Hace trámite en el Congreso un proyecto de ley que busca establecer reglas de protección de los derechos de los prestatarios en créditos hipotecarios destinados a la adquisición, ampliación, remodelación o construcción de la vivienda principal, así como la paralización de los procesos judiciales en curso y la realización de una nueva reliquidación de los saldos de los créditos hipotecarios vigentes.
Es importante destacar que el sector de la construcción de vivienda atraviesa por uno de los mejores momentos para todos los actores. Frente a esto, reiniciar la discusión de temas legales cuya definición ya se ha dado durante la última década a través de la regulación y de diversos pronunciamientos jurisprudenciales, hace que se pierda el enfoque en el análisis de temas prioritarios para el sector como el aumento de la tierra urbanizable, la duplicación de los recursos para subsidios y la ampliación de la capacidad de pago de las familias con el mantenimiento del subsidio a la tasa de interés.
Los intentos legislativos por “paralizar” los procesos judiciales en curso, así como una nueva reliquidación y ajuste en los saldos de los créditos como la que se propone, sin que exista una situación o coyuntura de especiales características que justifique la adopción de tales medidas, desbordan los principios constitucionales que tutelan la libre empresa y resultan desproporcionadas frente al esfuerzo jurisprudencial que ha realizado la Corte Constitucional en los últimos 12 años para establecer una serie de reglas que les permitiera a los usuarios, entidades financieras y jueces de la República lograr definir los procesos judiciales anteriores, en curso y posteriores a la expedición de la Ley 546 de 1999 de una manera ajustada a los principios constitucionales.
De aprobarse el proyecto se perdería el trabajo realizado por los entes de regulación y las Altas Cortes para establecer las directrices claras que le han permitido a los usuarios y clientes del modelo hipotecario, así como a las entidades que lo integran, tener certeza acerca del alcance de sus responsabilidades, pero sobre todo de sus derechos, lo cual ha propiciado las condiciones de estabilidad que constituyen las bases que han cimentado la confianza necesaria para que el sector de la construcción de vivienda y su financiación sea nuevamente un motor de la economía nacional.