noviembre 2014

Las tendencias de consolidación del sistema financiero en América Latina dan cuenta de unas entidades bancarias de creciente presencia transnacional, aunque con una marcada vocación regional. Por este motivo, los desafíos del sistema financiero en nuestras naciones son cada vez menos individuales y adquieren una dimensión regional. Esta situación nos permite sacar un mayor provecho de las experiencias de cada país, identificando las mejores prácticas ante los problemas comunes.

Algunos de los retos comunes de la banca en América Latina son una mayor inclusión financiera, un desarrollo más acelerado de los medios de pago electrónicos para disminuir el uso del dinero en efectivo, una mayor competitividad y unos menores riesgos operacionales y de seguridad informática. El avance en estos propósitos será fundamental para aumentar el bienestar económico de la población en la región.

A pesar del progreso considerable de la inclusión financiera en los países latinoamericanos en la última década, persisten trabas para brindar un mayor acceso a los servicios financieros en la base de la pirámide. Por eso la región todavía mantiene una brecha relevante respecto a las economías más desarrolladas.

La banca latinoamericana necesita aumentar su competitividad para contribuir al desarrollo de nuestros países de una manera más activa. De forma general, la competitividad de la banca suele estar asociada a mayores niveles de competencia, al coexistir un número más amplio de actores dentro de un mercado, lo cual favorece la eficiencia, reduce los costos y promueve el acceso a los servicios financieros. Pese a la percepción general, la región ostenta niveles de competencia por encima del promedio mundial, incluso supera a los países de alto ingreso. Esto se ve reflejado en la rentabilidad de la banca latinoamericana, que se encuentra muy cerca del promedio de los países de similar desarrollo.

A la par de la administración de los riesgos de mercado, de crédito y de liquidez, la gestión de los riesgos operacionales y la seguridad informática serán uno de los focos de trabajo para la banca latinoamericana en el futuro próximo, en procura de la continuidad del negocio.

Sin duda estos desafíos son algunos de los más apremiantes, pero no los únicos. La responsabilidad socio ambiental, la satisfacción del consumidor financiero, el fortalecimiento del crédito hacia la micro y pequeña empresa, el aumento de la eficiencia, la autorregulación y el control interno son otros temas que tendremos que enfrentar con presteza y dedicación.

En el actual contexto de mayor integración financiera, la existencia de una agremiación como la Federación Latinoamericana de Bancos –FELABAN– se convierte en una necesidad. Esta Federación tendrá en sus manos la provisión oportuna de información acerca de la evolución del negocio a nivel regional y de sus mejores prácticas, la correcta convergencia regulatoria, la estandarización de protocolos, el análisis económico comparado, la creación de conocimiento respecto al papel del sistema financiero en la región y la convocatoria de los actores para participar en espacios de reflexión, análisis y negocios.

 

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La baja productividad del sector agropecuario es uno de los determinantes de los magros ingresos de la población rural. El rezago en dicha productividad se debe en buena parte a la adopción de medidas de protección y al atraso en la provisión de bienes públicos. Un suministro adecuado de crédito para financiar la inversión podría ayudar a incrementar la productividad y los ingresos de la población rural. Desafortunadamente, el diseño del actual sistema de financiación no lo facilita.

La existencia de fallas de mercado en el otorgamiento de crédito al sector agropecuario, es el argumento por el cual el Estado mantiene la canalización forzosa de recursos de los establecimientos de crédito privados –con un alto costo de oportunidad- hacia Títulos de Desarrollo Agropecuario, TDA en Finagro. Esta entidad, como banca de segundo piso, canaliza esos fondos a través de líneas de redescuento, para otorgar créditos agrícolas a tasas de interés fijadas por las autoridades. Los establecimientos bancarios pueden reducir los requerimientos de inversión obligatoria en TDAs por medio de la validación de cartera sustitutiva ante Finagro. La cartera sustitutiva es otorgada por los bancos con sus propios recursos, aunque debe mantener las condiciones de tasa de interés y plazo establecidas por Finagro para el crédito redescontado.

En el caso de la financiación de los pequeños productores, la tasa de interés fijada a la fecha (11%) no cubre los costos ni los riesgos asociados a los desembolsos. El tope de 14% para los créditos a los medianos y grandes productores, se ubica por encima de las tasas de interés vigentes en el mercado, lo que implica que en promedio no habría problema con el acceso al crédito para dichos segmentos. Sin embargo, productores con riesgo mayor quedan excluidos del acceso al crédito formal.

