El rezago de Colombia en la infraestructura vial y la brecha en el desarrollo de sus mercados financieros, respecto de los países de ingreso alto y algunos de ingreso medio alto, lesiona su competitividad. Por su magnitud, la construcción, operación y financiación de las obras a través del nuevo esquema de concesiones 4G, es una oportunidad para avanzar en ambos pilares de la competitividad, con el fin de mejorar la capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo.
Desde la óptica de los eventuales concesionarios, una dificultad para llevar a cabo con éxito el 4G puede ser una apretada rentabilidad de los proyectos, que se debe tal vez a la valoración de ciertos riesgos no mitigados del todo, que se les transfieren. Como en el 4G el Estado optó por trasladarlos al sector privado, la forma más eficaz de garantizar su viabilidad es ofrecer una remuneración suficiente para cubrirlos. Quizá la poca participación de los proponentes lograda hasta ahora en las licitaciones, se debe a estos motivos. Por tanto, es probable que para mejorar los retornos se requiera disminuir la transferencia de los riesgos, para reducir los costos financieros, y elevar los ingresos. El problema estriba en que la forma más eficaz de aumentar la remuneración es la apropiación de unas mayores vigencias futuras, que implica unas erogaciones más elevadas para el Estado y los contribuyentes. Pero el esfuerzo vale la pena, porque una alta rentabilidad garantiza una intensa competencia en las ofertas, que conduzca a la selección de aquellas que propongan la construcción y operación de una infraestructura vial de óptima calidad.
De un modo amigable con el mercado, los productos ofrecidos por Financiera de Desarrollo Nacional –los créditos senior y subordinados, junto con las garantías de liquidez– tienen el propósito de disminuir los riesgos financieros, tanto en la construcción como en la operación y el mantenimiento. Sin embargo, otros riesgos – como los inconvenientes causados por las consultas con las comunidades, las demoras en el licenciamiento ambiental y la inestabilidad jurídica y tributaria– permanecen. Estas eventualidades hacen que el riesgo de crédito sea alto y que las tasas de interés de la financiación sean elevadas. Para contrarrestarlas, el Gobierno recurrió a asignar un crédito para la financiar el 4G a menores tasas de interés que las viables para los intermediarios privados, utilizando para ello los recursos del Banco Agrario. Esta decisión puede ser conveniente para ese establecimiento porque, como argumentan las autoridades, le permite diversificar sus activos. Además, ayudará a financiar la infraestructura que contribuirá a reducir los costos de transporte para la producción agrícola. Es probable que esa nueva actividad le reporte al Banco mayores utilidades que la inversión en títulos de deuda pública. Sin embargo, las menores tasas se logran en últimas por medio de las inversiones forzosas que hace la banca privada en títulos de desarrollo agropecuario, para fondear a Finagro. A través de ese mecanismo el Banco Agrario obtiene los fondos redescontados para satisfacer la demanda por crédito del sector agropecuario. Al mismo tiempo, eso le permite acumular los excesos de liquidez que invierte en TES. Pero, como en la mayoría de los esquemas de asignación administrada del crédito, se corre el peligro de que las tasas de interés fijadas por las autoridades para la financiación de la infraestructura a través del Banco Agrario, generen un racionamiento de la oferta proveniente de la banca privada para ese sector, que deje sin atender la demanda de los proyectos menos rentables o de los más riesgosos.
