Octubre 2015

Dentro del contexto del impacto ambiental se relaciona la actividad humana y el desarrollo industrial como uno de los principales factores que han incidido en el deterioro del medio ambiente y han profundizado los efectos del cambio climático. Como consecuencia de esto se han cruzado los “límites planetarios”, concepto dado por el Centro de Resiliencia de Estocolmo, según el cual el bienestar y la sostenibilidad del planeta están seriamente comprometidos.

El aumento de la temperatura promedio terrestre, que durante los últimos cincuenta años casi ha duplicado los registros de los últimos cien años, tendría un incremento de 4 grados centígrados en el año 2050, lo que derivaría, entre otros aspectos, a la extinción de algunas de las formas de vida actual. Surgen, en este contexto, serias preocupaciones asociadas a (i) el aumento en el nivel y la temperatura del mar; (ii) el aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos y (iii) la sobrepoblación de las zonas urbanas como consecuencia de la migración desde el campo, entre otras. Estas, precisamente, son algunas de las realidades que enfrenta el planeta, mencionadas el Centro de Resiliencia de Estocolmo, y que nos obligan a pensar en un desarrollo económico medido en términos sociales y ambientales que garantice no solo su sostenibilidad económica sino también su propia existencia.

Para el caso de Colombia, según cálculos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el país perdería cerca de un 0,5% de crecimiento económico de forma sostenida, equivalente a $1.3 billones de pesos por año, si no toma medidas de adaptación frente a los efectos generados por el cambio climático. El fenómeno de la niña presentado en el 2010, que trajo consecuencias nefastas en términos sociales y económicos, le costó al país alrededor de $3,8 billones de pesos.

Una de las iniciativas más importantes que ha tomado la banca colombiana, para hacer frente al cambio climático y a la necesidad de promover el desarrollo sostenible, hace referencia a la implementación de un sistema de evaluación de riesgos sociales y ambientales. Este sistema debe ser parte integral del análisis de crédito y riesgo de los grandes proyectos en Colombia y su falta de consideración podría acarrear un impacto de reputación y financiero significativo para quienes hagan parte de ellos.

La banca en Colombia, a través del Protocolo Verde, ha tomado la delantera en la implementación de medidas que fomenten el desarrollo sostenible del país. Este acuerdo público/privado, bajo el cual se quiere incidir en la promulgación de las bases para lograr un crecimiento sostenible en el país, cuenta actualmente con la adhesión de 18 entidades financieras de las 36 asociadas a Asobancaria. Comprometidos con este proceso, la Asociación está segura de que el mayor reto que afronta el crecimiento verde es que este no sea visto como una amenaza al desarrollo industrial sino como un elemento fundamental para lograr no solo negocios que sean rentables y atractivos, sino que tengan garantía de sostenibilidad en el tiempo.

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La descentralización en Colombia genera desafíos importantes en materia de gobernanza para las administraciones regionales, esto con miras a superar los importantes desafíos en materia económica y social que se platean para los próximos años. La gobernanza pública es un factor fundamental y de la mayor importancia para la consecución de las metas que se ha trazado el país en el largo plazo, más aún ante el escenario de posconflicto que se avecina.

Las métricas en materia de Transparencia y de Desempeño Integral muestran que a mayor nivel de descentralización las capacidades institucionales y la gobernanza de las administraciones regionales presentan debilidades y vulnerabilidades superiores a las registradas en el gobierno nacional central. Este fenómeno genera un importante obstáculo para fortalecer el tejido institucional y alcanzar mayores niveles de desarrollo.

La evidencia empírica señala que para alcanzar niveles de eficacia satisfactorios o sobresalientes, calificaciones que se requieren para cerrar positivamente las brechas regionales, es imperativo alcanzar niveles muy altos de capacidad administrativa. Los resultados y análisis también sugieren que, tanto a nivel departamental como municipal, aún son numerosas las entidades territoriales que deben mejorar su capacidad de gestión administrativa y fiscal si quieren garantizar que los planes de desarrollo de cada región se cumplan a cabalidad. La convergencia a altos estándares de eficacia solo será posible si las autoridades del gobierno regional trabajan con responsabilidad y compromiso en la articulación de sus trámites internos.

Los retos que se avecinan en las próximas elecciones regionales no son menores. Solucionar gran parte de las debilidades, ineficiencias y vulnerabilidades puede ser posible en los próximos años, pero requerirá desde ya un esfuerzo decidido por parte de la administración pública y de la ciudadanía en general. En el marco de las próximas elecciones, los planes de gobierno deberán entonces reconocer y ajustarse a las necesidades y exigencias de la población, con el firme propósito de consolidar con la mayor rapidez, un desarrollo productivo y social más sostenible.

