septiembre 2013

En lo corrido de 2013 el contexto internacional ha estado marcado por una lenta expansión de la economía mundial, por una mejoría moderada de la economía de los Estados Unidos y por un deterioro en el crecimiento de los países emergentes y de las economías en América Latina. Un aspecto que merece especial atención es el anuncio de la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos de un posible cambio en su política monetaria y sus efectos en el mercado local.

Este anuncio generó un aumento de las tasas de interés de los TES que representó cuantiosas pérdidas para las entidades, al punto que las pérdidas estimadas del sistema financiero a septiembre serían del orden de los 5.3 billones de pesos (equivalentes a 0.8% del PIB). Aunque los efectos registrados sobre el mercado de TES son consecuencia de la coyuntura internacional, algunos aspectos locales aumentaron los niveles de incertidumbre en el mercado, generando un mayor impacto en el mercado domestico frente a otros países de la región.

Teniendo en cuenta lo anterior, sería recomendable realizar algunas acciones para mitigar hacia el futuro los efectos negativos de los acontecimientos internacionales como: eliminar la incertidumbre generada por el proyecto de decreto de rentabilidad mínima para las administradoras de fondos de pensiones; divulgar de forma clara la política de endeudamiento (condiciones y referencias de las subastas y las modificaciones al cronograma de emisiones) del Gobierno Nacional para los creadores de mercado; corregir las distorsiones que se presentan en las curvas de rendimiento del mercado de deuda pública; y reducir de doce a tres meses el plazo para reclasificar las inversiones disponibles para la venta.

Resulta importante mencionar que la solución de largo plazo para enfrentar problemas de volatilidad generados por la coyuntura internacional está en el mayor desarrollo de los mercados financieros locales. En este sentido, los esfuerzos del Gobierno para estos propósitos están planteados en la Hoja de Ruta del Mercado de Valores, frente a la cual, aunque se han realizado algunos avances, vale la pena mencionar que existen temas que no se han abordado como la emisión del documento CONPES del mercado de valores, el cual permitiría fijar estrategias de largo plazo de desarrollo del mercado.

Adicionalmente, existen algunos temas de los que no ha vuelto a hablar el Ministerio de Hacienda, pero que revisten la mayor importancia. Entre estos, se destacan la revisión de la reglamentación cambiaria a la luz de estándares internacionales, los estudios diagnósticos del funcionamiento actual de los mercados de títulos de deuda y títulos participativos, y las iniciativas para promover la transferencia de riesgos a través de los mercados monetarios y de derivados. Sería del mayor interés saber qué lugar ocupan en la actualidad dentro de las prioridades del Gobierno.

 

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El acceso a los servicios financieros formales por parte de la población, tiene una relación positiva con el crecimiento económico. Datos con corte a marzo de 2013 reflejan que la meta del 68% de población bancarizada, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para Todos, se superó antes de lo previsto, llegando a 69,2%. Esto es sin duda el reflejo de una banca que en los últimos años ha venido migrando de una situación en la que su principal objetivo era la prestación de servicios a las grandes corporaciones y a los segmentos poblacionales de mayores ingresos, a otra en la que su atención está en atender personas naturales, en particular la clase media y la base de la pirámide poblacional, en lugares recónditos y apartados, y a costos reducidos, o aun sin costos.

Los resultados son contundentes. El número de los corresponsales bancarios se ha quintuplicado con la apertura de 31.338 nuevos corresponsales en los últimos tres años, alcanzando un cubrimiento del 99% del territorio nacional. La cercanía generada con la población, que encuentra el banco en su tienda de barrio o supermercado ha permitido una evolución exponencial en su utilización, ejemplo de ello es que durante el primer semestre de 2013 se realizaron 40 millones de transacciones por valor de $8.9 billones.

De otro lado, el diseño regulatorio planteado entorno a simplificar el trámite de apertura de los productos financieros, facilitó la oferta de servicios a través del teléfono celular. En estos productos, que permiten débitos mensuales hasta por 3 smmlv, no se cobra cuota de manejo, no se exige un depósito mínimo inicial, ni un saldo mínimo, como sí ocurre en las cuentas de ahorro tradicionales. Adicionalmente, en algunos de ellos se ofrecen transacciones ilimitadas de forma gratuita y, en otros casos, los costos son realmente bajos, de manera que se ajustan a las necesidades y condiciones de la población colombiana, sobre todo la de bajos recursos. Esta apuesta ha sido acompañada por el Congreso de la República que generó dos incentivos fundamentales: la eliminación del 4 por mil para estos productos y la devolución de dos puntos del IVA por compras con banca móvil.

