Septiembre 2011

La crisis internacional que inició en 2007 puso en evidencia nuevamente la existencia de debilidades en el sistema financiero. Esta crisis, la mayor desde la Gran Depresión, activó alertas en los diferentes sectores, que vieron con preocupación cómo colapsaban instituciones financieras, mercados y empresas, poniendo en peligro años de avance en la lucha contra la pobreza. Según entidades como el Banco Mundial y la OIT, como consecuencia de la crisis se calcula que entre 18 y 30 millones de mujeres y hombres podrían haberse sumado a las filas del desempleo mundial y que más de 60 millones de personas podrían haber caído en la extrema pobreza.

Los analistas sugieren que entre las causas que desencadenaron la recesión económica aún latente, se encuentran limitaciones en los ámbitos de la regulación y de la supervisión prudencial, así como cuestiones relacionadas con problemas de orden ético y con el deficiente gobierno corporativo de las entidades, esto es, con la manera como la junta directiva y la alta gerencia dirigieron las actividades y negocios. Los riesgos excesivos asumidos por las entidades evidenciaron que la junta directiva falló en su función de revisar y orientar la política de riesgos, ser transparentes y contar con una estrategia sostenible para el desarrollo del negocio.

Para el sector financiero, la relevancia del GC radica en que, dado el rol clave que cumplen las entidades en la coordinación y colocación de recursos y en el crecimiento de la economía, cualquier deficiencia en esta materia afecta directamente al mercado y al público en general. No es entonces un secreto que a raíz de la crisis la indignación de los ciudadanos ha ido en aumento. Especialmente en las sociedades de los países más avanzados, hasta ahora los más afectados, se han comenzado a escuchar claras exigencias que implican radicales reformas en los modelos de GC de las entidades y la necesidad de adoptar una visión de sostenibilidad para el negocio.

Estos llamados y la urgencia de encontrar soluciones que permitan evitar una situación como la evidenciada durante la crisis y que sigue afectando a millones de ciudadanos en el mundo entero, hace necesario revisar las lecciones aprendidas durante la crisis y tomar las medidas que permitan adoptar y fortalecer un marco de GC eficiente y acorde con las expectativas e intereses de los distintos grupos de interés.

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Transcurridos tres años después de la quiebra de Lehman Brothers, uno de los eventos más difíciles de la pasada crisis financiera, todavía resulta complejo interpretar lo ocurrido a partir de ese entonces. Desde la crisis financiera de 2007, la economía estadounidense ha mostrado importantes contradicciones de tipo estructural. Nouriel Roubini señala que, en caso de presentarse una nueva recesión, la liquidez bancaria de Estados Unidos resultaría insuficiente. Algo similar pasa en Europa, en especial países como Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Allí, al lado del tema relacionado con el enorme déficit fiscal, está presente un elemento adicional, el relacionado con los procesos de integración adelantados desde hace más de cincuenta años.

Sin embargo, estas dificultades no han llegado a afectar a los países emergentes completamente. Mientras que en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y España las primas de riesgo se incrementaron en promedio 101 puntos básicos (pb), en los países reunidos por la sigla CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica), exceptuando a Egipto y Vietnam, las primas se redujeron en promedio 28 pb.

Tal y como están las cosas, nos enfrentamos a un mundo donde “el cambio” es la esencia y los “viejos paradigmas” están siendo revaluados. Es por eso que creemos que las oportunidades que brinda la coyuntura actual deben ser aprovechadas.

Es cierto que el mercado financiero colombiano es pequeño, poco profundo y con reducida liquidez. También es un hecho que Colombia está rezagado en temas de profundidad y desarrollo financiero. Sin embargo, se ha demostrado que el sistema financiero colombiano es transparente, organizado, cuenta con la tecnología requerida para el desarrollo de su actividad y su mayor valor agregado está en su goodwill, experiencia y profesionalismo. Es dentro de ese marco, que es posible afirmar que un mercado en proceso de desarrollo es un mercado que está, asimismo, en proceso de construir las bases sobre las cuales se estructurará el sistema hacia adelante.

Como quiera que el momento es propicio por el cambio de paradigma y que es posible sacar provecho de la experiencia de otros países, tal como de hecho viene ocurriendo con la innovación en los servicios bancarios y en intermediación financiera, lo que queda entonces por hacer es promover el mercado de valores. La obtención de grado de inversión del país no es producto del azar ni se obtuvo sin costo. Los capitales que están entrando, lo hacen para quedarse del mediano al largo plazo, por lo que resulta esencial facilitar su intermediación y uso, adicional a lograr que la fuerza que ha tomado Colombia en los mercados externos resulte perdurable.

Por eso que aprovechamos esta publicación para llamar la atención de todos los agentes involucrados al mercado de valores colombiano y apoyar la propuesta de la Bolsa de Valores de Colombia respecto del “Plan de Promoción”.

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Son innegables los beneficios que ha traído el desarrollo del microcrédito sobre la población de bajos ingresos en Colombia. Efecto que no solo reconoce el gobierno y los organismos internacionales especializados, sino también el Congreso de la República. En los últimos cuatro años el número de personas con microcrédito ha crecido 89%, al pasar de 629 mil en marzo de 2008 a 1,19 millones en marzo de 2011; la cartera presentó en ese mismo período crecimientos anuales promedio de 30%, y a junio de 2011 alcanza un saldo de $5,3 billones de pesos.