A pesar de las distorsiones del esquema de crédito vigente, el crédito agropecuario ha aumentado considerablemente en la última década: la proporción de productores agropecuarios con crédito aumentó de 11% a 40% y la profundidad de la cartera de 10% al 32% del PIB del sector.

La cartera total agropecuaria registrada en Finagro asciende en la actualidad a $13.5 billones. Si se le añade el crédito destinado a cubrir otras necesidades de las familias como la compra y el mejoramiento de la vivienda, muebles y electrodomésticos y educación, el dato total de crédito formal se estima en más de $21 billones, equivalentes al 53% del PIB sectorial, que está incluso por encima del promedio nacional, ya que el indicador de cartera total sobre el PIB del país asciende a 40%. No obstante, es preciso profundizar el financiamiento para lo cual se requiere superar las limitaciones para acceder a crédito formal.

Por el lado de la demanda, dichas limitaciones se relacionan principalmente con las garantías (inexistencia o temor de perderlas) y requisitos y papeleos que se estiman elevados. Por el lado de la oferta, sería de la mayor conveniencia el diseño de una política que, al tiempo que desarrolle o rediseñe mecanismos eficientes (hoy existen varios, pero su uso es muy bajo) de reducción de riesgos, permita que el sector financiero cobre tasas de interés de mercado, así se establezcan por otro lado subsidios directos a las que se aplican para los pequeños productores, como se implementó con éxito para la vivienda.

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Existe una relación directa estrecha entre el crédito, el desarrollo económico y la equidad. Por medio del crédito las personas y las empresas pueden transferir inter temporalmente su ahorro, para adquirir activos cuyos retornos aumentan sus ingresos. Con base en él, se pueden obtener fondos para acumular capital humano, a través de la educación; o para llevar a cabo sus proyectos, mediante la creación de empresas. Estas, a su vez, pueden acumular capital físico, por medio de la compra de edificios, maquinaria y equipo. En ambos casos, como consecuencia de la acumulación de capital financiada con crédito, se aumenta su productividad, de manera que los trabajadores pueden recibir mayores salarios y los propietarios mejores utilidades. Los hogares también pueden adquirir con él bienes de consumo durable para mejorar su bienestar. El crédito les permite además afrontar eventos inesperados de disminución de sus ingresos o de aumento de gasto como el caso de una emergencia, sin deteriorar en el corto plazo su patrimonio. De este modo, el crédito es una herramienta eficaz para promover el desarrollo, combatir la pobreza y reducir la inequidad. Por esto, el acceso al crédito ocupa un lugar central en los esfuerzos por aumentar la inclusión financiera.

Gracias a la colaboración entre las autoridades y la banca, el acceso al crédito en Colombia se ha ampliado significativamente. Los datos de CIFIN a junio de 2014 muestran, por el lado de la oferta total (urbano y rural), que el número de adultos con al menos un producto de crédito se incrementó en 3,3 millones de personas en cuatro años, con lo cual ascendió a 10,6 millones, que equivalen a cerca de una tercera parte de este segmento poblacional. Sin embargo, los datos desde la oferta no incorporan los créditos informales como los que se obtienen con almacenes de cadena o familiares con los cuales esta proporción puede ser aún mayor.

Por el lado de la demanda la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes –ELCA– revela que para las zonas urbanas, en donde más se concentra el otorgamiento de créditos, los hogares con al menos un crédito aumentaron de 54% a 63% entre 2010 y 2013 y las entidades financieras fueron la fuente más importante de crédito formal tanto en 2010 (32,9%) como en 2013 (41,2%). Por sus características de monto, plazo y valor de las cuotas, el crédito formal mejora las posibilidades de consumo e inversión en los hogares. Sin embargo, la periodicidad de las cuotas restringe su capacidad de competir con las fuentes informales de crédito.

La ELCA establece que los hogares de los estratos socioeconómicos más altos y las personas con mayor educación tienen un mayor acceso al crédito que las personas en condiciones menos favorables. Además, pone en evidencia importantes diferencias regionales. La región central y Bogotá tienen el mayor acceso al crédito total, formal y bancario. La ELCA señala que las principales razones invocadas para no solicitar un crédito fueron: demasiados requisitos y mucho papeleo (25,3%), temor por no poder pagar o perder la garantía (15,8%) y tasas de interés altas (14,4%).

