Agosto 2011

La implementación del sistema de administración de riesgo operativo (SARO) en Colombia representa un importante avance en el compromiso de identificación, cuantificación, control y mitigación de los diferentes riesgos financieros. En esa medida, la maduración de este sistema y su adecuada implementación es una importante labor en la cual deben estar comprometidos tanto las empresas y los gremios, como las autoridades.

En esta Semana Económica se muestran algunos resultados obtenidos de una encuesta realizada a las entidades que conforman el Grupo de trabajo de Riesgo Operacional de Asobancaria, mediante la cual se identifican las principales prácticas y preocupaciones a nivel nacional.

Las experiencias de las entidades locales permiten identificar importantes avances en materia de administración del riesgo operativo. En este sentido, es destacable la frecuente utilización de indicadores de medición, la difusión interna, la disponibilidad de datos, la participación de órganos de control y la consolidación de procesos de identificación, entre otros.

Pero también existen ciertas debilidades, especialmente en materia de fortalecimiento de una cultura de riesgo operativo, la definición de diferentes mapas de riesgo y el abordar una serie de riesgos asociados a temas operativos que anteriormente no merecían mayor atención, pero que en la actualidad se consolidan como temas sustanciales del perfil del SARO.

Los resultados se contrastan con una revisión de experiencias internacionales, las cuales permitieron establecer cuáles deben ser los próximos pasos en materia de administración del riesgo operativo. En este orden de ideas, la evolución de diferentes procesos en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica sugiere que Colombia debe avanzar en la disposición a reportar eventos de riesgo operativo, la identificación del impacto de los procesos y las fallas humanas en su perfil de RO, y el refinamiento de los criterios relativos a la integración de los riesgos.

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La innovación y la tecnología traen grandes beneficios para la industria bancaria, pero también grandes retos. Los beneficios se traducen en mayor eficiencia, menores costos y mejor servicio al cliente.

Los principales retos son cinco. El primero es que la tecnología avanzada es cada vez más costosa y su obsolescencia más rápida. Además, la tecnología introduce rendimientos crecientes a escala. Esto tiene consecuencias sobre la formación de los precios de los productos financieros, que deben ser entendidas por la ciudadanía en general y por las autoridades de regulación en particular. Si bien los costos marginales pueden ser bajos, los costos fijos de implementación de la tecnología son altos y crecientes y no se incurre en ellos por una sola vez. Insistir en que la tarificación se debe basar solo en los costos marginales ignora que la tecnología implica unos costos hundidos muy grandes y que el único modo de generar una innovación financiera dinámica depende de que sea adecuadamente remunerada. Cuando un bien es intensivo en tecnología, su precio, en contra de lo que sugiere la intuición, no tiende a caer. Por eso, para mantener un ritmo dinámico de adopción de tecnología e innovación en la banca, se requiere que no se distorsione la formación de los precios con una regulación muy estrecha.

Un segundo tipo de retos tiene que ver con los procesos de atención y vinculación de nuevos clientes. Los cambios tecnológicos, la llegada de nuevos actores, el mayor acceso a la información, la mayor facilidad que tienen los clientes para interactuar con las entidades bancarias y una regulación más estricta de protección al consumidor, han generado nuevos desafíos de servicio a las entidades bancarias. Todo esto lleva a una ruptura permanente de paradigmas con el fin de adecuarse a los constantes cambios que este nuevo mundo tecnológico impone a los servicios bancarios.

En tercer lugar, hay retos en materia de seguridad. Así como se surgen nuevas tecnologías, se van desarrollando métodos para vulnerar la seguridad de las transacciones. En consecuencia, las entidades financieras tienen que gastar considerables recursos para garantizar la seguridad de sus operaciones.

En cuarto lugar, la aplicación de las nuevas tecnologías al mercadeo requiere la combinación de creatividad, diseño y estrategias de comunicación, para que las entidades financieras puedan generar contacto y relaciones con sus clientes y usuarios. Estas herramientas tecnológicas ayudan a segmentar a los clientes, y entregan información que se puede aprovechar para ofrecerles productos apropiados para sus necesidades, y por los canales que más se adecúen a sus preferencias.

El último reto consiste en ampliar la inclusión financiera, llevando el sector financiero a más regiones y personas. Las nuevas herramientas tecnológicas facilitan la tarea de la inclusión financiera.

El entorno institucional puede facilitar o dificultar la absorción tecnológica. En particular, las políticas gubernamentales son determinantes para que el desarrollo tecnológico no sea desperdiciado. En el caso colombiano, dos tentaciones lucen preocupantes. La primera, intervenir los procesos de formación de los precios de modo que se desestimule la innovación necesaria para la inclusión financiera. Y la segunda, aprovechar los desarrollos tecnológicos para, en aras de una competencia mal entendida, permitir que los servicios financieros sean prestados por entidades no financieras. Aquí hay un deber de protección de los ahorros del público. En algunos países, donde se tomó la decisión de desarrollar sistemas de pago sin la participación de entidades financieras, se ha empezado a ver la inconveniencia de esa decisión, y se ha comenzado a reversar. Esa es una lección de la cual Colombia debería tomar nota.

