Enero 2013

La entrada en vigencia de la reforma tributaria para el año gravable 2013, traerá grandes cambios para los contribuyentes. En el caso de las personas naturales, el más importante es la aplicación del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional -IMAN-, un nuevo sistema para calcular el impuesto sobre la renta que los empleados (una nueva categoría de personas naturales para efectos tributarios) con ingresos superiores a $3.8 millones mensuales, deben comparar con el sistema impositivo ordinario a fin de pagar el impuesto que resulte mayor.

Una estimación sobre el universo de personas que deberán aplicar el IMAN indica que se trata de 500 mil declarantes que aportan cerca del 3% de los impuestos del país. El recaudo adicional que se espera por cuenta del IMAN ($3.2 billones) implica duplicar la tributación de este grupo de contribuyentes. De ahí la importancia de tener claridad sobre quiénes quedaron clasificados como empleados, lo que no es evidente. Es claro que en la definición quedan incluidos dos tipos de trabajadores: los asalariados y quienes trabajan por honorarios para un solo empleador (v.g. quienes trabajan para el Estado con contratos de prestación de servicios). Lo que no es tan obvio es si otros profesionales independientes –abogados, economistas, médicos, odontólogos, por ejemplo– quedan también cubiertos por la definición. La falta de claridad en la determinación de lo que se considere como empleados, seguramente va a ser fuente de múltiples discusiones, que pueden terminar en largas controversias judiciales.

Cuatro cosas llaman la atención en este tema. La primera consiste en que los impuestos se incrementan considerablemente para los empleados por cuenta de que en la depuración del ingreso para calcular el IMAN no es posible restar las principales deducciones y exenciones que se tienen para el sistema ordinario ni los gastos en que se incurren para generar el ingreso para los independientes. La segunda, que el texto original de la reforma incluía en la aplicación del IMAN a todas las personas naturales (empleados, trabajadores por cuenta propia y rentistas de capital), y al final solo quedaron los empleados. El resto continuarán tributando bajo el régimen ordinario, al que también se le introdujeron algunas modificaciones que pueden dar como resultado un incremento de los impuestos a pagar aunque en menor cuantía que con la aplicación del IMAN. La tercera, que los trabajadores por cuenta propia (por ejemplo los comerciantes) con ingresos anuales hasta de $725 millones pueden usar otro sistema de depuración -el Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS)- que resulta sustancialmente más favorable que el sistema ordinario. Por último, se resalta que dada la considerable diferencia en impuestos entre uno y otro sistema es probable que se genere un incentivo para generar al menos un 20% de los ingresos por otras actividades diferentes a las laborales como arrendamientos, dividendos, intereses, entre otros; de esta forma el empleado dejaría de ser considerado como tal y pasaría a tributar bajo el régimen ordinario, lo que implicaría pagar menos impuestos.

 

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A principios de 2012 el Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés) recomendaron que las Infraestructuras del Mercado Financiero (FMI, por sus siglas en inglés) deberían acceder a las líneas de liquidez que ofrecen los bancos centrales, con el fin de que estas instituciones cuenten con los suficientes recursos para mitigar los riesgos en situaciones de estrés y se asegure la operatividad del sistema de pagos.

Esta propuesta nace en respuesta a las inquietudes que se generaron después de la crisis financiera que comenzó en 2008, debido a que el mercado no contaba con la suficiente claridad sobre los mecanismos que podían utilizarse para asegurar el suministro adecuado y rápido de liquidez en situaciones de estrés financiero.

En la actualidad las recomendaciones realizadas por el BIS y IOSCO comienzan a ser aplicadas en distintos países, entre los cuales se destaca la Unión Europea (UE). Esta incorporó dentro de su reforma financiera la posibilidad de que los sistemas de compensación y liquidación de pagos tengan acceso a los recursos del banco central, convirtiendo a este último en un proveedor liquidez para ellos.

