- La figura de las vigencias futuras es una herramienta idónea para garantizar la ejecución de proyectos y programas que, por su complejidad y estructuración, son considerados estratégicos para el Estado y superan una vigencia fiscal. Bajo este mecanismo, utilizado para planificar y financiar tanto necesidades de inversión como de funcionamiento que no se limitan a las de un gobierno en particular, se han autorizado, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP 2024), cerca de $185 billones para apalancar proyectos en sectores como infraestructura, defensa, vivienda, telecomunicaciones, entre otros.
- Para llevar a cabo estos proyectos, el sector financiero ha cumplido un rol fundamental, destacándose tanto el apalancamiento por parte de la banca y las corporaciones financieras, como el establecimiento de patrimonios autónomos por parte de las fiduciarias. Sobre estas últimas, cabe mencionar que su papel resulta fundamental, pues los vehículos fiduciarios de los que disponen dan la certidumbre jurídica que los recursos de las vigencias futuras sean utilizados de manera exclusiva para la construcción y operación de los proyectos.
- La distribución de las vigencias futuras se concentra especialmente en sectores como transporte, defensa y policía, y vivienda. En particular, las asignadas al sector transporte representan el 84,5% del total de recursos proyectados entre 2025 y 2053, según el MFMP 2024. Esta cifra refleja la prioridad que el Estado otorga al desarrollo de infraestructura vial y de transporte masivo.
- Pensando en los retos que enfrenta la infraestructura, en principio será fundamental continuar honrando la figura de las vigencias futuras dados los beneficios que genera. Adicionalmente, será necesario mejorar los procesos de licenciamiento ambiental, destacándose la necesidad de otorgar los permisos con mayor celeridad una vez se cumplan todos los requisitos legales. A su vez, en lo relacionado con las consultas previas, será imperativo definir con claridad el concepto jurídico de afectación directa a las comunidades, con el fin de determinar cuándo un proyecto debe someterse a consulta y cuáles son los plazos establecidos para su realización.