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La posibilidad de una segunda recesión en Estados Unidos y en Europa, causada por el deterioro de su solvencia fiscal, por la pesada carga financiera de sus hogares y por la debilidad y la exposición de sus sistemas financieros a estos eventos, ha generado una incertidumbre creciente en los mercados internacionales, que ha aumentado su volatilidad. Con este entorno internacional más riesgoso, es pertinente preguntarse si la economía colombiana está en un auge del crédito, que la haga vulnerable a ese tipo de choques. Con frecuencia los desbordamientos del endeudamiento durante la fase ascendente del ciclo han precedido a las crisis financieras y a contracciones de la producción y el empleo. Además, una expansión insostenible del endeudamiento privado alimenta generalmente desbalances que pueden perturbar la estabilidad macroeconómica y financiera, tornando la economía más propensa a crisis bancarias o cambiarias.

Afortunadamente la mayoría de los indicadores macroeconómicos cuya evolución durante las expansiones de la actividad económica pueden acompañar auges insostenibles del crédito –la demanda interna, el PIB, la cuenta corriente, la tasa de cambio, los precios de los activos domésticos y de los bienes no transables, la producción de este tipo de bienes, los flujos de capital, los activos y pasivos bancarios−, no exhibe un comportamiento alarmante en Colombia. Quizá la única inquietud está en el incremento del consumo privado, que en el futuro podría conducir a un endeudamiento excesivo de los hogares. Por tanto, la actual expansión del crédito no solamente no constituye un auge, sino que es macroeconómicamente sostenible.

También es financieramente viable. La banca está bien capitalizada, mantiene una relación de solvencia cómodamente arriba del requerimiento del regulador, el cubrimiento de la cartera en todas las modalidades es holgado y su calidad ha mejorado, lo cual implica un adecuado manejo del riesgo de crédito. Por último, para prevenir un excesivo endeudamiento y un deterioro de la calidad de la cartera, los bancos han comenzado a ser más cautos al prestar, exigiendo mayores requisitos a sus clientes

En contraste con el auge del crédito que precedió a la recesión de 1998-1999, el BR cuenta ahora con un esquema de política monetaria más adecuado, que incluye un régimen de tasa de cambio flexible. Por otro lado, tanto la regulación como la supervisión financieras son más fuertes. Las autoridades tienen actualmente un mayor arsenal de instrumentos macroprudenciales –como la posición propia−, con el cual pueden evitar el surgimiento de descalces cambiarios en el sistema financiero.

El Gobierno procura mantener la disciplina fiscal, para limitar la expansión de la demanda interna, contribuyendo a evitar la formación de desbalances macroeconómicos pronunciados. Cuenta, además, con nuevos instrumentos que le permitirán en el futuro implementar con mayor propiedad estrategias contra-cíclicas −el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la regla fiscal y el Fondo de Ahorro y Establización del Sistema Nacional de Regalías−, para prevenir esos desequilibrios. Complementariamente, el BR está retirando oportunamente el estímulo monetario, mediante el tránsito hacia una postura neutral de la política monetaria.

Por el entorno internacional incierto y por la mayor probabilidad de enfrentar choques externos de gran magnitud, es conveniente que el Gobierno se empeñe en reglamentar lo más pronto posible el funcionamiento de esos nuevos instrumentos, para poder comenzar a utilizarlos.

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Al comenzar el Gobierno Santos, la banca le presentó algunas propuestas para promover la inclusión financiera. Una de ellas fue la eliminación de la tasa de interés de usura o, como alternativa, la revisión de su metodología de cálculo, para que refleje las tendencias del mercado de crédito y no constituya, como en el pasado, un instrumento de control de las tasas de interés. Por su mayor viabilidad política, el Gobierno acogió la alternativa de revisar la metodología. Para ello decidió llevar a cabo un “experimento controlado”, implementando por un período determinado una nueva forma de cálculo del interés bancario corriente (IBC) que certifica la Superintendencia Financiera (SFC), propuesta por Asobancaria. La nueva metodología consiste, por un lado, en calcular el IBC para las modalidades de crédito de consumo y ordinario, como el promedio simple de la tasa promedio ponderada de los desembolsos reportados por los bancos en las doce (12) semanas previas a la certificación. Y por otro, en descongelar el IBC para el microcrédito y en calcularlo como el promedio ponderado de las tasas de interés promedio ponderadas por los montos de los desembolsos realizados en las cincuenta y dos (52) semanas anteriores a la certificación.