A pesar de su relevancia, esta iniciativa no se ha discutido el ámbito local, donde su implementación sería de gran utilidad. En Colombia se cuenta con reglas que obligan a los intermediarios financieros a enviar las operaciones que se realizan a través de los sistemas transaccionales en divisas y derivados a las cámaras de compensación y liquidación. También se obliga a las cámaras a contar con proveedores de liquidez de recursos en pesos y en dólares. La integración del Banco de la República (BR) como proveedor directo de liquidez de última instancia a este sistema, aseguraría su plena operatividad en coyunturas de estrés financiero.

Este tipo de recomendaciones pueden ser acogidas teniendo en cuenta que actualmente los sistemas de compensación y liquidación, en especial para el caso de las divisas, le permiten a los intermediarios del mercado cambiario (IMC) mitigar los riesgos derivados de las operaciones de cambios celebradas en los sistemas de negociación. Adicionalmente, la posibilidad de contar con una mayor cantidad de proveedores de liquidez le permitiría al mercado mejorar sus tiempos de respuesta y disminuir sus costos, lo cual se traduciría en un incremento en eficiencia y transparencia.

Adoptar este tipo de estándares podría convertir al sistema financiero colombiano en un referente para la región y en un ejemplo para la administración integral de riesgos.

 

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El resultado inesperado de la economía colombiana en el tercer trimestre de 2012, cuando creció al 2,1% anual, plantea inquietud sobre su trayectoria futura. Problemas institucionales y choques adversos de oferta llevaron a un descenso sorpresivo de la inversión, de la construcción y de la producción minera y de hidrocarburos, que condujo a una desaceleración del PIB más allá de lo previsto. Como es posible que el consumo privado no haya aumentado el ritmo en el último trimestre, la dinámica de la demanda interna y del crecimiento en éste y en los períodos siguientes dependerá sobre todo de la inversión.

La desaceleración insinúa que la producción comienza a caer por debajo de la potencial y que la tasa de crecimiento es mucho menor que la de largo plazo. La tendencia decreciente que exhibe la actividad económica es preocupante porque el entorno internacional podría desmejorar en cualquier momento, por los desacuerdos sobre la política fiscal en los Estados Unidos o por un desarrollo desafortunado de la crisis europea. Si estos riesgos se materializaran, la menor demanda externa, la perturbación de los mercados financieros y la debilidad de la demanda interna aumentarían la probabilidad de una recesión doméstica.

Para prevenirla hay que considerar la conveniencia de relajar las estrategias monetaria y financiera que adoptaron con excesivo rigor las autoridades, para evitar un recalentamiento de la economía y un desborde del crédito. Como advirtió Asobancaria oportunamente, extremar las medidas prudenciales para contener lo que parecía un incremento excesivo del crédito, entrañaba el riesgo de asfixiar la economía, si la coyuntura cambiaba de manera repentina. Sobre todo cuando la expansión crediticia era parcialmente el resultado de una profundización de los mercados y una mayor inclusión financiera, en las cuales el país tiene un rezago estructural respecto de las que corresponden a su desarrollo económico y social. Por fortuna el BR ha relajado su postura monetaria y cuenta con un espacio amplio para continuar.

Hay que tener en cuenta también que la reforma tributaria podría pronunciar la desaceleración de la actividad económica, a menos que sea compensada por una expansión eficiente del gasto público. Para conseguirla y para lograr el repunte requerido de la formación bruta de capital en obras civiles, edificaciones y minería, es apremiante superar los cuellos de botella que resultaron de la puesta en marcha de los nuevos esquemas institucionales para la administración y ejecución de las regalías, para la planeación y la realización de las obras públicas y las concesiones, para la minería y para la preservación del medio ambiente. Aquí hay una demora que entorpece el flujo de la inversión en esos sectores. Si no se quiebran esos cuellos de botella, no solo se resentirá la actividad económica en el corto plazo, sino que además no mejorará la capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo.

Minimizar el riesgo de que se prolongue la desaceleración de la actividad económica doméstica requiere, por una parte, superar los obstáculos institucionales que frenan la inversión. Y por otra, que las políticas monetaria y financiera promuevan un flujo de crédito abundante y barato al sector privado.

 

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