Edición 974| Una mirada al crédito agropecuario

La baja productividad del sector agropecuario es uno de los determinantes de los magros ingresos de la población rural. El rezago en dicha productividad se debe en buena parte a la adopción de medidas de protección y al atraso en la provisión de bienes públicos. Un suministro adecuado de crédito para financiar la inversión podría ayudar a incrementar la productividad y los ingresos de la población rural. Desafortunadamente, el diseño del actual sistema de financiación no lo facilita.

La existencia de fallas de mercado en el otorgamiento de crédito al sector agropecuario, es el argumento por el cual el Estado mantiene la canalización forzosa de recursos de los establecimientos de crédito privados –con un alto costo de oportunidad- hacia Títulos de Desarrollo Agropecuario, TDA en Finagro. Esta entidad, como banca de segundo piso, canaliza esos fondos a través de líneas de redescuento, para otorgar créditos agrícolas a tasas de interés fijadas por las autoridades. Los establecimientos bancarios pueden reducir los requerimientos de inversión obligatoria en TDAs por medio de la validación de cartera sustitutiva ante Finagro. La cartera sustitutiva es otorgada por los bancos con sus propios recursos, aunque debe mantener las condiciones de tasa de interés y plazo establecidas por Finagro para el crédito redescontado.

En el caso de la financiación de los pequeños productores, la tasa de interés fijada a la fecha (11%) no cubre los costos ni los riesgos asociados a los desembolsos. El tope de 14% para los créditos a los medianos y grandes productores, se ubica por encima de las tasas de interés vigentes en el mercado, lo que implica que en promedio no habría problema con el acceso al crédito para dichos segmentos. Sin embargo, productores con riesgo mayor quedan excluidos del acceso al crédito formal.

A pesar de las distorsiones del esquema de crédito vigente, el crédito agropecuario ha aumentado considerablemente en la última década: la proporción de productores agropecuarios con crédito aumentó de 11% a 40% y la profundidad de la cartera de 10% al 32% del PIB del sector.

La cartera total agropecuaria registrada en Finagro asciende en la actualidad a $13.5 billones. Si se le añade el crédito destinado a cubrir otras necesidades de las familias como la compra y el mejoramiento de la vivienda, muebles y electrodomésticos y educación, el dato total de crédito formal se estima en más de $21 billones, equivalentes al 53% del PIB sectorial, que está incluso por encima del promedio nacional, ya que el indicador de cartera total sobre el PIB del país asciende a 40%. No obstante, es preciso profundizar el financiamiento para lo cual se requiere superar las limitaciones para acceder a crédito formal.

Por el lado de la demanda, dichas limitaciones se relacionan principalmente con las garantías (inexistencia o temor de perderlas) y requisitos y papeleos que se estiman elevados. Por el lado de la oferta, sería de la mayor conveniencia el diseño de una política que, al tiempo que desarrolle o rediseñe mecanismos eficientes (hoy existen varios, pero su uso es muy bajo) de reducción de riesgos, permita que el sector financiero cobre tasas de interés de mercado, así se establezcan por otro lado subsidios directos a las que se aplican para los pequeños productores, como se implementó con éxito para la vivienda.

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Banca y Economía

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      Al finalizar el curso el participante podrá

      Aplicar herramientas digitales para centralizar y automatizar procesos de tesorería, mejorando la eficiencia operativa y el control financiero.
      Identificar las diferentes opciones bancarias para recaudo y medios de pago, seleccionando las más adecuadas según las necesidades de la organización.
      Gestionar operaciones de caja a través de plataformas digitales, garantizando trazabilidad, seguridad y agilidad en los flujos de efectivo.
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      Carlos Alberto Ruiz Martínez

      Vicepresidente de Asuntos Corporativos

      Es economista de la Universidad Nacional graduado con honores, con Maestrías en Administración Pública de la Universidad de Columbia, Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Banca y Mercados Financieros de Universidad Carlos III de Madrid y Finanzas Corporativas de la Universidad de Barcelona.

      Antes de ser vicepresidente en Asobancaria, fue viceministro de Vivienda en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jefe de Estudios Económicos de Asobancaria, Analista Económico de Fedesarrollo, y profesor de macroeconomía de la Universidad Nacional, entre otros.

      Monica Gomez

      Mónica María Gómez Villafañe

      Vicepresidenta Administrativa y Financiera

      Es abogada de la Universidad de San Buenaventura de Cali, con estudios de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes, con Especialización en Derecho Notarial y Derecho de Registro de la Universidad Externado de Colombia y Maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard.

      Entre otros cargos, se ha desempeñado como Directora Jurídica y Secretaria de la Junta Directiva en la Asociación Colombiana de Laboratorios de Investigación y Desarrollo AFIDRO, Secretaria General de la Aeronáutica Civil de Colombia y actualmente es la Vicepresidente Administrativa y Financiera de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia – ASOBANCARIA, responsable además de la gestión administrativa y financiera, de los eventos de la asociación y desarrollo de nuevos negocios.

      adriana ovalle

      Adriana Ovalle Herazo​

      Vicepresidenta Jurídica

      Abogada de la Universidad de Los Andes con más de 15 años de experiencia en regulación financiera. Especialista en Medios de Comunicación de la Universidad de Los Andes y Maestría en Derecho (LL.M) con énfasis en Regulación de Mercados Financieros del London School of Economics.

       

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      Alejandro Vera

      Vicepresidente Técnico

      Es economista y Magister en Economía de la Universidad de los Andes, con estudios complementarios en Finanzas. Posee además un Master en Administración y Políticas Públicas de la London School of Economics (LSE), que obtuvo gracias a una beca otorgada por Colfuturo en 2007.

      A nivel profesional, inició su carrera como Asistente de la Oficina de Asesores del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Durante su estadía en Londres, para cursar estudios de maestría, trabajó como consultor de la International Budget Partnership (IBP), ONG basada en Washington D.C. También fue Investigador, Jefe de Investigaciones Económicas y, posteriormente, Vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). En este último cargo estuvo por ocho años.

      A nivel académico ha sido profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en pregrado y posgrado, de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana y de la Facultad de economía de la Universidad Sergio Arboleda. Actualmente, se desempeña como Vicepresidente Técnico de Asobancaria.

       

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      Jonathan Malagón González

      Presidente

      Economista graduado con honores de la Universidad Nacional y administrador (Bachelor of Science in Management) por la University of London. Cuenta con una Maestría en Administración Pública de Columbia University, un Máster en Finanzas Corporativas y un Máster en Arte Contemporáneo de la Universidad de Barcelona y un Máster en Banca y Mercados Financieros de la Universidad Carlos III de Madrid, así como un PhD en Economía de Tilburg University.

      Ha sido Ministro de Vivienda, Director de Análisis Económico de Fedesarrollo, Vicepresidente de Asobancaria, Investigador de ANIF, profesor en Columbia University, Visting Fellow en la Universidad de Harvard y docente en varias universidades de Colombia.