El desempleo y la informalidad son dos de los principales obstáculos que la economía colombiana enfrenta para acelerar el crecimiento, reducir la pobreza y mejorar la equidad. Por eso, con el doble propósito de incentivar la creación de empresas formales y estimular la demanda de trabajo formal, el Gobierno Nacional propuso y el Congreso de la República aprobó la Ley de Formalización y Generación de Empleo.
La ley creó, por un lado, una serie de descuentos temporales para las pequeñas empresas nuevas sobre el impuesto de renta y las contribuciones sobre la nómina que deberán pagar. Y por otro lado, estableció la posibilidad para que los empleadores deduzcan del impuesto de renta, también temporalmente, las contribuciones correspondientes a los nuevos empleados, que reúnan ciertas características de edad, género y condición social. La Ley también procura ampliar el acceso al crédito formal para las empresas informales y fortalecer la formación técnica y gerencial de sus propietarios. Además, simplificó algunos trámites para facilitar la formalización. Y finalmente, creó un sistema nacional de información sobre la demanda laboral.
El diagnóstico del GN nacional es acertado, los cambios propuestos van en la dirección correcta y los incentivos tratan de atacar el origen de la informalidad y de la alta tasa de desempleo natural. Sin embargo, la temporalidad de los incentivos y su baja cobertura no remueven significativa y definitivamente las causas fundamentales en ninguno de los dos casos. Además, en el caso de la promoción del empleo, sin desconocer que intenta concentrase en las personas más jóvenes, vulnerables y socialmente excluidas, el otorgamiento de ventajas tributarias sobre los gastos que ocasionarían los trabajadores nuevos con esas características, es discriminatorio en contra de los que no las tienen. En caso extremo, podría alterar la composición de la demanda adicional de trabajo, dificultando la obtención de empleo al resto de los desempleados.
Por estas razones, las soluciones propuestas lucen tímidas respecto de la magnitud de los fenómenos que pretenden reducir. Las autoridades hubieran podido optar por otras medidas más estructurales, pero tal vez políticamente más costosas, como remover las rigideces del mercado laboral colombiano, fondear adecuadamente el gasto social y eliminar las trabas que impiden ampliar el acceso al crédito para los empresarios informales. Sin este tipo de estrategias es más difícil reducir las tasas de informalidad y desempleo natural, e incrementar más rápido la tasa de crecimiento potencial.
