Noviembre 2012

Con el propósito de reducir la desigualdad y estimular la generación de empleo formal, el Gobierno del Presidente Santos presentó a consideración del Congreso un proyecto de reforma tributaria (RT), que introduce modificaciones importantes en el régimen del impuesto de renta para las personas naturales y para las jurídicas, en la financiación de una parte considerable del gasto social y en el IVA.

En la búsqueda de una mayor progresividad en el impuesto de renta para las personas naturales, que contribuya a reducir en el mediano plazo la desigualdad, en su estado actual el texto para debate de la RT propone aumentar la carga para el decil más rico de la población. Para lograrlo limita la utilización de los beneficios vigentes y endurece la tributación sobre las rentas de capital. El fin es encomiable. Sin embargo, no sobra advertir que si el incremento de la carga es exagerado, podría tener efectos indeseables sobre la actividad económica o la tasa de cambio, en el corto plazo; y sobre la capacidad de crecimiento de la economía, en el largo plazo.

El cambio en los mecanismos de financiación del SENA, el ICBF y la salud es deseable, por el impacto adverso que tienen las contribuciones parafiscales y los aportes de los empleadores a la salud de sus empleados, sobre el costo del trabajo formal. Esta medida, además de estimular la generación de empleo formal, mejoraría la competitividad de la producción nacional, porque equivaldría a una devaluación de la moneda.

Es pertinente sugerir, no obstante, que tampoco convendría incrementar demasiado la tributación sobre las firmas, por sus consecuencias negativas sobre la inversión, la productividad, la remuneración del trabajo y la tasa de crecimiento potencial de la economía.

Las modificaciones propuestas en el IVA también son deseables, por una parte, para mejorar su eficiencia y productividad. Y por la otra, para incrementar el flujo de caja de las firmas, de manera que disminuyan sus costos financieros y mejore su capacidad de expansión.

Por estas razones, la propuesta de RT constituye un paso audaz en la dirección correcta. Las autoridades tienen que afinar al extremo la mezcla de estrategias, para maximizar sus beneficios y minimizar sus costos.

Queda pendiente una propuesta para mejorar la progresividad del gasto público, anulada hoy por las transferencias para fondear el esquema público de pensiones de prima media.

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2012 no ha sido un año fácil para el sistema financiero internacional. En términos generales, en el balance de los riesgos globales siguen destacándose la agudización de la crisis financiera en la zona euro, la necesidad de un ajuste fiscal en Estados Unidos, el riesgo de una desaceleración brusca en China, la preocupación de la dimensión de la deuda pública en los países desarrollados y la inestabilidad en los precios de los alimentos y el petróleo.

Si bien la situación no muestra cambios significativos en el corto plazo, las acciones adelantadas por las autoridades económicas de los países de la zona euro y de Estados Unidos están logrando ganar un tiempo valioso para lidiar con un escenario económico que puede llegar a ser cada vez más adverso. Estas medidas de política macroeconómica continúan siendo complementadas con nuevos estándares de regulación y supervisión financiera, tales como Basilea III, la Ley Dodd-Frank y las directivas de la Unión Europea.

En el caso colombiano, las condiciones macroeconómicas y financieras actuales nos hacen menos vulnerables a la materialización de los riesgos externos. Las autoridades se han esforzado por ir a la vanguardia en materia de normas prudenciales para la adecuada gestión de los riesgos a los que se ven expuestas las entidades del sistema financiero. Se han adoptado estándares internacionales en aspectos como la relación de solvencia, las Normas Internacionales de Información Financiera, la valoración de inversiones mediante proveedores de precios y los indicadores de riesgo de liquidez de corto plazo.

Se debe continuar trabajando en alternativas para la adopción de los requerimientos de capital por riesgo operacional y en eliminar los arbitrajes regulatorios existentes en la administración de riesgos de mercado y de liquidez, entre los distintos tipos de entidades financieras, los cuales en muchos casos se convierten en una clara desventaja para los establecimientos de crédito.

