Edición 862 | La complejidad que reviste la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo requiere de la colaboración de todos

El lavado de activos y la financiación del terrorismo siguen siendo unas problemáticas importantes a nivel mundial. La producción y tráfico de drogas ilícitas continúan movilizando cuantiosos recursos ilegales sobre los que se trata de dar apariencia de legalidad. Sin embargo, el narcotráfico no es la única preocupación. En la actualidad, el concepto de lavado de activos tiene mayor alcance y es considerado un delito transversal a múltiples actividades delictivas lo que genera retos aún mayores en cuanto al lavado de dinero producto de estas conductas.

Por su parte, los esfuerzos realizados desde hace 25 años por el sector financiero para prevenir la materialización de riesgos de lavado de activos las operaciones de lavado de activos han ido migrando hacia negocios del sector real. Esta situación se exacerba cuando existen sectores que están movilizando cuantiosos recursos que los vuelven especialmente atractivos para los lavadores. Las labores de control se complejizan aún más ante dificultades de realizar la debida diligencia en el conocimiento al cliente cuando éste es una persona jurídica, pues en ocasiones, es muy difícil o casi imposible conocer a las personas naturales que están detrás de estas organizaciones y de los recursos que movilizan.

Por lo anterior, se considera preciso trabajar en cuatro frentes. El primero está relacionado con el ámbito internacional. La adopción de estándares mundiales en estas materias, al igual que el intercambio de información y la cooperación internacional, se torna fundamental. El segundo tiene que ver con el fortalecimiento y la articulación del aparato institucional de la justicia logrando una adecuad coordinación incluso dentro de sus mismas estructuras, para el eficaz desempeño de las labores de judicialización. El tercer frente está relacionado con la articulación entre los sectores público y privado. Es preciso actuar bajo la premisa de que los culpables, y a quienes se debe perseguir, son los delincuentes, no las entidades financieras, el sector real que actúa en el marco de la legalidad, o el mismo gobierno. La manera más efectiva para combatir estos flagelos debe estar enmarcada en el trabajo conjunto, con todos los que combaten la delincuencia situados en la misma orilla.

El último frente es la transformación de enfoque en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Hasta la fecha, la visión estaba basada en el cumplimiento; hacia adelante debe fundamentarse en riesgos. Por ello, la mayoría de países deberá reorientar sus políticas y adaptarse a esta nueva perspectiva. Es imperativo promover mayor sensibilización y regulación específica y particular sobre aquellas actividades que se identifiquen como posibles focos para el lavado de activos o la financiación de terrorismo. Resulta imperioso que estas reglamentaciones contemplen disposiciones sancionatorias y no solo recomendaciones.

 

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