julio 2010

Durante años recientes muchos países han establecido sistemas formales de seguro de depósito. Aunque el seguro de depósito constituye un concepto claro, en la práctica sus esquemas de funcionamiento son relativamente complejos. En la mayoría de los casos, un esquema de seguro se considera como un suplemento de otras medidas oficiales destinadas a proteger a los depositantes bancarios.

La crisis financiera internacional dejó ver algunas grietas en el funcionamiento del depósito en Estados Unidos y ante la inminencia y gravedad de los hechos se desdibujó un poco su protagonismo. En Colombia se podría decir que la tarea se ha cumplido a cabalidad. Con la crisis de los ochenta se creó Fogafín. Luego en la crisis de los noventa, se puso a prueba su papel y lo cumplió sobresalientemente.

Los cambios regulatorios que se han empezado a enunciar a nivel internacional, dejan entrever los diferentes esquemas bajo los cuales se pueden concebir este tipo de instituciones, en especial, en temas como el papel del estado y las instituciones privadas, los niveles de cobertura que se ofrece a los depositantes, la intervención en instituciones que entran en procesos concursales (quiebra), y demás mecanismos que permitirán asegurar la estabilidad del sistema financiero.

Bajo estos fundamentos, la creación y funcionamiento de un esquema de protección que garantice al depositante la recuperación de sus depósitos, ha demostrado ser un instrumento que contribuye a la salud del sistema financiero, así como al mejoramiento de la confianza pública en éste. La eficacia de los esquemas de seguro para reducir el riesgo sistémico se acrecienta si el público está bien informado acerca de su existencia y sus alcances.

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En Colombia la inflación tradicionalmente ha sido alta y estable. Solo en los últimos años se ha logrado bajarla a los estándares mundiales. Una economía con alta inflación es estructuralmente muy distinta de otra con baja. Una inflación persistentemente baja, estable y predecible contribuye a generar un entorno favorable para un crecimiento alto y un desempleo bajo.

La evolución de la inflación ha seguido, naturalmente, las tendencias de los agregados monetarios, pero también, de manera quizás menos evidente, las tendencias de la inflación mundial.

La reducción de la inflación en la última década ha sido el producto de un mejor marco institucional para la política monetaria, unos mejores principios para la conducción de esta política, y un entorno internacional favorable. También hubo eventos económicos traumáticos, como la recesión de 1999, que dejaron sus lecciones en materia de política monetaria. A nuestro juicio, la independencia del Banco de la República, la conducción de la política monetaria bajo el criterio de la inflación objetivo y la tasa de cambio flexible son los pilares sobre los cuales hoy se sostiene una baja inflación.

La reducción de la inflación colombiana es un logro notable de la política monetaria, que favorece el regreso de la economía a la producción potencial y del desempleo a una tasa natural, no inflacionaria, más baja. Nuestra economía se encuentra ad portas de disfrutar los beneficios de una inflación baja, estable y predecible, que genera un entorno favorable para la profundización financiera, el crecimiento, la generación de empleo y el bienestar de la población.

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La creciente importancia que tiene el mercado de derivados se debe principalmente a su capacidad de ofrecer diferentes alternativas de inversión y de cobertura, con el fin de mitigar los riesgos y mejorar la estructura de ganancias de las partes involucradas. Así mismo, el desarrollo y posterior mejoría en los estándares regulatorios y de supervisión, han permitido establecer un marco legal que asegura la estabilidad y transparencia del mismo.

En los mercados internacionales, el volumen de derivados negociados en sistemas over the counter (OTC) aumentó 12%, mientras que a través de sistemas estandarizados creció 27%.

Por su parte, Colombia pasó de negociar COP 0,1 billones a COP 3,4 billones, con una destacada participación de los futuros sobre títulos de deuda pública interna. Aunque la evolución del mercado de derivados local ha sido positiva, durante los últimos dos años, su volumen de negociación y número de operaciones es marginal en comparación con los mercados internacionales.

