marzo 2013

En esta semana hacemos un recuento de la evolución del sistema de protección a la salud y de sus problemas, presentamos un resumen de la propuesta del gobierno de reforma a la salud, señalamos algunos inconvenientes de esta y presentamos una alternativa.

Los elementos esenciales de nuestra propuesta alternativa son que se mantenga el aseguramiento en salud; que sea provisto por compañías financieras especializadas en el tema de aseguramiento; que, por lo menos en un componente básico, el seguro sea financiado enteramente por el Estado (lo cual está perfectamente dentro de las posibilidades fiscales de Colombia); que ese componente básico implique que el gasto individual en salud tiene un límite máximo; que el componente básico del aseguramiento se pueda complementar con un seguro adicional, financiado de manera individual y voluntaria, pero que ambos seguros, el básico y el complementario, puedan funcionar como una unidad; que los individuos sean perfectamente libres a la hora de escoger a los proveedores de los servicios de salud; que desaparezca el POS; y que se separen las funciones de aseguramiento financiero y de provisión de servicios médicos.

Con esta propuesta esperamos contribuir al debate público que seguramente se presentará una vez el gobierno presente al Congreso su proyecto de reforma a la salud. Colombia tiene alternativas a la hora de pensar cómo reformar su sistema de salud. Es bueno considerarlas todas en el momento de decidir qué es lo que más nos conviene.

 

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Los mercados de deuda privada promueven el desarrollo económico de un país, porque permiten canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, a través de los bonos emitidos por las empresas para captar recursos con los cuales financian sus actividades. En el caso de Colombia, durante la última década se presentó un importante crecimiento de este mercado, que llevó a la emisión histórica de recursos por COP 14 billones en 2009.

Este desarrollo estuvo acompañado por importantes avances en materia de regulación, infraestructura e innovación financiera que han permitido contar con un mercado de deuda más eficiente. Además, el sector real ha ganado una participación importante en los últimos años.

Recientemente parece que este dinamismo ha venido perdiendo fuerza. Dentro de las razones que explican esta tendencia se encuentran factores desde el lado de la oferta y la demanda. En el primer caso, el incremento en las tasas de interés durante 2011 aumentó los costos por concepto del servicio de la deuda. En términos de la demanda, la existencia de límites prudenciales que desincentivan el apetito por estos instrumentos, sumado a la ausencia de un mercado que incentive la negociación y la liquidez para las emisiones de las empresas, especialmente para las pymes, dificulta aún más este desarrollo.

Internacionalmente se ha promocionado el desarrollo del mercado de deuda privada a través de dos caminos. Por un lado, se ha buscado facilitar el proceso de emisión para las entidades que ya son actores recurrentes en el mercado. Por otro, los esfuerzos se han enfocado en la inclusión de pequeñas y medianas empresas (pymes) en los mercados de valores, así como la constitución de ambientes de negociación dirigidos hacia este tipo de títulos e inversionistas.

Recientemente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) ha propuesto generar una nueva agenda que promueva el desarrollo del mercado de deuda privada, la cual pretende redefinir el papel de algunos intermediarios, facilitar los procesos de originación y fortalecer la negociación de los instrumentos emitidos por las entidades. Consideramos que estos esfuerzos están encaminados en la dirección correcta y deben ser una prioridad durante los próximos años.

 

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En Colombia la pobreza disminuyó de una manera notable durante la última década, gracias al dinámico crecimiento y a la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, en contraste con lo ocurrido en la mayor parte de América Latina, la equidad no mejoró de modo sustancial en nuestro país en este período. Varios estudios coinciden en diagnosticar que hay tres obstáculos estructurales que impiden mejorar la equidad y dificultan reducir la pobreza. En primer lugar, el mal funcionamiento del mercado laboral, que mantiene alto el desempleo y genera informalidad. En segundo lugar, el estrecho acceso a la educación en los niveles superiores, que crea una prima elevada en la remuneración de los trabajadores más educados. Y en tercer lugar, el papel redistributivo nulo de la política fiscal en Colombia.

En consecuencia, con el propósito de mejorar la eficiencia del mercado laboral los especialistas recomiendan perseverar en la disminución de los costos laborales no salariales y flexibilizar el salario mínimo legal (SML). Con ello se lograría abaratar el trabajo formal y aumentar su demanda, de manera que se ampliaría el tamaño de este mercado, con lo cual se reducirían el desempleo y la informalidad. Unos costos laborales más flexibles ayudarían también a reducir los costos domésticos, para compensar el deterior de la competitividad de la producción nacional causado por la apreciación de la tasa de cambio.

Con el fin de disminuir la prima que obtienen en sus salarios los más educados, los analistas domésticos y las entidades multilaterales proponen aumentar el acervo de capital humano, por medio de la ampliación del acceso a una educación y formación vocacional de mejor calidad en todos los niveles, que consulte el perfil de la demanda de trabajo. En su concepto, la mejora de la calidad de la educación pública debe basarse en un proceso de formación, selección y promoción de los profesores más exigente, que introduzca incentivos que premien los resultados y lleven a los mejores maestros a las escuelas de las áreas más deprimidas.

Por último, para que la política fiscal tenga un impacto redistributivo, además de introducir una mayor progresividad en la estructura de los impuestos, como intentó el Gobierno con la pasada reforma tributaria; los expertos sugieren hacer el gasto más progresivo. Para tal fin aconsejan disminuir la regresividad del sistema público de pensiones y focalizar mejor los subsidios y las transferencias directas, de manera que lleguen a los más pobres y vulnerables.

 

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