Por el lado del acceso al crédito el Gobierno ha mostrado su compromiso con la revisión de la metodología para el cálculo del IBC de microcrédito y la reglamentación del factoring. Además, el trabajo conjunto con el Congreso permitió el impulso de las leyes de libranza y de Garantías Mobiliarias. La tarea pendiente en este frente está en generar un nuevo tipo de crédito, el microconsumo, que sea una alternativa al gota a gota. Se ha planteado que sea para personas naturales, que requieran financiación de bajo monto y que se reconozca una tasa de interés ajustada a este tipo de riesgo.

Especial mención merecen también los avances en materia de protección al consumidor, los cuales contribuyen a la generación de confianza al establecer reglas claras para el trámite de quejas y la responsabilidad de la entidad financiera, que ha entendido que el cliente es lo más importante.

Este entorno está contribuyendo a aumentar la productividad y el bienestar de los usuarios del sistema financiero.

 

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La crisis secular del agro colombiano obligó al Gobierno Nacional a incrementar el gasto público dirigido a este sector. Para financiar el aumento, las autoridades prefirieron allegar ingresos adicionales a partir de 2014, que incumplir la regla fiscal y acrecentar la deuda pública. Por eso proponen posponer por un año el cronograma de eliminación progresiva del GMF, aprobado en la mini reforma tributaria de 2010.

En el debate público se ha justificado la idea argumentando que, como en el pasado este impuesto se usó para rescatar a la banca, con mayor razón puede utilizarse ahora para financiar las necesidades del campo. Aunque el propósito es encomiable, el argumento es impreciso. Los fallos de la Corte Constitucional sobre las medidas tomadas en la emergencia económica de 1998 establecieron que el apoyo al sector financiero se limitara a la banca pública, a las cooperativas financieras y a los alivios para los deudores del sistema UPAC. Con ello se excluyó a la banca privada. Con base en esas sentencias, la destinación inicial de los recursos provistos por el GMF fue un 10% para la capitalización de la banca pública, un 30% para la de la banca cooperativa y un 60% para los alivios a los deudores hipotecarios. Por tanto, el GMF no se usó nunca para rescatar la banca privada.

La capitalización de la banca privada tuvieron que hacerla sus accionistas, con recursos propios (20%) y con créditos de FOGAFIN (80%), a tasas de mercado y respaldados por el patrimonio de los accionistas, en caso de incumplimiento. Los recursos de las líneas de crédito se debían utilizar para capitalizar las entidades financieras. Estas debían recibir títulos de deuda de FOGAFIN. En consecuencia, la capitalización de la banca privada se hizo con bonos de deuda pública que tocaba vender, en caso de necesidades de liquidez, con un descuento. Así, tanto los accionistas como las entidades financieras privadas pagaron unos costos financieros por el “rescate”. En ningún caso se gastaron recursos públicos con este propósito. Además, los recursos y las reservas que tenía FOGAFIN se habían constituido con el seguro de depósito que aportaron los bancos, como un porcentaje de sus captaciones. Los establecimientos privados capitalizados por este mecanismo sortearon la crisis. Sus accionistas cumplieron a cabalidad sus obligaciones con FOGAFIN. En contraste, la banca pública se capitalizó en una gran medida con bonos gubernamentales de vigencias futuras y luego se privatizó con utilidades. De esta manera, el rescate de los bancos en esa oportunidad fue ejecutado en realidad por sus dueños: los públicos por el Estado y los privados por sus accionistas.

El retraso en la eliminación del GMF es una mala noticia para los colombianos que hacen sus transacciones financieras dentro de la formalidad. Perjudica además los esfuerzos de inclusión y profundización financiera. Sin embargo, Asobancaria respalda los apoyos que se están diseñando para el agro colombiano, porque en el campo se concentran los problemas de pobreza, informalidad, baja productividad y falta de oportunidades de progreso social, que con frecuencia alimentan la ilegalidad, el narcotráfico, el lavado de activos, el terrorismo y la violencia. Asobancaria comprende la necesidad de recurrir otra vez a la prolongación por un año más del GMF. No obstante, espera que después de 2014 las autoridades persistan en la eliminación de este impuesto, que es anti-técnico y perjudicial.

 

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Con la expedición de la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” se buscaba, entre otros, que Colombia se pusiera al mismo nivel de la regulación internacional en materia de protección de la información que sobre las personas se guardan en las diferentes bases que recogen sus datos personales.

