Desde finales de la década de los 90, las transferencias condicionadas de dinero se han convertido en uno de los principales instrumentos de política pública para la superación de la pobreza. En Colombia, el programa más importante en este género es Familias en Acción, que entrega un subsidio en dinero condicionado a la asistencia de los niños a la institución educativa y a controles de crecimiento y desarrollo.
En lo que tiene relación con el uso de servicios financieros, en 2009 se inicia la dispersión de los subsidios a través de cuentas de ahorro, donde se le deposita a la madre o cabeza de hogar el valor correspondiente a la transferencia condicionada. De acuerdo con cifras de Acción Social, a diciembre de 2010 al 90% de las familias beneficiarias se les entrega el subsidio a través del sistema financiero.
Ahora bien, al contrastar los resultados del Informe de inclusión financiera 2006- 2010 realizado por la Asobancaria y el número de beneficiarios bancarizados por el programa de Familias en Acción en ese periodo, se hace evidente el efecto significativo que tiene este componente frente a los indicadores nacionales, donde de los 4 millones de nuevas personas con cuenta de ahorro, 2,3 millones corresponde a las cuentas abiertas por cuenta del programa.
En el análisis por departamento es interesante observar el grado de incidencia que tiene Familias en Acción sobre el total de adultos bancarizados. En el caso de Córdoba, por citar solo un ejemplo, casi la mitad de la población que tiene cuenta de ahorro se explica porque recibe un subsidio del gobierno nacional. De conformidad con la información registrada, los cinco departamentos que tienen un mayor efecto del programa sobre la proporción de adultos con cuenta de ahorro son Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena y Chocó. Esto permite concluir que tanto para el gobierno como para la banca estas iniciativas son importantes y representan una ventana de oportunidad para introducir inclusión social y eficiencias en el manejo de los recursos públicos.
Hoy es posible afirmar que tanto el éxito del componente de bancarización del programa como la disposición del gobierno por involucrar el desarrollo de nuevas tecnologías como banca móvil, confirman que los avances en inclusión financiera son posibles si existe una decidida coordinación y sinergias entre el Gobierno y el sistema financiero.