noviembre 2013

Hace algunos meses Colombia inició el proceso formal de solicitud de ingreso a la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), petición que esta aceptó y protocolizó mediante la entrega de la Hoja de Ruta el pasado 17 de septiembre, con la que se inicia un arduo trabajo entre entidades del gobierno y los respectivos comités de la Ocde, integrados por expertos de los países miembros especializados en asuntos relacionados, entre otros, con inversión, gobierno corporativo, mercados financieros, impuestos y medio ambiente.

Siguiendo los lineamientos de la Ocde, el Gobierno Nacional presentó y tramitó ante el Congreso de la República la Reforma Tributaria de 2012, con la que se buscó disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso que se traduce en mayor equidad y reducción de la carga impositiva a las empresas con el fin de incentivar la creación de empleos formales y eliminar la informalidad.

En este proceso de convergencia hacía las políticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Colombia ha tomado importantes medidas que buscan revestir de transparencia las operaciones tributarias y combatir la evasión fiscal como por ejemplo las normas anti-abuso incluidas en la Ley 1607 de 2012.

En concordancia con lo anterior, y con el fin combatir una de las preocupaciones del grupo de los 20 que gira en torno a la competencia en materia tributaria entre jurisdicciones, algunas de ellas catalogadas como “paraísos fiscales”, el Gobierno expidió el Decreto 2193 del 7 de octubre de 2013, que determina cuáles son las jurisdicciones consideradas “paraísos fiscales” para efectos tributarios.

También Colombia ha recurrido a diversos instrumentos de política en busca de cooperación con otros países del mundo al suscribir diferentes acuerdos de intercambio de información tributaria entre los que se distinguen la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal con la Comunidad Europea (ley 1661 de 2013), el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria con Estados Unidos (Ley 1666 de 2013) que permitirá la aplicación de la Ley FATCA, y otros acuerdos de naturaleza tributaria que incluyen clausulas de intercambio de información con países como Chile, México, España, Suiza, Corea e India.

Por otro lado, dentro de ese mismo ánimo de convergencia con las normas de los países industrializados, es importante destacar que desde 2009 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 1314, que incorpora la adopción obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir de 2015. En la actualidad existen grandes dudas respecto de sus implicaciones tributarias. Está, por ejemplo, la valoración que, para efectos tributarios, tendrán las operaciones que realicen las entidades a partir de 2015, y otras referentes a los casos en los que debe aplicarse la norma contable cuando se presenten vacíos en las normas tributarias, de acuerdo con el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012.

 

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El marco institucional en Colombia permite una amplia intervención estatal en la economía, en favor de la equidad y la justicia social. Con este propósito, la Constitución Política estableció un Estado de bienestar, cuya función es garantizar el derecho a unos estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación y educación a todos los ciudadanos. En caso de incumplimiento, ellos disponen de una serie de mecanismos –como la tutela– para garantizarlos. Esto ha desatado un intenso “activismo judicial”, mediante el cual los jueces ordenan al Estado cumplirlos. La Carta Política establece además que la dirección general de la economía está a cargo del Estado, al cual le otorga amplias facultades de intervención. El desarrollo jurisprudencial de algunos principios constitucionales, como el de la solidaridad social, el de la dignidad humana y el de la justicia distributiva, también conduce a un Estado con grandes obligaciones y facultades de intervención.

El hecho de que el Estado pueda intervenir no significa que tenga que hacerlo permanentemente o en todo ámbito. A pesar de que el entorno institucional en Colombia favorece y exige la intervención estatal, también establece las condiciones para el buen funcionamiento de una economía de mercado. En Colombia se respeta la propiedad privada adquirida de manera legítima, la actividad económica y la iniciativa privada son libres, la libre competencia es un derecho y el Estado, por mandato de la ley, debe impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica. Por tanto, el ordenamiento institucional en Colombia busca, por una parte, que le economía sea eficiente y competitiva, para que produzca de manera eficiente la mayor cantidad de bienes y de servicios con base en los cuales maximizar el bienestar de sus población. Con este propósito permite el libre desenvolvimiento de la iniciativa privada y asigna los recursos productivos a través del mercado. Al mismo tiempo, por otra parte, esas instituciones buscan que la economía se equitativa y promueven la justicia social a través de un Estado de bienestar con amplias facultades de intervención.

