abril 2011

La creación del Indicador Bancario de Referencia (IBR) nació de la necesidad de una tasa de corto plazo que reflejara adecuadamente las condiciones de oferta y demanda del mercado monetario y las decisiones de política monetaria del Banco de la República.

A pesar de que el IBR es un indicador todavía joven (cuenta con tres años y cuatro meses de funcionamiento), ha logrado atar a su evolución una gran cantidad de recursos. A marzo de 2011, se habían emitido $8.8 billones entre bonos corporativos y CDT. Durante este proceso fue evidente que las empresas emisoras comenzaron a indexar una importante porción de su deuda al IBR, dejando a un lado tasas de referencia tradicionales como el IPC y la DTF, lo cual generó que estos productos comenzaran a tomar mayor fuerza y se posicionarán como una nueva oportunidad de inversión.

Aún cuando su evolución en el mercado de deuda es admirable, la reciente creación de derivados a partir del IBR es aún más relevante. El Overnight Index Swap (OIS) es un swap de tasa de interés en la modalidad tasa fija/tasa flotante, siendo esta última el resultado de un indicador overnight compuesto, en nuestro caso el IBR overnight.

Este proyecto es una iniciativa de los propios agentes del mercado, que nació de la necesidad de buscar nuevos instrumentos financieros que se adecúen a las exigencias del negocio. Actualmente apenas está comenzando a tomar fuerza, no obstante, se espera lograr con éste lo que desde el principio se propuso con el IBR, esto es construir curvas de referencia que puedan servir como indicadores de valoración, cobertura y negociación de productos derivados.

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El cambio en la estrategia de crecimiento condujo al Gobierno Nacional a ejecutar una reducción arancelaria e implementar una “pequeña” reforma tributaria. Al mismo tiempo, el invierno lo llevó a tomar otras disposiciones de política fiscal, al amparo de la emergencia económica, social y ecológica. En conjunto, estas medidas minimizaron el impacto del mayor gasto en la promoción de los sectores líderes y del costo del invierno, sobre el balance fiscal, sin afectar la solvencia pública ni el riesgo soberano.

Sin embargo, para lograrlo se recurrió a la prolongación e incremento de unos impuestos distorsionantes –patrimonio y GMF– y a la eliminación de un beneficio en el impuesto de renta, que no solamente sustraerán una masa importante de recursos al gasto privado -COP 13 billones, equivalentes a 2,4% del PIB- en los próximos cuatro años, sino que además extenderán sus consecuencias adversas sobre la inversión, la bancarización y la profundización financiera.

Aunque tímida, la reforma arancelaria está bien encaminada. Reduce la protección y la dispersión arancelaria, elimina muchos casos de protección efectiva negativa, baja los costos y mejora la competitividad de la producción nacional. Sin embargo, mantiene el sesgo anti-exportador en el sector agropecuario y preserva una protección alta para los sectores “sensibles”.

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|La “inclusión financiera” abarca tanto la bancarización —entendida como el número de personas vinculadas al sistema financiero por el lado del ahorro o del crédito— como el acceso eficiente a sistemas y herramientas de pago.

La bancarización medida por la vía del pasivo, esto es por la vía de apertura de cuentas de ahorro, se ha facilitado en Colombia gracias a que la regulación ha venido aligerando los requisitos exigidos para su apertura.

Si nos referimos a la bancarización por la vía del activo, es un hecho que en el país el número de colombianos con acceso al crédito formal, continúa siendo reducido. Este resultado responde a la existencia de múltiples distorsiones que es preciso remover. Entre éstas se destaca, en primer lugar, la informalidad empresarial, tributaria y laboral, que aleja a las personas del acceso al crédito bancario. En segundo lugar, la tasas de usura, que excluyen del acceso al crédito formal a las poblaciones de menores recursos. En tercer lugar, las dificultades para conocer los hábitos de pago de los colombianos. Y por último, la escasa utilización de desarrollos tecnológicos en el otorgamiento de crédito, que se ajusten a los requerimientos propios de las microfinanzas. Todavía existe un amplio espacio para eliminar restricciones que obstaculizan la bancarización en el país por el lado del crédito.

La facilidad en el acceso a sistemas de pago eficientes, no ha estado en el radar de las políticas públicas, ni se ha incluido dentro de los objetivos de la bancarización. Colombia se acostumbró a transar en efectivo y dicha tendencia se acentuó con la introducción del gravamen a las transacciones financieras (GMF). Es desafortunado que, por cuenta de unos beneficios tributarios de corto plazo que obtiene el gobierno, no se desmonte un impuesto que en el largo plazo es altamente nocivo. Un instrumento de enorme utilidad como sustituto del efectivo en el logro de una mayor inclusión financiera es el dinero plástico. Este debería tener una mayor proyección en Colombia. La renuencia por parte del comercio a aceptar las tarjetas de pago y su preferencia por el efectivo deriva de la elevada informalidad tributaria existente en Colombia, en razón a que los pagos realizados con tarjeta de pago están sujetos al cobro de impuestos y retenciones en la fuente, que son fáciles de obviar cuando el pago se recibe en efectivo. Este problema solo se resuelve mediante una decidida política pública que promueva la formalización de los establecimientos de comercio, pero no por la vía de su penalización, sino por la vía de la creación de incentivos.

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El Bank for International Settlements (BIS) publicó en diciembre 2010 la versión definitiva de las modificaciones al acuerdo de Basilea. Algunos expertos consideran que este documento no significa que los anteriores tratados, Basilea I (1988) y II (2004), hayan muerto o que los reemplace, sino por el contrario se trata de un complemento a los estándares ya conocidos.

El acuerdo conocido como Basilea III (BIII) persigue tres objetivos, en primer lugar, incrementar la capacidad del sector bancario de absorber choques; en segundo lugar, mejorar la gestión de riesgos y el gobierno corporativo; y finalmente, introducir elementos macro-prudenciales en la regulación que ayuden a contener los riesgos sistémicos sobre la economía.

Para alcanzar estos objetivos, BIII plantea medidas en cuanto a capital y liquidez. Frente al primero, el Comité de Basilea busca aumentar la calidad y cantidad del capital regulatorio, así como mejorar la cobertura de los riesgos financieros y limitar el excesivo apalancamiento de las entidades. Con el tema de liquidez, se busca fortalecer las mejores prácticas en la administración de su riesgo, introduciendo coeficientes de medición y supervisión.

En Colombia los estándares regulatorios están ubicados en un intermedio entre Basilea I y II, es decir, en términos de medición y seguimiento, las normas locales están basadas en Basilea I con algunos elementos de BII, pero en términos de gobierno corporativo, administración y gestión de los riesgos la regulación está fundamentada en los pilares de Basilea II.

Sin embargo, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está Colombia de cumplir con los nuevos estándares de BIII? Todo parece indicar que bastante cerca. Luego de realizar un ejercicio de impacto aplicado al sector bancario colombiano, en el que con datos locales se replican los nuevos requerimientos de capital, liquidez y apalancamiento, se demuestra que localmente se cuenta con altos niveles de capital, de estructura simple y por lo tanto robusta. En apalancamiento, los resultados arrojan que la industria no se encuentra altamente apalanca, por lo que cuenta todavía con un margen de maniobra para alcanzar el límite propuesto. Por último, en liquidez los resultados no son tan alentadores, la mayoría de las entidades solo alcanza a cubrir en promedio el 50% de las salidas de su flujo de caja, por lo que no estarían completamente preparadas para hacer frente a un periodo de estrés financiero.

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