Asobancaria ha identificado otros temas claves para la ampliación del acceso en Colombia, tales como la eliminación de los topes a las tasas de interés establecidos por las autoridades, la adecuada reglamentación de la Ley de Garantías Mobiliarias, mejorar la información crediticia y transaccional de las personas, llevar a cabo una política de formalización de las Pymes y establecer la obligatoriedad de reportar a las centrales de riesgos para todas las empresas que realicen operaciones de crédito.

 

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La economía colombiana lleva cuatro décadas de desindustrialización. Sin embargo, en la última de ellas mantuvo altas tasas de crecimiento, a pesar de no lograr incrementos sostenidos de la productividad ni mejoras sustanciales de la competitividad. Esto fue posible gracias a unos altos términos de intercambio, que contribuyeron a elevar el ingreso nacional; junto con una abundante inversión extranjera, que valorizó los activos domésticos y financió parte de la expansión de la demanda interna.

En la coyuntura actual la bonanza externa se extingue, por el final del superciclo de las materias primas y la normalización de la postura monetaria en los Estados Unidos, de manera que la economía no contará con el impulso externo de los últimos años. Por tanto, requiere nuevas locomotoras. En las condiciones actuales, la industria manufacturera, el sector agropecuario y los servicios no están en capacidad de convertirse en motores del crecimiento, porque no generan rendimientos crecientes a escala, ni contribuyen a elevar de una manera significativa la productividad total de los factores.

Con el fin de evitar un deterioro ulterior del sector manufacturero y fortalecerlo para que se convierta en un generador de actividad económica y en una fuente de ingresos por exportaciones, es necesario aumentar la productividad de la economía y cambiar la política sectorial. Para lograr lo primero, en el mediano plazo se debe mejorar la competitividad del país, comenzando por sus instituciones, la calidad de la educación y la infraestructura, la eficiencia de los mercados de factores y el ritmo de la innovación y del progreso tecnológico, como sugieren los indicadores del Foro Económico Mundial. Una clave para mejorar la política industrial es insistir en abrir la economía. El intento de apertura de comienzos de la década de 1990 redujo el arancel, desmontó la prohibición de las importaciones y eliminó las licencias para llevarlas a cabo. Sin embargo, la política industrial posterior se apoyó de una manera implícita en la protección del sector mediante instrumentos no arancelarios –la definición de estándares y reglamentos técnicos, la aplicación de salvaguardias y el uso frecuente de mecanismos anti dumping–. La utilización recurrente de éstos impidió una mayor apertura. Por este motivo, la suma del comercio total de bienes y servicios de Colombia ha permanecido entre el 15 y el 18% del PIB desde 1994, mientras que en 1991 excedió el 20%. En contraste, en países donde la industria es motor de crecimiento la apertura de la economía supera el 30%, como en México, el sudeste asiático y los de ingreso alto.

El lento progreso de la apertura favoreció a los subsectores industriales que producen bienes de consumo poco elaborados. Al mismo tiempo, en otros subsectores productores de bienes intermedios y de capital, la protección efectiva resultó negativa, porque los insumos tuvieron mayores aranceles que el producto terminado. Además, la protección frenó el progreso tecnológico y la innovación en el sector manufacturero, porque lo aisló de la competencia internacional. Por eso, en muchos casos la política industrial basada en la protección para arancelaria incentivó unos subsectores poco competitivos e inhibió el desarrollo de otros que podrían madurar, innovar y generar ventajas competitivas, con base en las cuales originar exportaciones, que incursionaran con éxito en los mercados internacionales. Es probable que un sector manufacturero que floreciera en estas condiciones fuera un motor de crecimiento y de transformación estructural de la economía colombiana, como ocurrió en algunos de los países asiáticos, donde el desarrollo de la industria orientado a las exportaciones condujo a mejorar el bienestar de la población de manera sostenida durante un largo período. Por este motivo, como han sostenido en días recientes destacados economistas nacionales, la política industrial requiere prescindir de la protección para arancelaria y eliminar la protección efectiva negativa.

 

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