Confiamos en que los sectores público y privado puedan seguir trabajando en la generación de sinergias que se traduzcan en una mayor confianza de los consumidores y en una mejor solidez del sistema financiero, derivada de una eficiente y eficaz regulación prudencial.

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A nivel internacional, la necesidad de tener un lenguaje contable común entre países para garantizar la transparencia, favorecer la comparabilidad y promover el desarrollo del mercado de capitales condujo a la creación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

El pasado 28 de septiembre de 2012, la Presidencia de la República, junto con los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, informó a todas las superintendencias la decisión de aplazar un año el proceso de adopción de las NIIF en Colombia. Esta decisión se tomó como consecuencia de la solicitud de algunas superintendencias, que encontraron que un porcentaje alto de entidades no estarían listas para cumplir el cronograma que se estableció previamente.

La convergencia a NIIF tendrá efectos para casi todas las áreas de las organizaciones y requerirá de esfuerzos importantes en varios aspectos. Al respecto, el Comité Técnico para el Sector Financiero (CTSF) publicó un documento de impactos, conclusiones y recomendaciones, discriminándolos en cinco categorías: financieros, fiscales, operativos, sobre el negocio y el recurso humano.

Uno de los impactos de mayor trascendencia para la industria bancaria está relacionado con la metodología para la constitución de provisiones de la cartera de créditos. El esquema de provisiones planteado por las NIIF se fundamenta en un modelo de pérdida incurrida, mediante el cual se reconocen las provisiones solo si hay evidencia objetiva de que ya se ha producido un evento de pérdida y de que éste se puede estimar de forma fiable. Aunque este es un método simple de aplicar, puede ocurrir que en el evento en que aumente el riesgo de una cartera no sea posible reconocer la mayor pérdida esperada hasta que no se hayan producido los eventos de pérdida.

La Superintendencia Financiera ha argumentado que el modelo local de administración de riesgo de crédito cumple con las recomendaciones del Comité de Basilea, tales como los enfoques micro y macroprudenciales, el concepto de pérdida esperada y las consideraciones del ciclo económico. Por esta razón ha recomendado exceptuar a los establecimientos de crédito de la aplicación del modelo de cartera de las NIIF.

En esta Semana Económica se mostrarán algunas experiencias internacionales en la adopción de las NIIF, incluyendo el manejo de la cartera de créditos. De igual forma, se hará un resumen de otros impactos para el sector financiero, así como de las tareas pendientes del sector público y privado.

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Después de estabilizar las cuentas públicas, los mercados financieros y la macroeconomía en la última década, la política económica tiene espacio para ocuparse ahora de los problemas estructurales que disminuyen la eficiencia de los mercados, frenan el crecimiento en el largo plazo y mantienen la inequidad en la economía.

A la política fiscal, luego de lograr la sostenibilidad de la deuda pública, obtener de nuevo el grado de inversión y recuperar la capacidad de implementar posturas contra-cíclicas, le corresponde ahora mejorar la equidad y remover las distorsiones que introdujo en los mercados de factores, al apremio de las circunstancias, para incrementar los ingresos tributarios.

Para este propósito, dos medidas parecen cruciales. En primer lugar, sustituir la financiación de la seguridad social con impuestos al trabajo por otro tipo de ingresos. En segundo lugar, hacer énfasis no solo en la sostenibilidad de las cuentas públicas, sino en la progresividad de la política fiscal. Al respecto, es fundamental entender que la equidad debe ser una preocupación de toda la política fiscal, no solo de la tributaria. En este sentido, una focalización del gasto público hacia los deciles más pobres de la población ayudaría a combatir la inequidad.

Es prudente advertir que la estrategia para perseguir la mejora en la equidad debe tener cuidado para no frenar el crecimiento y la generación de empleo, porque en caso contrario podría convertirse en un obstáculo para continuar reduciendo la pobreza.

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