Resulta paradójico que con unas facultades tan amplias del Estado para corregir las fallas de eficiencia y de equidad de los mercados, éstos sean ineficientes y la economía una de las más inequitativas del mundo. Esto sugiere que la intervención del Estado en Colombia es ineficaz. Quizá una de las razones que lo explica sea que una proporción alta de la regulación económica no es diseñada por técnicos especializados. El riesgo que se corre con ello es introducir distorsiones que tienen un costo alto sobre el desarrollo libre de la iniciativa privada, la competencia y la eficiencia de los mercados. Una idea que amerita discusión es si la regulación económica, a parte de los impuestos, debería delegarse en organismos públicos de carácter autónomo –de naturaleza similar a la del Banco de la República–, dentro de los propósitos de justicia social establecidos por la Constitución. De esta manera, una regulación y unas normas diseñadas por expertos sectoriales estarían blindadas a las influencias políticas. Este tipo de marco normativo para la iniciativa privada minimizaría las distorsiones en los mercados, con lo cual aseguraría una mayor eficiencia, al tiempo que conseguiría una mayor equidad.

 

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Los informes de las instituciones que se dedican a estudiar el comportamiento de la seguridad informática presentan cifras preocupantes. Según el último estudio de la empresa Symantec, las amenazas informáticas crecieron en 2012 en un 42% en relación con 2011 y se encontraron 5.291 nuevas vulnerabilidades el año pasado. Además, siete de cada 10 correos electrónicos enviados fueron los denominados spam.

En general, de todos los análisis sobre estos asuntos surgen tres conclusiones principales. Primero, las amenazas avanzan rápido y son tan cambiantes como la propia tecnología. Segundo, debido a la penetración exponencial de los móviles en la población mundial, la mayor amenaza se concentra cada vez más en el software malicioso diseñado para atacar esos dispositivos. Y tercero, la mayor parte de los ataques informáticos tiene como objetivo la malversación, el robo de datos de tarjetas de pago, de usuarios y claves financieras o fraudes similares. Es decir, el objetivo es económico y las víctimas se concentran en los usuarios o clientes bancarios.

Enfrentar esos desafíos requiere romper paradigmas sobre los cuales se han abordado estos asuntos, como por ejemplo: a) que los asuntos de seguridad informática son un problema de los ingenieros exclusivamente, b) que las amenazas de fraude están en particular dirigidas a las entidades financieras y c) que la responsabilidad frente a la prevención del fraude bancario es exclusiva del sector financiero.

Además, es necesario avanzar en el fortalecimiento de las acciones judiciales en contra de las bandas criminales. Es evidente que mientras no existan castigos ejemplares, el potencial delincuente no va a percibir suficientes riesgos como para desistir de la acción ilegal.

 

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Faltan tan solo dos meses para finalizar el 2013, año en el que las personas naturales deben aplicar los cambios introducidos por la última reforma tributaria. Los más importantes son la aplicación del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional -IMAN-, un novedoso sistema para calcular el impuesto sobre la renta que los empleados (nueva categoría de personas naturales para efectos tributarios) deben comparar con el sistema impositivo ordinario a fin de pagar el impuesto que resulte mayor.

Estas modificaciones empezaron a hacerse efectivas desde principios de 2013, por cuenta de la retención en la fuente, y se concretarán el año entrante cuando los declarantes deban presentar y pagar la declaración de renta de este año.

Asobancaria ha estimado que en 2013, cerca de medio millón de personas deberán aplicar el IMAN, cuyo aporte a los ingresos de la Nación representa el 3% del total del recaudo. Por cuenta de la aplicación del IMAN en 2013, el Gobierno espera recaudar más del doble de lo aportado en 2012.

Las nuevas medidas invitan a planificar, hacer cuentas y escoger –si es posible- el mejor esquema tributario. Planificar es una herramienta poderosa que puede marcar la diferencia entre pagar más o menos impuestos a través del mejor uso de los beneficios tributarios establecidos en la ley. Hacer una cuidadosa planeación tributaria es crucial para los contribuyentes, particularmente antes del cierre de este año fiscal.

Hay dos beneficios tributarios que son eficaces y significativos para las personas naturales ya que tienen un efecto importante en la reducción del impuesto a pagar: ahorrar en cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción –AFC- y/o en los Fondos de Pensiones Voluntarias –AFP-, y tener crédito de vivienda (ver recuadro). En el caso particular del ahorro, se han identificado algunas diferencias entre tener los recursos en la AFC o la AFP, que vale la pena considerar en las decisiones de planificación tributaria.

Una comparación

Hay diferencias dependiendo de si se ahorra o no, si se tiene un crédito de vivienda o no, si las personas están clasificados como empleados asalariados o empleados independientes o como trabajadores por cuenta propia.

Para el caso de un empleado asalariado con ingresos mensuales de $10 millones, que utiliza los beneficios al tope del ahorro (en cuentas AFC o AFP) y los del crédito de vivienda, debería pagar un impuesto equivalente a 3.8% de su ingreso. Si no hace uso de estas herramientas y se acoge al IMAS, paga el 6.3%. Si no se acoge al IMAS y no ahorra y no tiene crédito de vivienda debe pagar el 11.6%. Si este empleado es independiente, debería pagar el 3.3%. Si es un trabajador por cuenta propia, pagaría 0% de su ingreso.

 

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