A pesar de los avances en la prestación de los servicios bancarios durante los últimos años, tanto la profundidad del crédito como el grado de utilización de los medios de pago electrónicos en Colombia se comparan desfavorablemente con los países de la OCDE y frente a economías de similar desarrollo. Al mismo tiempo, si bien el total de adultos con una cuenta de ahorro en el país ha aumentado de una manera significativa, solo el 44% la tiene activa. Sin embargo, en materia de inclusión financiera lo importante no es tanto el acceso a una cuenta de ahorro, como el uso de los servicios que ofrece. Debemos entonces seguir avanzando en el desarrollo de nuestros mercados financieros. No en vano los países que han logrado superar la ‘trampa del ingreso medio’ y los que presentan mejores registros en términos de equidad, cuentan con mayores niveles de profundización financiera y una menor preferencia por el efectivo.
Si bien el papel transformador de la banca ha sido posible gracias al apoyo del Gobierno, también es cierto que su desarrollo ha encontrado obstáculos en el marco regulatorio.
He reiterado en distintas oportunidades que una de las principales trabas para la profundización y la inclusión financiera son los controles a las tasas de interés. La existencia de estos topes desestimula la oferta de crédito formal a amplios segmentos de la población, cuando la tasa remuneratoria no cubre el riesgo ni el costo de originación de los créditos. Tal es el caso tanto para la población de menores ingresos, que demanda crédito para satisfacer sus necesidades de “microconsumo”; como para las pequeñas empresas, que lo hacen para financiar su inversión. Estos segmentos, al no ser atendidas por los establecimientos de crédito formal, se ven desplazados al mercado informal de los proveedores, los agiotistas e incluso sus propias familias, donde imperan tasas exorbitantes de interés.
Resulta de la mayor pertinencia la adaptación de la metodología de cálculo de la tasa de interés bancario corriente, que realiza la Superintendencia Financiera, a fin de que continúe ajustándola a las particu laridades de estos sectores, tal como ocurrió con éxito, en el cuatrienio anterior, en especial con el microcrédito. En este caso específico, se aplicó para el cálculo de la tasa de interés una metodología que refleja más de cerca la realidad del mercado. De esta forma, si bien la tasa fijada por la Superintendencia Financiera subió, no ocurrió lo propio con la que se cobra sobre el microcrédito, que se ha mantenido cerca de 20 puntos porcentuales por debajo del tope correspondiente de usura. En la búsqueda de una solución similar, podría incluirse el microconsumo bajo la categoría de microcrédito y ampliar los montos en términos de ventas y activos cubiertos por la definición de microempresa.
El perjuicio causado por la intervención en las tasas de interés se ve reforzado por la obligación de repreciar el valor de la cartera ante reducciones en los parámetros de usura. De esta forma, resulta imposible para el otorgante del crédito conocer con certeza la tasa de interés a la cual se terminará pagando la deuda, lo que desestimula su colocación.
La malsana combinación de controles a la tasa de interés, necesidad de repreciar la cartera y definiciones amplias para grupos heterogéneos crean una camisa de fuerza que le resta profundidad y capacidad de innovación al sistema financiero.