mayo 2011

La inflación financiera y los precios de los servicios bancarios en Colombia son objeto de un debate recurrente en los medios de información. Estos concluyen precipitadamente que la primera es muy alta y los segundos exagerados. Por estos motivos, conviene hacer algunas precisiones.

En primer lugar, las comparaciones internacionales muestran que las tarifas de la mayoría de los servicios bancarios en Colombia son de las más bajas en América Latina, o se aproximan al promedio regional.

En segundo lugar, en la coyuntura actual las tarifas bancarias en Colombia no son inflacionarias. Si se calcula la inflación bancaria con base en canastas que incluyen un amplio número de servicios −como la del índice de productos financieros de Asobancaria (IPPF)−, la inflación de éstos resulta menor que la de la canasta total del consumidor del DANE. Además, la inflación de servicios bancarios medida por el IPPF, tiende a seguir con rezago a la del consumidor. Esto indica que la inflación bancaria tiene un importante componente de costos. Una manera de corroborarlo es la estrecha relación que existe entre la inflación bancaria, la salarial y la del productor.

En tercer lugar, los incrementos de las tarifas de los servicios bancarios no parecen un factor de exclusión financiera para los trabajadores formales que devengan el salario mínimo, porque la inflación salarial y la bancaria tienen una relación contemporánea y directa muy estrecha. Gracias a esta relación, los salarios tienden a conservar su poder adquisitivo en términos de los servicios bancarios.

En cuarto lugar, la evidencia global sugiere que los servicios bancarios tradicionales, prestados por los intermediarios formales, no siempre son el mejor medio para lograr la inclusión de los más pobres, por causa de sus costos intrínsecos. En consecuencia, la inclusión debe basarse en el desarrollo y la innovación de vehículos menos costosos, como los que utilizan la telefonía móvil y los últimos desarrollos en la tecnología de la información y las comunicaciones.

Finalmente, los esfuerzos de inclusión financiera no deben apoyarse en intervenciones gubernamentales que introduzcan distorsiones en la formación de los precios de los servicios tradicionales, porque éstas conducen a flujos de inversión no óptimos y a excesos de demanda que no pueden satisfacerse. De esta manera, semejantes distorsiones obstaculizarían la profundización financiera, la innovación e inclusive la extensión de las redes y los canales que los nuevos productos podrían utilizar. Con ello las autoridades frenarían justamente lo que tratan de promover.

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El mercado de capitales y el de crédito proveen servicios complementarios. El desarrollo del mercado de capitales contribuye al de la banca comercial y a su operación eficiente. No obstante, existe un debate sobre el papel que debe jugar la banca en el desarrollo del mercado de capitales. Un punto de vista sostiene que la banca comercial y la de inversión deben operar de manera independiente. Otro, en contraste, afirma que esta operación debe estar integrada en la banca universal. Colombia a lo largo de las dos últimas décadas ha venido avanzando en la ruta de la multibanca. Sin embargo, aún no se ha explotado el potencial de la red bancaria como canal de distribución de productos del mercado de capitales, ni está autorizada la inversión en acciones por parte de los bancos. En consecuencia, resulta pertinente preguntarse si una mayor participación de la banca comercial en las actividades de inversión podría constituir una ruta efectiva para la promoción del mercado de capitales.

El mercado de capitales colombiano se ha desarrollado satisfactoriamente, aunque con algunas limitaciones. En primer lugar, ese desarrollo se ha logrado esencialmente con base en la emisión y negociación de títulos de deuda y de acciones, en razón de que el uso de nuevos y más sofisticados instrumentos ha sido limitado. En segundo lugar, el mayor beneficiario de ese desarrollo ha sido el Estado. En tercer lugar, pocas empresas en Colombia llenan las condiciones requeridas para acceder al mercado de capitales. En este mercado, los fondos de pensiones y las fiduciarias son los jugadores más robustos, pero no es despreciable el músculo de los establecimientos de crédito. Por tanto, para profundizarlo puede resultar conveniente permitir una mayor participación de estos últimos.

