Edición 813 | El lavado de activos y la financiación del terrorismo: más que un problema de narcotráfico exclusivo del sector financiero

Cuando se habla de lavado de activos y financiación del terrorismo aparecen dos concepciones alejadas de su realidad. La primera se refiere a que estos fenómenos están relacionados exclusivamente con el narcotráfico. Se requiere avanzar en la desmitificación de esta percepción, pues muchos son los delitos fuente tipificados en las normas internacionales. Tal es el caso de la vinculación entre las actuaciones en contra de la administración pública y el lavado de activos. Por ejemplo, en Colombia ante los recientes escándalos de corrupción se ha puesto en evidencia la relevancia del vínculo legal existente entre estos hechos y el lavado de activos.

La segunda está relacionada con la concepción de que la prevención del lavado de activos es una responsabilidad exclusiva del sector financiero. Lo que sucede en realidad es que la dinámica del lavado de activos y la financiación del terrorismo ha implicado la participación de otros sectores, progresivamente utilizados para permear recursos producto de actividades ilícitas, o destinados para la financiación de actividades terroristas. Por esto la gestión de riesgos sobre los asuntos en referencia debe constituirse en parte de las buenas prácticas de la administración, del buen gobierno corporativo y de la responsabilidad social empresarial de todas las organizaciones, independientemente del sector al que pertenezcan.

Es necesario llamar la atención sobre los retos que en estos asuntos imponen los objetivos de inclusión financiera de los gobiernos de la región. Estas iniciativas, que son compartidas y apoyadas por el sector financiero, generan importantes retos para la banca, en razón a que los productos y servicios que debe ofrecer, deben ser concordantes con el objetivo de mayor cobertura, sin descuidar los deberes propios de la prestación del servicio bancario como es, por ejemplo, la debida diligencia, la protección de los recursos y la administración de los diferentes riesgos —entre ellos, el relacionado con el lavado de activos y la financiación del terrorismo—. El gran desafío para los actores institucionales involucrados en la prevención, identificación y detección de tales riesgos está en su capacidad para alinearse y adaptarse a las nuevas tendencias, mediante el establecimiento de reglamentos, medidas y procedimientos que logren, dentro de lo posible, una menor exposición.

Finalmente, es necesario volver con el aspecto relacionado con el uso del efectivo como medio de pago. A nivel internacional, con frecuencia el mayor uso del efectivo se identifica con corrupción, evasión de impuestos y lavado de activos. Colombia es un país en el que la circulación relativa del efectivo frente a las cuentas corrientes es muy elevada. En la actualidad dicha relación se asemeja a la que se tenía el país en 1940. Dicho comportamiento deriva de distintas disposiciones legales, en particular el GMF y la vinculación del cobro de impuestos a la realización de transacciones financieras. El problema en especial con el 4 por mil no solo está en las implicaciones negativas que tienen sobre el tamaño y profundidad del sector financiero, sino también en que resulta contraproducente para efectos de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

 

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Banca y Economía

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    Carlos Alberto Ruiz Martínez

    Vicepresidente de Asuntos Corporativos

    Es economista de la Universidad Nacional graduado con honores, con Maestrías en Administración Pública de la Universidad de Columbia, Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Banca y Mercados Financieros de Universidad Carlos III de Madrid y Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona.

    Antes de ser vicepresidente en Asobancaria, fue viceministro de Vivienda en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jefe de Estudios Económicos de Asobancaria, Analista Económico de Fedesarrollo, y profesor de macroeconomía de la Universidad Nacional, entre otros.

    Monica Gomez

    Mónica María Gómez Villafañe

    Vicepresidenta Administrativa y Financiera

    Es abogada de la Universidad de San Buenaventura de Cali, con estudios de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes, con Especialización en Derecho Notarial y Derecho de Registro de la Universidad Externado de Colombia y Maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard.

    Entre otros cargos, se ha desempeñado como Directora Jurídica y Secretaria de la Junta Directiva en la Asociación Colombiana de Laboratorios de Investigación y Desarrollo AFIDRO, Secretaria General de la Aeronáutica Civil de Colombia y actualmente es la Vicepresidente Administrativa y Financiera de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – ASOBANCARIA, responsable además de la gestión administrativa y financiera, de los eventos de la asociación y desarrollo de nuevos negocios.

    Jose Manuel gomez

    José Manuel Gómez Sarmiento

    Vicepresidente Jurídico

    Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con Especialización en Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialización en Banca de la Universidad de los Andes, Especialización en Alta Gerencia en la Universidad de los Andes y aspirante el título de Doctor en Docencia de la Universidad de la Salle de Costa Rica.

    Entre otros, se desempeñó como Gerente Jurídico y Secretario General de Leasing de Occidente, Secretario General y Primer Suplente del Presidente del Fondo para el Financiamiento para el Sector Agropecuario FINAGRO, Profesor en pregrado y posgrado de varias Universidades, entre ellas la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es el Vicepresidente Jurídico de la Asociación.

    Alejandro Vera

    Alejandro Vera

    Vicepresidente Técnico

    Es economista y Magister en Economía de la Universidad de los Andes, con estudios complementarios en Finanzas. Posee además un Master en Administración y Políticas Públicas de la London School of Economics (LSE), que obtuvo gracias a una beca otorgada por Colfuturo en 2007.

    A nivel profesional, inició su carrera como Asistente de la Oficina de Asesores del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Durante su estadía en Londres, para cursar estudios de maestría, trabajó como consultor de la International Budget Partnership (IBP), ONG basada en Washington D.C. También fue Investigador, Jefe de Investigaciones Económicas y, posteriormente, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). En este último cargo estuvo por ocho años.

    A nivel académico ha sido profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en pregrado y posgrado, de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana y de la Facultad de economía de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente, se desempeña como Vicepresidente Técnico de Asobancaria.

     

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    Jonathan Malagón González

    Presidente

    Jonathan Malagón González nació en Riohacha, La Guajira, el 10 de agosto de 1984. Es economista graduado con honores de la Universidad Nacional de Colombia y administrador (Bachelor of Science in Management) de la University of London. Cuenta con una Maestría en Administración Pública de Columbia University, un Master en Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona y un PhD en Economía de Tilburg University.

    En enero de 2023, fue designado como presidente ejecutivo de ASOBANCARIA. Previamente, ha ejercido el cargo de ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia entre 2018 y 2022, vicepresidente de ASOBANCARIA, director de Análisis Macroeconómico y Sectorial de FEDESARROLLO, gerente del programa COMPARTEL del Ministerio de las TIC, gerente de Control de Gestión, asistente del CEO y jefe de Estudios Económicos de TELEFÓNICA COLOMBIA e investigador de ANIF.

    Ha sido profesor universitario de la Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colomba, Universidad de los Andes y del CESA.