

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