Edición 872 | Solidez y Seguridad del Marco Jurídico

El propósito que orienta la intervención del Gobierno en el sector financiero resulta fundamental para aumentar su eficiencia y continuar consolidando su solidez y profundidad. Por ello, no se deben perder de vista los objetivos de la intervención del Estado en la actividad financiera, en especial a la hora de la toma de decisiones.

Dentro esos objetivos, uno fundamental es velar por los intereses de los usuarios de los servicios que ofrecen las entidades financieras, en especial, de los ahorradores, depositantes e inversionistas. Para ello resulta primordial establecer un claro equilibrio entre la protección del activo y la del pasivo bancario, de suerte que cuando se pretenda amparar a los deudores del sistema, no se menoscaben los derechos de los acreedores, que vienen a ser en segunda instancia los mismos ahorradores o depositantes. Un claro ejemplo de una regulación que protege los derechos de los distintos actores del sistema es el Código General del Proceso. A diferencia, otras iniciativas legislativas, como la de la obligatoriedad del defensor del consumidor financiero, o la que limita el cobro prejurídico, pueden estar vulnerando este equilibrio, en perjuicio de los depositantes y ahorradores. Además, está por verificarse el desarrollo que tengan modificaciones legislativas como la de la liquidación de la persona natural no comerciante, o las facultades jurisdiccionales otorgadas a la Superintendencia Financiera, para determinar si su buena práctica facilita el equilibrio en beneficio de los participes del sistema.

Otro aspecto que es preciso tener en cuenta y que está también ligado a la protección de los derechos de los ahorradores, es la necesidad de contar con un marco que evite el arbitraje regulatorio y promueva la competencia y la eficiencia de las entidades que desarrollan actividades financieras. La uniformidad del marco regulatorio, y su supervisión por la misma entidad, es requisito indispensable para que las distintas entidades que se involucren en operaciones financieras, y realicen actividades similares, compitan en condiciones de equidad y equilibrio en función de la naturaleza propia de sus operaciones.

De igual manera, para resguardar los intereses de los usuarios del sistema financiero es necesario que la regulación permita la prestación más eficiente de la actividad, para reducir costos y poner el servicio al alcance de toda la población. El propósito fundamental de las autoridades es garantizar la estabilidad del sistema, sin perder de vista su eficiencia, por lo que vale la pena preguntarse si la estructura vigente en Colombia es la adecuada para el cumplimiento de ambos propósitos. La actual estructura del sistema financiero fue diseñada buscando atraer la banca al país, sin prever la posibilidad de la expansión de la banca colombiana en el exterior. Sin embargo, Colombia ha venido adquiriendo importancia como un jugador regional, razón por la cual podría pensarse si se requiere mayor flexibilidad regulatoria en este frente para hacer al país más competitivo en el ámbito internacional. En la medida en la que se profundice en este debate, se logrará encontrar el punto medio en términos de estabilidad y eficiencia que más le conviene al país.

 

DESCARGAR PDF COMPLETO

Artículos Relacionados