Los instrumentos más populares del mercado de capitales no están al alcance de la gran mayoría de empresas colombianas. Aunque sea normal que solo empresas grandes y consolidadas puedan acceder a sofisticados productos del mercado de capitales, existe el enorme reto de desarrollar instrumentos de financiación aptos para compañías de menor tamaño, típicas de la estructura empresarial colombiana.

El gran desafío que enfrenta el país hacia el futuro es aumentar la canalización del ahorro financiero hacia actividades productivas privadas, para lo cual es preciso ajustar las finanzas del Estado.

El Ministerio de Hacienda tiene dos agendas para el sector financiero: la inclusión y el desarrollo del mercado de capitales. Para este último propósito ha propuesto la elaboración de una “Hoja de Ruta”, para la cual, hasta el momento, solo ha definido una metodología de trabajo y unos temas a tratar: competencia, protección al inversionista, oferta y demanda de papeles, transferencia de riesgos e infraestructura. Asobancaria cree que es conveniente incluir la discusión de los problemas originados en la regulación, que actualmente frenan la promoción. Esa discusión debe contemplar, además, la generación de incentivos para atraer más y nuevos emisores, para ampliar los espacios de acción de los agentes y para corregir la reducida y concentrada oferta de instrumentos.

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Hace trámite en el Congreso un proyecto de ley que busca establecer reglas de protección de los derechos de los prestatarios en créditos hipotecarios destinados a la adquisición, ampliación, remodelación o construcción de la vivienda principal, así como la paralización de los procesos judiciales en curso y la realización de una nueva reliquidación de los saldos de los créditos hipotecarios vigentes.

Es importante destacar que el sector de la construcción de vivienda atraviesa por uno de los mejores momentos para todos los actores. Frente a esto, reiniciar la discusión de temas legales cuya definición ya se ha dado durante la última década a través de la regulación y de diversos pronunciamientos jurisprudenciales, hace que se pierda el enfoque en el análisis de temas prioritarios para el sector como el aumento de la tierra urbanizable, la duplicación de los recursos para subsidios y la ampliación de la capacidad de pago de las familias con el mantenimiento del subsidio a la tasa de interés.

Los intentos legislativos por “paralizar” los procesos judiciales en curso, así como una nueva reliquidación y ajuste en los saldos de los créditos como la que se propone, sin que exista una situación o coyuntura de especiales características que justifique la adopción de tales medidas, desbordan los principios constitucionales que tutelan la libre empresa y resultan desproporcionadas frente al esfuerzo jurisprudencial que ha realizado la Corte Constitucional en los últimos 12 años para establecer una serie de reglas que les permitiera a los usuarios, entidades financieras y jueces de la República lograr definir los procesos judiciales anteriores, en curso y posteriores a la expedición de la Ley 546 de 1999 de una manera ajustada a los principios constitucionales.

De aprobarse el proyecto se perdería el trabajo realizado por los entes de regulación y las Altas Cortes para establecer las directrices claras que le han permitido a los usuarios y clientes del modelo hipotecario, así como a las entidades que lo integran, tener certeza acerca del alcance de sus responsabilidades, pero sobre todo de sus derechos, lo cual ha propiciado las condiciones de estabilidad que constituyen las bases que han cimentado la confianza necesaria para que el sector de la construcción de vivienda y su financiación sea nuevamente un motor de la economía nacional.

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Para la Asobancaria y sus entidades afiliadas, la protección de los consumidores financieros y la educación financiera son dos temas de gran relevancia, que están íntimamente relacionados. Avanzar en la consolidación de una cultura de protección a los consumidores financieros se está convirtiendo en una prioridad en todo el mundo. El adecuado funcionamiento del mercado depende del trabajo en tres frentes claves: (1) proveer herramientas que hagan pública la información relacionada con los costos y condiciones de los servicios financieros, de manera clara y oportuna; (2) reconocer y garantizar los derechos y deberes de los consumidores y de las entidades; y (3) desarrollar entre la población la habilidad para analizar la información disponible, tomar decisiones acertadas y adquirir hábitos financieros saludables.