El año fijado para el experimento está próximo a cumplirse, con excelentes resultados. Las tasas de interés no se han disparado y la bancarización, medida por el número de créditos y la evolución de los saldos, marcha muy bien. En consecuencia, es hora de consolidar las medidas, de modo que se le dé seguridad normativa al mercado. El logro de este propósito, sin lugar a dudas, atraerá a otros actores a la actividad microcrediticia. Hay que tener en cuenta que, para algunas entidades, la decisión de entrar en ese mercado no se toma de un momento para otro. Para incentivarla se requiere que las normas para el desarrollo del mercado sean estables en el largo plazo.

Lo que no debe hacerse es obligar a todas las entidades a otorgar microcrédito. No todos los bancos son iguales ni se comportan de idéntica manera, porque sus estructuras de negocio son distintas y, por tanto, sus estrategias comerciales difieren. A algunos les interesa más que a otros estar en determinados segmentos del mercado, concediendo con mayor énfasis ciertas modalidades de crédito. Por estos motivos, ciertas entidades prefieren especializarse en microcrédito y otras solo incursionar paulatinamente en este nicho, cuyas peculiaridades al comienzo desconocen. En otros casos, algunas entidades pueden preferir fondear a las que se especializan en este segmento, antes que entrar directamente en él.

Por último, conviene recordar que el conocimiento de los demandantes de microcrédito no se logra inmediatamente, ni éstos en la mayoría de los casos están en condiciones de ofrecer unas buenas garantías. Por tanto, conocer sus hábitos de pago es crucial. Mucho ayudaría para lograr a este propósito, por una parte, que el pago de los servicios públicos figure en cabeza de quien lo realiza, en lugar de quedar únicamente referenciado por la dirección del predio. Y por otra, que la banca tuviera acceso a la información sobre los historiales de pago de los servicios públicos de los demandantes de crédito.

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Cuando se habla de lavado de activos y financiación del terrorismo aparecen dos concepciones alejadas de su realidad. La primera se refiere a que estos fenómenos están relacionados exclusivamente con el narcotráfico. Se requiere avanzar en la desmitificación de esta percepción, pues muchos son los delitos fuente tipificados en las normas internacionales. Tal es el caso de la vinculación entre las actuaciones en contra de la administración pública y el lavado de activos. Por ejemplo, en Colombia ante los recientes escándalos de corrupción se ha puesto en evidencia la relevancia del vínculo legal existente entre estos hechos y el lavado de activos.

La segunda está relacionada con la concepción de que la prevención del lavado de activos es una responsabilidad exclusiva del sector financiero. Lo que sucede en realidad es que la dinámica del lavado de activos y la financiación del terrorismo ha implicado la participación de otros sectores, progresivamente utilizados para permear recursos producto de actividades ilícitas, o destinados para la financiación de actividades terroristas. Por esto la gestión de riesgos sobre los asuntos en referencia debe constituirse en parte de las buenas prácticas de la administración, del buen gobierno corporativo y de la responsabilidad social empresarial de todas las organizaciones, independientemente del sector al que pertenezcan.

Es necesario llamar la atención sobre los retos que en estos asuntos imponen los objetivos de inclusión financiera de los gobiernos de la región. Estas iniciativas, que son compartidas y apoyadas por el sector financiero, generan importantes retos para la banca, en razón a que los productos y servicios que debe ofrecer, deben ser concordantes con el objetivo de mayor cobertura, sin descuidar los deberes propios de la prestación del servicio bancario como es, por ejemplo, la debida diligencia, la protección de los recursos y la administración de los diferentes riesgos —entre ellos, el relacionado con el lavado de activos y la financiación del terrorismo—. El gran desafío para los actores institucionales involucrados en la prevención, identificación y detección de tales riesgos está en su capacidad para alinearse y adaptarse a las nuevas tendencias, mediante el establecimiento de reglamentos, medidas y procedimientos que logren, dentro de lo posible, una menor exposición.

Finalmente, es necesario volver con el aspecto relacionado con el uso del efectivo como medio de pago. A nivel internacional, con frecuencia el mayor uso del efectivo se identifica con corrupción, evasión de impuestos y lavado de activos. Colombia es un país en el que la circulación relativa del efectivo frente a las cuentas corrientes es muy elevada. En la actualidad dicha relación se asemeja a la que se tenía el país en 1940. Dicho comportamiento deriva de distintas disposiciones legales, en particular el GMF y la vinculación del cobro de impuestos a la realización de transacciones financieras. El problema en especial con el 4 por mil no solo está en las implicaciones negativas que tienen sobre el tamaño y profundidad del sector financiero, sino también en que resulta contraproducente para efectos de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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