Con base en el marco jurídico provisto por la Ley de alianzas públicoprivadas (APP), el nuevo esquema de concesiones de cuarta generación (4G) busca atraer el capital privado para financiar la construcción, la operación y el mantenimiento de la infraestructura vial, con el propósito de superar la escasez de fondos públicos para ampliarla, modernizarla y conservarla.
Comparado con el anterior esquema, el 4G establece requisitos patrimoniales exigentes para asegurar la solvencia de los participantes, distribuye de una manera más eficiente los riesgos entre los diferentes agentes, establece una novedosa modalidad de pago por segmento de obra terminada, e introduce una retribución según el volumen y la calidad de los servicios prestados.
El 4G se esfuerza en transferir la mayor parte de los riesgos de las etapas de construcción y operación a la de pre-construcción. Con ello disminuirá los riesgos en las etapas posteriores, pero prolongará la pre-construcción. Lo ideal hubiera sido otorgar las concesiones después de realizar las consultas con las comunidades, conseguir las licencias ambientales y adquirir la totalidad de los predios, de manera que se liberara a los concesionarios, a los constructores y a los financiadores de los riesgos inherentes a los tropiezos de esos procesos. Estos riesgos no se asignaron de manera óptima a las autoridades, que están mejor facultadas para gestionarlos. En consecuencia, aunque disminuyó su capacidad perturbadora, continuarán siendo uno de los principales cuellos de botella para la buena marcha de los proyectos. Ojalá las autoridades puedan relajarlos mediante las leyes pertinentes que tienen la intención de sacar adelante en el Congreso.
Como la magnitud de la inversión estimada es elevada comparada con el tamaño de las instituciones financieras domésticas, el 4G introduce un novedoso esquema de financiación que combina el crédito bancario y el multilateral, con la participación del mercado de valores. Para atraer a los inversionistas planea introducir un nuevo instrumento, los bonos de infraestructura, que satisfaga los requerimientos de los menos tolerantes al riesgo, entre ellos los inversionistas institucionales y sobre todo los fondos de pensiones, cuya participación resulta crucial por el tamaño de sus portafolios. Para facilitar una dinámica rotación del crédito bancario, contempla también recurrir a la titularización de la cartera.
Esta estructura de financiación es viable, pero su implementación requiere la estandarización de los bonos, que riñe con la heterogeneidad de los proyectos. Por esta razón es necesario que se implemente una operación de credit enhancement, mediante la cual unas compañías de seguros de excelente calificación garanticen el pago de estos papeles. Eso les permitirá tener un bajo riesgo.
Las autoridades hacen bien en tomar la precaución de diseñar un esquema de financiación que vincula varias fuentes y mecanismos e instrumentos que le provean suficiente liquidez, para asegurar una rápida rotación de los recursos. La dinámica expansión de los mercados en la última década permite pensar que es viable financiar el programa en los próximos seis años, con base en esa estructura, sin arriesgar la estabilidad financiera de la economía.