Su ámbito de aplicación es amplio por tratarse de una Ley General. Sin embargo, expresamente establece que a excepción de sus principios, no tendrá aplicación a las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008, es decir, a la información contenida en bases de datos financiera, crediticia, comercial y de servicios.

En ese sentido, es claro que las bases de datos que manejan las entidades financieras con información de sus clientes por cualquiera de sus productos, tanto del activo como del pasivo, se rigen exclusivamente por la Ley 1266 citada, teniendo como supervisor exclusivo a la Superintendencia Financiera.

Hasta la fecha el único Decreto reglamentario de la Ley de Datos Personales es el 1377 de 2013. En esta normativa se incluyó un procedimiento que respeta los derechos de los titulares, y que legitima los datos recolectados con anterioridad a su expedición, en aras de brindar un equilibrio entre el derecho a la información y el derecho al habeas data, que es el que tiene cualquier persona que figura en un registro o banco de datos de acceder a tal registro para conocer qué información sobre él o ella existe, y de solicitar su corrección o eliminación si le causara algún perjuicio. Este procedimiento resulta a todas luces necesario para evitar tener que eliminar información de gran importancia para todos los sectores del país.

Se encuentran pendiente de reglamentación algunos importantes aspectos, especialmente todo lo relacionado con el registro, lo cual aunado a la adecuación de la SIC para lograr una vigilancia efectiva, constituyen el talón de Aquiles de la implementación de la nueva Ley, y que resultando equilibrada, permitirá hacerla efectiva en beneficio de los titulares de la información.

Si bien la Ley 1581 constituye un avance para Colombia por ajustarse a estándares internacionales de seguridad en el tratamiento de información, implica para las empresas y la SIC la adopción de acciones para un adecuado manejo de los datos personales y su supervisión, las cuales en muchos casos resultarán engorrosas y costosas, pero que se espera redunden en una protección efectiva de la información personal.

 

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A raíz del deterioro sufrido por los balances y la solvencia pública de las economías avanzadas más grandes –Estados Unidos, Japón y los miembros de la Unión Europea– durante la crisis financiera y la gran recesión desde 2008, las agencias calificadoras y los inversionistas internacionales adoptaron una posición más acida frente a su riesgo de crédito. Como consecuencia de ello, algunas de esas economías sufrieron una degradación en su calificación como emisores, los mercados depreciaron sus obligaciones vigentes y exigieron mayores rendimientos para las emisiones posteriores. Hasta entonces sus títulos de deuda eran considerados libres de riesgo. El concepto tradicional para definir los activos libres de riesgo propone que la deuda pública es el de menor peligro, porque considera que los gobiernos son emisores que tienen una probabilidad de incumplimiento mínima. Sin embargo, esos acontecimientos cuestionaron la existencia de ese tipo de activos, porque la probabilidad de incumplimiento de los gobiernos de esas economías aumentó, debido a la expansión fiscal sin precedentes que se vieron forzados a acometer para evitar una depresión.

Para que los tenedores de la deuda pública estén en capacidad de enfrentar esas eventualidades, Basilea considera que se debe contar con mecanismos para cubrir los peligros que entrañan los “activos libres de riesgo”. En principio, el BIS quiere incluir dentro de sus estándares la posibilidad de que todas las inversiones que realicen las entidades financieras sean provisionadas, con el fin de proteger la estructura del capital y los recursos que tienen las entidades. Este mecanismo se consideró dentro del acuerdo de capital de Basilea II. Ahora el BIS sugiere que es necesario acelerar la adopción de ese tipo de instrumentos, con el fin de evitar o aminorar las pérdidas que puede traer la volatilidad de su deuda soberana.

En Colombia el uso de los activos libres de riesgo ha estado relacionado con la deuda pública –los TES–, siguiendo la experiencia internacional. El beneficio que le otorga la regulación local a los TES genera que la tenencia de este tipo de activos dentro del portafolio de las entidades financieras sea alta. Sin embargo, la eficiencia de sus sistemas de administración de riesgos y sus modelos internos de gestión, hacen que el negocio bancario en Colombia sea menos vulnerable a escenarios de inestabilidad de los mercados financieros que en las economías avanzadas. La discusión sobre los activos libres de riesgo –sobre todo en el caso de la deuda pública– es necesaria para evitar la inestabilidad que sufrieron los bancos en Europa y Estados Unidos. Pero debe complementarse con la mejora de los procesos de supervisión prudencial y de administración de los riesgos a los que se expone la actividad bancaria.

 

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