Edición 849 | ¿Por qué estamos atrasados en infraestructura?

Colombia ha tenido tradicionalmente uno de los flujos más estables de inversión en infraestructura, como proporción del PIB, entre los países latinoamericanos. Gracias a ello, la cobertura se amplió. Sin embargo, su calidad no es de las mejores, inclusive en el contexto regional. La brecha que la separa respecto de la que tienen las economías avanzadas es una de las más amplias en la región. Este rezago en la calidad deteriora en términos relativos la competitividad de los bienes y servicios nacionales, respecto de los de sus competidores. De esta manera, la calidad de la infraestructura se convierte en obstáculo para la expansión del comercio exterior y el crecimiento económico.

La necesidad de llevar a cabo proyectos de infraestructura en Colombia, por tanto, es grande. La magnitud de los recursos públicos para atender los requerimientos de ampliación y modernización de la infraestructura es insuficiente. Por fortuna la economía dispone de fondos adicionales administrados por el sector privado y de un acceso privilegiado al ahorro externo. La legislación se ha adaptado de manera paulatina, removiendo los principales obstáculos para que estos recursos fluyan hacia la financiación de la inversión en la infraestructura. No obstante, esto todavía no ha ocurrido.

La mala calidad de la infraestructura y el escaso interés del sector privado para participar en la financiación se derivaron en el pasado en gran medida de la debilidad de los organismos públicos del sector. La debilidad institucional generó, por una parte, una falta de planeación y priorización de las obras, una desarticulación de los diferentes modos de transporte y problemas en la contratación, fallas en las concesiones y corrupción. Y por otra parte, una precaria estructuración técnica y financiera de los proyectos, poca claridad en la licitación y adjudicación de las concesiones, carencia de unas normas legales que establezcan con claridad los derechos y las obligaciones de las partes y ausencia de mecanismos para distribuir de manera equitativa los riesgos de los proyectos.

Además, la rigidez del régimen de contratación pública impide una eficaz ejecución de los recursos y ocasiona prácticas administrativas ineficientes e irregulares, que abren espacio para la corrupción. Entre ellas están las habituales extensiones y renegociaciones de los contratos de obras públicas y los de las concesiones, que generan sobrecostos para el Gobierno, despilfarro de los fondos públicos y oportunidades para prácticas de corrupción. Otros cuellos de botella establecidos por la normatividad vigente, que demoran la ejecución de los proyectos, son la obtención de las licencias ambientales, la consulta previa, la adquisición de los predios y la reubicación de las redes de los servicios públicos. La actual administración tomó medidas acertadas para fortalecer institucionalmente al sector, mediante la restructuración del Ministerio de Transporte, la creación de la ANI y la aprobación de la Ley de APP. Este esquema institucional debe enmendar los errores del pasado. Sin embargo, se requiere esfuerzos adicionales en reformar el régimen de contratación pública.

 

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Banca y Economía

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    Carlos Alberto Ruiz Martínez

    Vicepresidente de Asuntos Corporativos

    Es economista de la Universidad Nacional graduado con honores, con Maestrías en Administración Pública de la Universidad de Columbia, Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Banca y Mercados Financieros de Universidad Carlos III de Madrid y Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona.

    Antes de ser vicepresidente en Asobancaria, fue viceministro de Vivienda en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jefe de Estudios Económicos de Asobancaria, Analista Económico de Fedesarrollo, y profesor de macroeconomía de la Universidad Nacional, entre otros.

    Monica Gomez

    Mónica María Gómez Villafañe

    Vicepresidenta Administrativa y Financiera

    Es abogada de la Universidad de San Buenaventura de Cali, con estudios de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes, con Especialización en Derecho Notarial y Derecho de Registro de la Universidad Externado de Colombia y Maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard.

    Entre otros cargos, se ha desempeñado como Directora Jurídica y Secretaria de la Junta Directiva en la Asociación Colombiana de Laboratorios de Investigación y Desarrollo AFIDRO, Secretaria General de la Aeronáutica Civil de Colombia y actualmente es la Vicepresidente Administrativa y Financiera de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – ASOBANCARIA, responsable además de la gestión administrativa y financiera, de los eventos de la asociación y desarrollo de nuevos negocios.

    Jose Manuel gomez

    José Manuel Gómez Sarmiento

    Vicepresidente Jurídico

    Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con Especialización en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialización en Banca de la Universidad de los Andes, Especialización en Alta Gerencia en la Universidad de los Andes y aspirante el título de Doctor en Docencia de la Universidad de la Salle de Costa Rica.

    Entre otros, se desempeñó como Gerente Jurídico y Secretario General de Leasing de Occidente, Secretario General y Primer Suplente del Presidente del Fondo para el Financiamiento para el Sector Agropecuario FINAGRO, Profesor en pregrado y posgrado de varias Universidades, entre ellas la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es el Vicepresidente Jurídico de la Asociación.

    Alejandro Vera

    Alejandro Vera

    Vicepresidente Técnico

    Es economista y Magister en Economía de la Universidad de los Andes, con estudios complementarios en Finanzas. Posee además un Master en Administración y Políticas Públicas de la London School of Economics (LSE), que obtuvo gracias a una beca otorgada por Colfuturo en 2007.

    A nivel profesional, inició su carrera como Asistente de la Oficina de Asesores del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Durante su estadía en Londres, para cursar estudios de maestría, trabajó como consultor de la International Budget Partnership (IBP), ONG basada en Washington D.C. También fue Investigador, Jefe de Investigaciones Económicas y, posteriormente, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). En este último cargo estuvo por ocho años.

    A nivel académico ha sido profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en pregrado y posgrado, de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana y de la Facultad de economía de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente, se desempeña como Vicepresidente Técnico de Asobancaria.

     

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    Jonathan Malagón González

    Presidente

    Jonathan Malagón González nació en Riohacha, La Guajira. Es economista graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia y administrador (Bachelor of Science in Management) de la University of London. Cuenta con una Maestría en Administración Pública de Columbia University, un Máster en Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona, un Máster en Arte Contemporáneo de la misma universidad y un PhD en Economía de Tilburg University.

    En enero de 2023, fue designado como presidente ejecutivo de ASOBANCARIA. Previamente, ha ejercido el cargo de ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia entre 2018 y 2022, vicepresidente de ASOBANCARIA, director de Análisis Macroeconómico y Sectorial de FEDESARROLLO, gerente del programa COMPARTEL del Ministerio de las TIC, gerente de Control de Gestión, asistente del CEO y jefe de Estudios Económicos de TELEFÓNICA COLOMBIA e investigador de ANIF.

    Ha sido profesor universitario de la Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colomba, Universidad de los Andes y del CESA.