Parte del éxito de este mercado ha estado en la correcta administración de los riesgos inherentes a sus operaciones, especialmente, en cuanto a riesgo de crédito se refiere. Experiencias internacionales exitosas en la promoción de este mercado, destacan el uso de diferentes instrumentos de mitigación de riesgo de crédito para estas operaciones. Sin embargo, en Colombia faltan mecanismos para mejorar la gestión del riesgo, debido a que las instrucciones dictadas por las normas actuales generan incertidumbre legal tanto en los agentes locales como en los internacionales.

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A raíz de la crisis financiera internacional que se desató en 2007, tanto Estados Unidos como Europa avanzan en la discusión de las reformas del régimen regulatorio que se requieren para evitar que eventos como los ocurridos se repitan. Mientras que en Europa la discusión ha sido más técnica y se ha dado al interior del Comité de Basilea para la Regulación Bancaria hospedado por el Bank of International Settlements (BIS), en Estados Unidos es el Congreso el que estudia la propuesta planteada por el equipo de la administración Obama, lo que le da a la discusión un cariz más político.

Mientras que las propuestas de la Reforma Financiera estadounidense son macroprudenciales tocando temas como la estructura del sistema financiero, el riesgo sistémico y el riesgo moral, las de Basilea son microprudenciales, tratando temas propios de la administración de las entidades, como son la calidad, consistencia y transparencia del capital; la cobertura de riesgo; y la reducción de la prociclicidad, promoviendo amortiguadores contracíclicos.

Mientras que la administración Obama ha tratado desde julio de 2009 pasar un texto de reforma financiera para aprobación del Congreso estadounidense, el BIS comenzó su trabajo de reforma en septiembre de 2009, y lo publicó para comentarios en diciembre del mismo año. En cualquiera de los dos casos se espera que a final de 2010 y comienzos de 2011 sean oficiales los dos grandes proyectos de reforma financiera.

Las decisiones que se tomen en uno y otro foro seguramente influenciarán la orientación de la regulación y la supervisión en Colombia, y por lo tanto es importante seguirlas.

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La principal falla del crecimiento económico de Colombia en el largo plazo es la escasa contribución de la productividad de sus factores. Esta no aumenta sostenidamente, de modo que no acelera la expansión de la producción ni mejora sustancialmente la competitividad de la oferta de bienes y de servicios. El gasto en investigación y desarrollo es ínfimo y, por tanto, no genera procesos dinámicos de innovación ni progreso tecnológico. Las tasas de ahorro y de inversión son bajas. En consecuencia, los mercados financieros domésticos son poco profundos. Además, la regulación y supervisión financieras tienden a ser represivas: frenan la innovación, obstaculizan la bancarización, impiden la competencia y, en suma, limitan la profundización. Aunque es el resultado de un proceso de decisión democrático, el tamaño del estado es muy grande. Al mismo tiempo, el sector público no genera ahorro, invierte poco y su gasto improductivo desplaza el gasto privado. En estas condiciones, la economía debe complementar la escasez de ahorro doméstico con inversión extranjera. Sin embargo, el régimen cambiario no es amigable con ella. Paralelamente, la economía no se ha integrado con éxito al resto del mundo. La infraestructura, sobre todo vial, está rezagada. Genera sobre costos que lesionan la competitividad de la producción nacional. En general, aunque ha mejorado durante la última década, el entorno institucional frena el crecimiento, porque arrastra pesados lastres: hay inseguridad jurídica, tramitomanía, impunidad, violencia, irrespeto de contratos y no se acatan plenamente los derechos de propiedad.

Hacia adelante, por tanto, los retos que tenemos como sociedad para dinamizar el crecimiento, acelerar el desarrollo y combatir la pobreza son múltiples. Entre ellos, hay uno que resulta fundamental: aumentar sostenidamente la productividad de nuestros factores de producción.

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