Durante la última década, Colombia ha presentado importantes avances en temas de inclusión financiera gracias al trabajo conjunto del sector bancario y el Gobierno Nacional. El índice de bancarización, medido como el número de adultos que tienen al menos un producto financiero, ha crecido a tasas superiores al 6% durante los últimos tres años. Lo cual se tradujo en un aumento de dicho indicador en más de diez puntos porcentuales, situándolo en 71.2% a junio de 2014; a esta misma fecha, el 33.4% de la población adulta tenía al menos un crédito; y existe presencia del sistema financiero en el 100% de los municipios del territorio nacional, por medio de oficinas o corresponsales bancarios.
Uno de los factores determinantes en la efectividad de las políticas de inclusión ha sido la reducción en las asimetrías de la información. Este se ha manifestado a través del acceso a los servicios financieros, la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad en el país. La naturaleza de la actividad bancaria depende significativamente de un adecuado conocimiento del cliente financiero y en la medida que se tenga información de calidad, se garantiza una mejor administración del riesgo de crédito; lo cual incentiva la colocación de cartera y la reducción de exigencias como colaterales o codeudores para el otorgamiento de préstamos.
En la actualidad, existen varios Proyectos de Ley que están cursando su trámite legislativo en el Congreso y tienen como objetivo modificar el manejo de la información financiera y crediticia. En particular, se destaca el Proyecto de Ley N°90 de la Cámara que busca modificar la Ley Estatutaria 1266 de 2008, en relación con el Hábeas Data, en el cual se propone reducir del término de permanencia de la información en los bancos de datos, eliminar de las centrales de riesgo a los deudores morosos cuyas obligaciones sean inferiores a un salario mínimo y establecer un régimen de amnistía para los titulares de la información reportada, entre otras disposiciones.
Si bien este tipo de normativas se soportan en el mejoramiento del derecho de Habeas Data, se debe tener en cuenta que la información disponible y el tiempo de permanencia en las Centrales de Información permiten mejorar los modelos de riesgo en las entidades, incentivando la inclusión financiera y no obstaculizándola. De hecho, varias de estas disposiciones podrían tener efectos adversos sobre la economía e irían en contravía de las metas del Gobierno Nacional en tanto que (i) se aumentarían las tasas de interés frente a una mayor incertidumbre por el desconocimiento del comportamiento crediticio del cliente y existirían mayores costos asociados a su seguimiento; (ii) se generarían problemas en la estabilidad del sistema financiero debido a los deterioros en la cartera de crédito; (iii) se desmejoraría el clima de los negocios reduciendo los niveles de inversión extranjera; entre otros.