No obstante, están en discusión dos asuntos que centran la atención de la banca en este tema: de un lado, cursa un proyecto de ley que obligaría a las entidades financieras a colocar un porcentaje de su cartera en microcrédito; y de otro, la Superfinanciera está evaluando los beneficios en la flexibilización de la tasa de usura en esta modalidad.

En cuanto al proyecto de ley se concluye que no observa la dinámica, ni las características propias del microcrédito, además que pareciera desconocer lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. En contraposición, iniciativas como la flexibilización de la tasa de usura para microcrédito ha generado resultados altamente positivos: (i) incremento en el número de desembolsos, (ii) aumento de los saldos de cartera, (iii) vinculación de nuevos clientes al sistema financiero, (iv) manejo prudente de la tasa de interés por parte de las entidades financieras.

Por último, se dejan planteadas algunas de las condiciones que consideramos fundamentales para que el mercado desarrolle estas actividades de manera sostenible, tales como: (i) Asegurar una estabilidad normativa a la comisión mipyme y a la tasa de interés y eliminar la tasa de usura de una vez por todas, asumiendo el costo político que esta decisión conlleva, pero privilegiando la inclusión financiera; (ii) Dejar en total libertad a los establecimientos de crédito para que decidan si entran o no a este modelo de negocio especializado; (iii) Cumplir con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo en relación con: la revisión del régimen de garantías mobiliarias y no mobiliarias; la expedición de normas que favorezcan el poblamiento de las bases de datos de las centrales de riesgo de crédito con información positiva y negativa proveniente de todas las entidades que ofrecen algún tipo de servicio de crédito, como instituciones microfinancieras (IMF), cooperativas y empresas del sector real; y la generación de un entorno regulatorio y de supervisión que recoja las particularidades que las tecnologías especializadas de microcrédito utilizan como mitigantes del riesgo, en la medida en que éstas resulten efectivas.

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La falta de demanda en las economías industrializadas más grandes amenaza con conducirlas nuevamente a una recesión, que tarde o temprano contagiaría también a las economías emergentes y en desarrollo. Por eso se requiere que las posturas monetaria y fiscal en esas economías permanezcan relajadas. Sin embargo, el espacio para prolongar la laxitud es más estrecho y la tolerancia de los mercados mucho menor que antes de la recesión de 2007-2009. En esas condiciones, el impacto de otra ronda de estímulos será menos potente que el de la anterior. Es posible que se logre implementar una segunda ronda de estímulos globalmente coordinados, que mitigue el riesgo de una doble la recesión. Pero para que su impulso sea más prolongado, es menester reducir el valor de las deudas de los hogares y los gobiernos de esas economías. Las más pequeñas de la periferia europea seguramente podrán reestructurar de manera ordenada sus obligaciones. Sin embargo, la restructuración de las que son sistémicamente más importantes no parece fácil. Tampoco lo es llevar a cabo alivios de las deudas hipotecarias. Además, la implementación de estrategias inflacionarias para reducir el valor de las deudas no luce viable. Por tanto, lo más probable es que tengamos que ver una recuperación lenta, muy por debajo del crecimiento potencial y con un desempleo alto y persistente en las economías avanzadas, mientras tiene lugar el largo proceso de desapalancamiento que sigue a las crisis financieras originadas por desbordamientos de crédito, auges hipotecarios y estallidos de burbujas en los mercados de activos.

Afortunadamente Colombia luce menos vulnerable que en otras ocasiones a los choques externos. El crecimiento está cerca del potencial y parece sostenible, si las condiciones externas no se deterioran gravemente, porque está balanceado, tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta. Los desbalances macroeconómicos son menos profundos que en anteriores oportunidades y están financiados en mayor proporción por flujos externos más estables. La deuda pública tiene un menor riesgo cambiario y se ha alargado su perfil. El programa de consolidación tiene una senda creíble que hace sostenible la deuda. La liquidez y la solvencia externas son cómodas. Los regímenes monetario y cambiario permiten absorber de una manera flexible los choques externos. La tasa de cambio real está alineada con los fundamentales. La inflación es baja y estable y las expectativas inflacionarias están ancladas. Las autoridades cuentan con un marco sólido y con instrumentos más eficaces para implementar estrategias fiscales contracíclicas. No se han acumulado desbalances financieros protuberantes. Los auges en los mercados de activos se han moderado. El crédito se expande dinámicamente, pero de una manera sostenible. Además, el sistema financiero es sólido: está bien capitalizado y holgadamente provisionado. Sin embargo, las autoridades deben persistir en el tránsito de las posturas fiscal y monetaria a posiciones neutrales. Es deseable que la estrategia fiscal apoye en mayor medida el esfuerzo contra-cíclico, que en la coyuntura actual está recargado en la política monetaria. Solo procediendo de esta manera las autoridades podrán, mediante una mezcla de política mejor balanceada, abrir el espacio que se requerirá en el futuro para la implementación posterior de estrategias estimulantes. Mucho ayudaría a minimizar el impacto de los choques adversos sobre los mercados laboral y financiero, que se removiera definitivamente de ellos las distorsiones que persisten.

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