Con la reforma financiera de 2009, que establece normas en materia financiera, de seguros y del mercado de valores, se avanzó en la adopción de un régimen especial de protección al consumidor financiero, inexistente hasta ese momento, convirtiendo al financiero en el sector que mayor protección otorga a sus consumidores.

Frente a la educación financiera, la reforma avanzó bastante menos, instando tímidamente a las entidades a diseñar planes y programas para prevenir los riesgos derivados de la utilización de productos y servicios, y a familiarizar al consumidor con el uso de la tecnología en forma segura.

En cuanto a la educación financiera, resulta clave delimitar el contenido de los conceptos “informar” y “educar”, y entender que se trata de asuntos que, si bien tienen relación, van dirigidos a lograr objetivos distintos y requieren metodologías e instrumentos diferentes.

Al respecto consideramos que, más allá de reconocer la educación financiera como un derecho y un principio que debe regir las relaciones entre consumidores y entidades vigiladas, es necesario que se imparta a través de la educación formal. Entre más temprano brindemos las herramientas para que todos se puedan desempeñar en su vida diaria, mejor. Estamos convencidos de que la educación financiera debe empezar desde la infancia y continuar durante las diferentes etapas de la vida. La educación financiera debe ser entonces un propósito nacional, en el que tanto el sector público como el privado desarrollen un rol activo y se generen sinergias, tal como está sucediendo en muchos países. En estas materias, el compromiso del Gobierno es indispensable.

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La magnitud y cobertura de la crisis financiera internacional requirieron la implementación de medidas extremas de política económica, que cuestionaron paradigmas firmemente establecidos en la teoría y en la práctica de las estrategias fiscales y monetarias, así como en la regulación y la supervisión financiera.

En política monetaria la crisis mostró la necesidad de esquemas más compresivos que el de inflación objetivo, que cuenten con un mayor número de instrumentos para alcanzar metas adicionales. Por tanto, en el futuro los bancos centrales estarán seguramente más comprometidos con la salvaguardia de la estabilidad financiera, siguiendo los acontecimientos en los mercados de activos, la evolución del crédito y los agregados monetarios. Se reservarán probablemente también la posibilidad de usar mecanismos expeditos para comprar activos distintos de la deuda pública, si las circunstancias lo exigen.

La crisis desafío la idea según la cual la profundización y la innovación financieras conducen a asignaciones eficientes de los recursos y aseguran la estabilidad. Probó que, en presencia de distorsiones en los mercados, con incentivos perversos y al amparo de una regulación y supervisión inadecuada, los resultados son exactamente al contrario. Sin embargo, para maximizar los beneficios sociales del desarrollo de los mercados financieros, evitando sus peligros latentes, las propuestas de reforma deben tener en cuenta que la crisis no afectó, ni se extendió uniformemente a los sistemas financieros de todos los países con la misma intensidad. En consecuencia, en algunas economías puede requerirse un endurecimiento de la regulación y la supervisión, mientras que en otras quizá lo pertinente sea la combinación de un relajamiento de las normas, con un monitoreo más estrecho de los riesgos sistémicos.

La poscrisis demostró que el estímulo fiscal es una herramienta contracíclica poderosa. Por este motivo, conviene siempre tener suficiente espacio para cuando se requiera implementarlo.

En las economías emergentes, donde los paradigmas en boga cedieron antes y más fácilmente al pragmatismo obligado por las circunstancias, tanto la política económica como la regulación y la supervisión financiera fueron más preventivas. Por eso asimilaron con propiedad el choque externo, minimizando sus consecuencias reales, sin arriesgar su estabilidad financiera.

Ojalá no olvidemos estas lecciones ahora, cuando enfrentamos el cambio climático y somos un imán para la inversión extranjera y el crédito externo.

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