junio 2015

• En abril de 2015 se presentaron los resultados de 2014 del Global Findex (GF) del Banco Mundial. De acuerdo con el informe, el 62% de la población mayor de 15 años en el mundo tuvo una cuenta en un banco, en otro tipo de entidad financiera o con un proveedor de dinero móvil. Aunque 2.000 millones de personas aún no se encontraban bancarizadas, esta cifra representa una disminución aproximada de 20% desde 2011.

• Una fuente importante de bienestar social es el acceso a instrumentos de ahorro formal, como lo son las cuentas bancarias. De acuerdo con el GF, el porcentaje de personas en Colombia que utilizan una cuenta para ahorrar está por debajo del promedio latinoamericano y muy por debajo del promedio de países de ingresos medio alto. La bancarización tiene una correlación positiva con el ingreso, así como con la profundidad del mercado financiero. Frente a la desigualdad social, la correlación con la bancarización es negativa.

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• Hace cincuenta años, cuando se celebró por primera vez la Convención Bancaria, el PIB per cápita colombiano era equiparable con el actual nivel de ingresos de los países menos prósperos del África y la tasa de pobreza bordeaba el 70%. En ese entonces, la tercera causa de muerte era la carencia de agua potable y tan solo dos de cada diez personas tenían acceso a la salud mientras la tasa de escolaridad difícilmente sobrepasaba el 40%. Hoy la realidad es muy distinta, el PIB per cápita se multiplicó por tres y la pobreza se redujo a menos de la mitad, lo que ha permitido que el país se convierta, gradualmente, en una sociedad de clase media. Hace 25 años se pasó de ser una economía de ingreso bajo a una de ingreso medio bajo y, más recientemente, ascendimos al “club” de países de ingreso medio alto, donde nos mantenemos.

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• Colombia ha realizado importantes avances en la alineación hacia los estándares de Basilea III. Tanto los reguladores como la banca han mantenido un compromiso por acoger las herramientas regulatorias necesarias para asegurar la solidez del sistema financiero. Es así como mediante la adopción del Decreto 1771 de 2012 el Gobierno estableció nuevas condiciones sobre el cálculo de la relación mínima de solvencia de los establecimientos de crédito, buscando con ello reflejar de forma adecuada su nivel de patrimonio en relación con el nivel de riesgo asumido.

• El proceso de internacionalización y la creciente demanda de crédito de los agentes de la economía local han contribuido a que durante los últimos años la banca colombiana haya crecido a un ritmo acelerado, lo cual podría generar nuevos requerimientos de capital. Dada la necesidad de buscar nuevas alternativas de capitalización, diferentes a la emisión de acciones, vale destacar la modificación regulatoria expedida por el Ministerio de Hacienda a través del Decreto 1648 de 2014, en la cual se reconoce a los instrumentos híbridos como parte del capital regulatorio. Esta medida, sin duda, permitirá generar mayor eficiencia en la gestión del capital, lo cual se traduciría en mayores recursos para aumentar los niveles de crédito actuales.

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• En Colombia, tan sólo durante las últimas dos décadas se han realizado diez reformas tributarias, de las cuales tres se han aprobado en el último lustro. Este volumen tan excesivo y frecuente aviva el debate público sobre la verdadera capacidad del sistema tributario colombiano para generar ingresos fiscales de manera eficiente, progresiva y sostenible en el largo plazo. Si bien es imperativo que el gobierno garantice la adecuada obtención y asignación de los recursos para su funcionamiento, este principio no puede ir en detrimento de la eficiencia de los mercados y de las iniciativas privadas que favorecen el desarrollo económico.

• La Comisión de Estudio del Sistema Tributario (CEST), creada mediante la Ley 1739 de 2014 para analizar el sistema actual de impuestos en Colombia y avanzar en reformas para promover su equidad y eficiencia, presentó la semana pasada, después de tres meses de trabajo, su primer informe sobre el estado actual del sistema tributario colombiano. El reporte está compuesto por dos bloques de estudio: el diagnóstico del sistema tributario colombiano y el análisis sobre el tratamiento fiscal de las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) y los impuestos territoriales. Las principales problemáticas consisten en la poca capacidad para generar los ingresos tributarios que requiere el país, la precaria progresividad de la estructura impositiva y la ineficiencia tributaria que recarga los impuestos sobre las empresas. El diagnóstico realizado por la CEST es explícito en mencionar que los recursos adicionales que necesita el Gobierno en 2018 son del orden de 1,5% del PIB, los cuales se espera que aumenten progresivamente hasta llegar a 3,3% del PIB en 2020.

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• El sector de vivienda ha alcanzado logros importantes en los últimos años en términos de crecimiento, mayor acceso a grupos poblacionales de bajos recursos y efectos contra cíclicos considerables sobre la economía nacional. Aun así, existen retos importantes para proporcionar mayores oportunidades de adquisición de vivienda con miras a reducir en mayor medida el déficit habitacional y mejorar las condiciones bajo las cuales los hogares pueden acceder a una vivienda propia.

• Los indicadores de construcción, ventas y financiación de vivienda muestran una menor dinámica en comparación a 2014, un año en el que confluyeron los efectos de varios programas gubernamentales para la adquisición de vivienda en el sector. Incorporando los factores externos al mercado asociados a los programas de estímulo hacia el sector, la reversión de los principales indicadores de actividad debe entenderse como una corrección hacia tendencias de largo plazo en lugar de un deterioro significativo en el desempeño del sector de vivienda del país.

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