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El PIB de Colombia es uno de los más descentralizados en la región, después de México. Mientras las 5 regiones más grandes del país aportan el 61% del PIB nacional, en Brasil aportan el 64,9%, en Ecuador cerca del 67,5% y en Chile el 86,6%. Si bien Colombia es un país de regiones, las disparidades entre los departamentos son marcadas. Mientras el ingreso medio de los habitantes de Bogotá es similar al de Chile o Hungría, un habitante promedio del Chocó percibe un ingreso similar al de Bolivia o el Congo. Asimismo, mientras que ciudades como Bucaramanga tienen niveles de pobreza relativamente bajos (8,4%), casi la mitad de los habitantes de Quibdó o Riohacha se encuentran en niveles altos de pobreza.

En materia de profundización financiera, acceso al crédito e inclusión existen notorias brechas a nivel regional. Los primeros cinco departamentos más grandes concentran casi el 80% del valor agregado del sector de servicios financieros, lo que les permite sacar provecho de los beneficios del desarrollo de este sector para acelerar su crecimiento, apalancar su actividad económica e imprimirle una mayor dinámica de empuje. A nivel sectorial, una de las ramas que ostenta mayores diferencias en su desempeño regional es el sector vivienda, con particular notoriedad en materia de financiación hipotecaria en medio de grandes brechas en materia de ahorro e informalidad. Esto, sin duda, impone grandes desafíos para los gobiernos locales de cara a los próximos años.

Si bien la administración central ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de las regiones y el cierre de brechas entre las mismas, las autoridades locales se han configurado como el eje central de políticas focalizadas que responden a las necesidades específicas de cada región, departamento o municipio. Al respecto, se ha observado que los municipios con menor participación de los ciudadanos en el proceso electoral no solo tienden a tener mayores índices de pobreza multidimensional, sino que su población en condiciones de pobreza tiende a ser aun más pobre que en los municipios con mayor participación política.

Las elecciones locales de 2015 se plantean como una nueva oportunidad para trabajar más arduamente contra las desigualdades sociales y económicas dentro del país. Para ello, sin embargo, es necesario que la población asuma de manera responsable su rol como agente de cambio, en línea con las transformaciones que Colombia tanto requiere. De igual forma, además de la necesidad de que los representantes de las administraciones locales conozcan a profundidad las condiciones y necesidades de su población, es indispensable que cuenten con la capacidad de direccionar el rumbo de las políticas publicas hacia niveles de crecimiento y desarrollo sostenibles que permitan continuar avanzando, con la celeridad adecuada, hacia los estándares del primer mundo.

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Existen diversos mecanismos de transmisión a través de los cuales los choques provenientes de la economía internacional pueden generar inestabilidades sobre el sector real. En muchas ocasiones, estos efectos se transmiten a través del sistema bancario, por lo que mantener en constante monitoreo su dinámica y fortaleza luce indispensable para identificar choques adversos sobre el sector real. En América Latina, si bien el sistema bancario no es tan grande como en otras latitudes, sí ha sido una fuente constante de inestabilidad económica a lo largo de la historia. En efecto, la participación de los depósitos y el crédito en el PIB regional se encuentra lejos de los países de ingreso alto y medio alto.

El análisis de la banca en América Latina encuentra un sistema con bajos niveles de riesgo. Sin embargo, existen diferencias que evidencian falencias en ciertos países de la región. México, por ejemplo, posee el mayor deterioro de la cartera morosa y no cuenta con un cubrimiento por encima del promedio en la región. En el otro extremo se encuentra el sistema financiero argentino, pues posee una de las carteras con mayor calidad y con un alto aprovisionamiento. Sin embargo, el riesgo para el país austral no proviene de su dinámica local, sino de la exposición a las fluctuaciones de sus pasivos netos denominados en dólares.

En el caso particular del sistema bancario colombiano se encuentra que, en la mayoría de los casos, sus indicadores se encuentran cerca del promedio regional. El balance que arrojan los indicadores de desempeño, calidad y gestión del riesgo luce positivo y sin mayores rezagos frente al promedio latinoamericano. En algunos casos, como lo es en materia de solvencia y provisiones, la banca en Colombia se destaca a nivel regional.

La dinámica de la banca regional aquí expuesta se muestra acorde con las observaciones más recientes hechas por diversas entidades multilaterales sobre el desempeño de la economía latinoamericana, en las que se resalta la fortaleza y resiliencia que ha adquirido la región ante los choques externos gracias, entre otros factores, a las buenas prácticas del sector financiero. En particular para la banca colombiana, la cautelosa regulación financiera y la adecuada gestión del riesgo se constituyen como las mayores fortalezas del sector y como uno de los activos más importantes con los que cuenta el país en el marco de las políticas macro prudenciales.

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