Cartagena, 6 de marzo de 2026 (@Asobancaria). Durante su intervención en el 16° Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medios de Pago (CAMP 2026), Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), destacó la evolución que ha tenido el sistema financiero colombiano desde 2010 en términos de digitalización y métodos de pago y advirtió sobre algunas iniciativas que tienen efectos negativos sobre la inclusión crediticia de los colombianos.
El líder gremial señaló que, gracias a la implementación de aplicaciones bancarias, hoy los consumidores financieros pueden acceder a productos y servicios digitales, pagar o recibir dinero en segundos, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Esto se evidencia en el crecimiento de las operaciones digitales, que pasaron de representar el 40% en 2010 a alcanzar el 83% en lo corrido de 2026.
También resaltó que, en ese mismo periodo, prácticamente se han duplicado las alternativas de pago en el país. En 2010, estas correspondían a efectivo, cheque, tarjeta débito, débitos automáticos, tarjeta de crédito y PSE; ahora a estos mecanismos se han sumado las llaves, el QR interoperable, las billeteras digitales, los pagos sin contacto y las finanzas embebidas.
Malagón recordó que actualmente el acceso al crédito formal alcanza el 51% y que las entidades bancarias se han propuesto como meta llegar al 75%. Se trata de un objetivo ambicioso que permitiría cerrar la brecha con la OCDE e incluso superar el promedio de países desarrollados como Suecia, Finlandia o Dinamarca, que ronda el 71%.
Sin embargo, advirtió que aún queda una última milla por recorrer y que existen iniciativas que podrían afectar ese proceso. Entre ellas mencionó el borrón y cuenta nueva, los impuestos a la digitalización y las inversiones forzosas, que, según explicó, encarecen el crédito, reducen la eficiencia del sistema, ponen en riesgo el ahorro de los colombianos y frenan el avance de la digitalización.
En el caso del borrón y cuenta nueva, enfatizó que eliminar el historial crediticio debilita la cultura de pago, desincentiva el cumplimiento de las obligaciones financieras y limita la oferta de productos adecuados para los usuarios. Además, señaló que esta medida ha tenido efectos contraproducentes como la desbancarización de 1,2 millones de personas. “Debilitar la información no consolida la inclusión; por el contrario, puede terminar alejando aún más a quienes se busca integrar”, afirmó.
El dirigente gremial agregó que algo similar ocurre cuando se gravan los canales digitales. A su juicio, impuestos como el 4×1000 desincentivan el uso de medios de pago digitales y terminan promoviendo la informalidad y un mayor uso del efectivo.
Al referirse a las inversiones forzosas, reiteró que, de aplicarse esta medida, las tasas de interés podrían aumentar entre 50 y 100 puntos básicos, lo que se traduciría en mayores cargas financieras para hogares y empresas. “Cien puntos básicos adicionales implican que, en un préstamo de vivienda VIS promedio, una persona podría pagar hasta 37 millones de pesos más solo en intereses”, explicó.
Destacó además algunas de las rutas para avanzar en inclusión crediticia y continuar el proceso de digitalización. Entre ellas mencionó el uso de score alternativo. “Con información como hábitos de pago, patrones de compra y análisis de redes sociales podremos realizar evaluaciones de riesgo más completas y, así, ampliar el acceso al crédito formal. Actualmente, el 37% de nuestras entidades agremiadas utiliza score alternativo para evaluar el riesgo”.
Finalmente, aseguró que hoy el país cuenta con 706.000 corresponsales bancarios en el 100% de los municipios y que existe un potencial de rebancarización de más de 8 millones de personas. Agregó que, si 4 millones de ellas se rebancarizan, se avanzarían 12 de los 25 puntos porcentuales necesarios para alcanzar la meta de inclusión crediticia establecida por la banca para 2030, que es del 75%.